Intentos de silenciar la libertad de prensa y de expresión
Tanto en la Argentina como en la región, es necesario poner fin a cualquier amenaza o insinuación contra un derecho fundamental e inalienable
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Hace pocos días, desde esta columna hacíamos referencia a que el régimen autoritario de Vladimir Putin había provocado una fuerte y contundente reacción a favor de la libertad de prensa por parte de la sociedad civil a raíz de la artera persecución contra el bien reputado periodista de investigación Ivan Golounov, a quien finalmente se le levantaron los absurdos cargos que tenía en contra.
Lamentablemente, las violaciones de la libertad de expresión no siempre concluyen, como en el caso ruso, poniendo las cosas en su justo lugar. Por el contrario, en el mundo son numerosísimos los casos en que uno de los pilares de la democracia es amenazado y violentado. Así, por ejemplo, en China, medios de comunicación como CNN, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, The Washington Post y The Guardian, entre otros, están restringidos y sus sitios web, bloqueados en todo su territorio.
También en Venezuela la prensa independiente se encuentra amordazada. De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), hasta la primera semana de marzo se reportaron unas 155 violaciones y ataques contra la prensa y 37 periodistas fueron detenidos arbitrariamente por parte de funcionarios del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La última forma de censura lanzada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha sido prohibir mencionar a Maduro como usurpador o a Juan Guaidó como presidente interino en las radios y televisoras, tanto públicas como privadas, bajo la amenaza de cierre al que transgreda las directivas oficiales.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que la Constitución de Cuba, que entró en vigor el 10 de abril, profundizara las limitaciones de las libertades de expresión y de prensa y los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. La organización también coincidió con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el deterioro de los derechos humanos y la libertad de prensa en la nación caribeña y sostuvo que tanto la Constitución como la ley mordaza (ley 88) y el Código Penal siguen siendo instrumentos que permiten al régimen censurar la libertad de expresión, limitar el derecho de manifestarse y restringir la actividad del periodismo independiente.
En los Estados Unidos, la libertad de prensa, caracterizada como vigorosa y libre, ha enfrentado grandes obstáculos sobre todo desde que Donald Trump fue elegido presidente. Basta recordar, por citar solo algunas, sus críticas a The Washington Post, a la cadena de noticias CNN y al prestigioso The New York Times, al que calificó como el verdadero enemigo del pueblo. Sus dichos referidos a que la prensa está totalmente fuera de control hablan por sí solos.
El gobierno de Nicaragua tampoco ha sido ajeno a la tentación de acallar a la prensa. Según un informe de Human Rights Watch (HRW), "el gobierno ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y veedores internacionales de derechos humanos".
En nuestro país, más allá del clima de respeto por la libertad de prensa y de expresión que hoy se respira tras los ataques al periodismo independiente ocurridos en los 12 años de gestión kirchnerista, no puede dejar de advertirse sobre ciertos peligros. La reciente manifestación de Dady Brieva, el conocido integrante del grupo cómico Los Midachi, volvió a encender las alarmas. El humorista reclamó la creación de una "Conadep del periodismo" que señale a los periodistas que, a su entender, merecerían ser enjuiciados y condenados. "Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado", ahondó el actor, para luego agregar: "Cierto periodismo armó todo eso, tramó todo eso". Nada más repudiable que la propuesta en cuestión, que pretende comparar las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura, recopiladas por la histórica Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con el valioso trabajo de los profesionales de prensa durante los últimos años, que ha sido vital para el hallazgo de graves episodios de corrupción en el sector público que hoy están en manos de la Justicia.
No puede menos que preocupar que un reconocido periodista de investigación, como Daniel Santoro, actual editor de temas judiciales del diario Clarín, haya sido citado a indagatoria por parte del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga denuncias sobre extorsión y espionaje ilegal contra el falso abogado Marcelo D'Alessio. Como lo han sostenido prestigiosas entidades, como la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), los periodistas nunca pueden ser confundidos con sus fuentes, como tampoco una entrevista puede ser entendida como un acto criminal. Convalidar la pretensión de considerar a los periodistas como responsables de delitos en los cuales puedan estar involucradas algunas de sus fuentes informativas constituiría un peligroso precedente que no solo comprometería el secreto profesional de los hombres de prensa, sino también al propio periodismo de investigación y su trabajo profesional, que ha permitido llevar a conocimiento de la sociedad cuestiones de indudable interés público.
Una prensa independiente, activa, vigilante y crítica del ejercicio del poder político es la mejor garantía para impedir que quienes lo ejerzan incurran en excesos o abusos. Las restricciones a la libertad de expresión dispuestas por los regímenes autoritarios buscan disciplinar lo que no controlan.
Por consiguiente, resulta necesario poner fin a las insinuaciones, a las amenazas y toda otra forma o método que restrinja esta garantía de raigambre constitucional, ya que la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
