Interés colectivo y límites
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LA NACION
Celebramos que la inmensa mayoría de la sociedad argentina venga respetando la indicación de permanecer en los hogares para contribuir a impedir la propagación del virus. Sin embargo, venimos asistiendo a algunos actos irresponsables de una porción de la ciudadanía. Cabe lamentar que todavía haya quienes no comprenden la importancia y la necesidad de sumarse al esfuerzo del resto de la población respetando la cuarentena para evitar los contagios masivos.
Las sociedades se basan en acuerdos y en el respeto de determinadas reglas. Y las normas deben ser honradas en una democracia, donde se entiende que el interés general está por sobre el particular. De allí que todos debamos respetar los límites.
Los casos de desobediencia se repiten y eso no atenúa la indignación que provocan en la gran mayoría de la población. Ya sea porque alguien ingresó en un medio de transporte público sabiendo que tenía los síntomas del coronavirus o que, peor aun, había dado positivo a un test para detectarlo. O porque, como ocurrió con un turista argentino proveniente de Brasil, minutos después de que la Gendarmería Nacional lo escoltara hasta la puerta de su casa, decidió pasar la cuarentena en otro domicilio. También están aquellos que cuestionaron públicamente esta medida de aislamiento, con lo que propiciaron comportamientos irresponsables por parte de quienes tienen oídos sensibles ante llamados al desorden.
En la misma línea se encuentran los abusos policiales, felizmente aislados, como los que se registraron recientemente en La Matanza por parte de efectivos de la policía bonaerense. Así como se valora a aquellos uniformados que cada día ponen en riesgo su vida para velar por la seguridad del conjunto, igual de enérgico debe ser el rechazo hacia quienes malinterpretan sus funciones y atribuciones, llevando más allá de los límites establecidos su poder coercitivo. Por eso, es saludable la reacción de la institución policial de haber separado a los agentes que incitaron la inconducta.
Si algo trae consigo la situación de la pandemia es que nos pone a todos, sin importar qué papel cumplamos en esta sociedad, ante un escenario completamente desconocido, que nos obliga a pensar desde un lugar distinto. Y, al mismo tiempo, nos urge a respetar las normas, pues fueron pensadas para mantenernos a todos a salvo. Por eso, es de esperar que aquellos que pretendan incumplir las nuevas normas considerándose impunes e inmunes sean debidamente penalizados, tal como lo establece la legislación, por poner en riesgo a toda la sociedad. Hay sanciones que van de los 10.000 a los 80.000 pesos y que deben ser de estricto cumplimiento a fin de volverse ejemplares y disuasivas para quienes no entiendan la importancia de sumarse al esfuerzo común.
No existe aún una vacuna contra el virus y nadie se halla exento del peligro, por más que íntimamente tenga la certeza de que no habrá de contagiarse, pues este mal no discrimina entre segmentos sociales ni entre niveles culturales, laborales o económicos de sus víctimas. No existe otra garantía de inmunidad más que acatar lo que señalan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los especialistas en la materia en función de la dolorosa experiencia de las primeras naciones que sufrieron este flagelo: el aislamiento evita el contagio y quien no lo acata pone en peligro al resto. Hoy es deber de cada uno, y por lo tanto de la sociedad, respetar las normas.
¿Nos convencerá la pandemia, de una vez por todas, de que los límites son positivos y constructivos? Es de esperar que así sea y que la actual emergencia sea una oportunidad para consolidar la solidaridad y la unión entre nosotros.
LA NACION
