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Intrusos en espacios públicos
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Una jueza en lo contencioso administrativo le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que les garantice condiciones dignas de habitabilidad a unas 500 familias que ocuparon una porción de la Reserva Ecológica y Parque Nacional de la Costanera Sur, dando lugar a la llamada villa Rodrigo Bueno. Según la insólita medida cautelar, las autoridades porteñas deberán encargarse de "la limpieza integral de las calles internas y periféricas, de la remoción y recolección de residuos, de su desratización y de asegurar la provisión de agua potable y luz eléctrica".
La determinación judicial se produjo tras un recurso de amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para demandar la pronta "urbanización" de la citada villa de emergencia, obviando que se trata de un paseo público ocupado ilegalmente y mundialmente conocido por ser albergue -a poco más de diez cuadras de la zona céntrica- de tan numerosas como valiosas especies animales y vegetales.
El cuidado de los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires compete naturalmente al gobierno local y su costo es sufragado por los vecinos, con parte del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, además de otras tasas y contribuciones.
Los parques públicos no sólo están destinados a servirle de pulmón verde a la ciudad, sino a proveer una cuota de solaz espiritual y visual a quienes habitan la megalópolis, cada vez más enajenada y enajenante. En este sentido la falta de autoridad y atención para cuidar algunos espacios verdes lleva a ver fracasado este propósito y, en cambio, obligarnos a presenciar montañas de basura, colchones que cuelgan de antiquísimos gomeros, ropa secándose al sol y restos de cartones. Los ocupantes de la noche a menudo no son civilizados ni de noche ni de día y se dedican a destruir cuanta plaza eligen para asentarse.
Otros espacios sufren la ocupación semipermanente o permanente con destino de vivienda; se trata de la simple ocupación por inacción. Son los casos de quienes creen que, instalándose en un espacio público, adquieren con el tiempo el derecho a permanecer en él para siempre.
La subsistencia del asentamiento en la Reserva Ecológica ha sobrepasado todos los límites, ante una prolongada desidia de las autoridades, que sólo en fecha reciente comenzaron a preocuparse por recuperar ese espacio público. Sus ocupantes hoy rechazan las ofertas de préstamos y subsidios que les propone el gobierno local con el propósito de acordar un desalojo pacífico, alegando insólitamente "derechos adquiridos".
Asimismo, se instalaron casillas precarias en los bosques de Palermo, detrás del Hipódromo Argentino, entre las vías del ferrocarril y la avenida Figueroa Alcorta. Esta clase de irregularidades, con intermitencias nunca demasiado prolongadas, suele ser reiterada detrás de la Facultad de Derecho y de la Ciudad Universitaria.
Los abusos han llegado a tal extremo que, hasta no hace mucho tiempo, podía ser visto un improvisado albergue levantado en un mínimo retazo de césped de la avenida 9 de Julio, bajo la rampa de acceso a la autopista 25 de Mayo que se encuentra en la avenida San Juan y Lima, por citar algunos de los casos más notorios, pues la ciudad está cada vez peor en este sentido.
No faltan quienes, bajo la fachada de intervenciones humanitarias, pretenden sacar provechosa y oportunista tajada política de estas situaciones irregulares.
Las villas de emergencia -o "villas miseria", como se las llama comúnmente- constituyen uno de los mayores problemas de las urbes modernas. Resulta, entonces, inconcebible que se las deje seguir creciendo mediante el simple expediente de no hacer nada. Rara vez se advierten soluciones alternativas ni obstáculos para la instalación inicial; en cambio, sobran los lamentos frente al problema consumado.
Es evidente que faltan planes sociales de vivienda, que no hay espacios públicos especialmente destinados a ir creando barrios a precios módicos y de fomento, al tiempo que no se genera una cultura de respeto por el espacio ajeno, público y privado.
El acceso a la vivienda digna es una de las más respetables aspiraciones del ser humano y un derecho con protección constitucional. Pero el hecho de que deba protegérselo no justifica la comisión de actos ilícitos como las usurpaciones y las intrusiones que algunos pretenden defender en forma tan peregrina. No puede haber derechos adquiridos fundados en la violación de derechos ajenos. Ni hablar de la protección de punteros políticos, que canjean la promesa oficial de hacer la "vista gorda" ante las irregularidades por votos de los ocupantes.
Es hora de que las autoridades de la ciudad cumplan con su deber y, a la vez que emprendan la construcción y financiación de barrios en condiciones dignas, se apliquen con firmeza a proteger la ciudad que los porteños les hemos encomendado cuidar. Sin confundir firmeza con atropello, pero con la convicción de que los límites son necesarios y de que sin defensa de la propiedad y el espacio ajenos, el caos social deviene inevitable y la ciudad que deseamos se desmerece día tras día. Del mismo modo, es de esperar que la Justicia deje de sentar gravísimos precedentes para el orden público, al convalidar ocupaciones absolutamente ilegales que alientan la repetición de estas acciones en que un sector de la sociedad se apodera de la propiedad de todos.
