Italia, un ejemplo para imitar

Se impone que la Argentina tome nota de los ajustes que realizan otros países sobre los abultados y desproporcionados costos parlamentarios

Con un gasto público desbordado, una presión fiscal insoportable y una economía en caída libre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) acaba de exhortar al Congreso a que, conforme sus atribuciones, actualice la cantidad de bancas por cada distrito en la Cámara de Diputados, según dispone el artículo 45 de la Constitución nacional. Lo hizo al revocar una sentencia que rechazó el planteo del Partido Vecinal de Córdoba a partir del cual se impulsó un amparo contra el Estado para reasignar la cantidad de diputados por provincia.

Si se efectiviza el fallo de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, del 8 de septiembre, Buenos Aires pasaría de tener 70 diputados a 100, mientras que Córdoba (18) y Santa Fe (19), por ejemplo, tendrían 24 bancas cada una, todo esto en función de los datos censales de 2010 y no los de 1980. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires (25) tendría siete bancas menos.

Si bien la Constitución nacional precisa que la cantidad de bancas que le corresponden a cada distrito deben actualizarse según los resultados de cada censo, pudiendo aumentar pero no disminuir, no parece que sea este el mejor momento para superar 37 años de demoras. La medida resulta tan inconveniente y contraria al sentido común como la de pretender instaurar una reforma judicial que anticipa la creación de 1739 nuevos cargos, incluidos jueces, camaristas, fiscales, secretarios y empleados, y que demandará una partida presupuestaria de más de 10.000 millones de pesos, según calculan sectores de la oposición. Si consideramos que, a valores de fines de 2019, según reportó Fundación Libertad, el gasto de mantener un legislador rondaba los 3 millones de pesos mensuales, podemos cuantificar la magnitud del dispendio. A las dietas se suman los llamados gastos de representación, el plus por desarraigo para quienes viven a más de 100 kilómetros de la Capital y una suma extra en concepto de movilidad, todo esto sin considerar la cantidad de asesores que cada legislador contrata. A noviembre de 2019, último dato disponible en la web, la suma bruta rondaba los 220 mil pesos por diputado.

Una expresión de la preocupación ciudadana sobre los sobrecostos del Congreso acaba de cristalizarse en una petición para que se reduzca el numero de empleados por cada senador y diputado de la Nación, lanzada por la plataforma www.change.org y que ya superó las 12.000 firmas.

En 2016, estos mismos camaristas habían enfatizado la necesidad de que la proporcionalidad y la representatividad quedaran garantizadas, al señalar una deuda en el tratamiento de esta cuestión que vuelve a resultar por demás irrazonable en estos momentos.

En este tema, cabe destacar un ejemplo reciente registrado en Italia. Con una alta participación, el 70% de quienes votaron en un referéndum se pronunció por la aprobación de una norma que reduce notablemente el número de parlamentarios en ambas cámaras. De 695, pasará a operar con 400 diputados y 200 senadores. Los cambios procuran mejorar la eficiencia y reducir costos, y son considerados el punto de inicio para otras reformas estructurales.

Con una población que supera los 60 millones, a partir de las próximas elecciones Italia pasará entonces a tener un diputado por cada 151.210 habitantes, y un senador por cada 302.420. Su Parlamento será proporcionalmente el más reducido entre los grandes países de Europa. Hoy, Francia cuenta con 925 parlamentarios para 67 millones de habitantes; el Reino Unido, con 1426 legisladores para 66 millones de habitantes; España, con 615 para 47 millones de habitantes, y Alemania, con 778, para 82 millones de habitantes.

Ante el nuevo planteo de la CNE, habrá que ver qué decisión toma el Gobierno al respecto. Las urgencias de todo tipo que ha disparado la pandemia, sumadas a las coyunturales que se han visto seriamente agravadas, aconsejan no distraer recursos ni energías en cuestiones que pueden y deben postergarse. Es de desear que así lo entienda también el oficialismo, hasta acá visiblemente dispuesto a instalar debates y conflictos que la razonabilidad aconsejaría dejar para mejor momento. Bajar los gastos debería ser la consigna, impulsando las postergadas reformas estructurales, poniendo al Estado al servicio de la sociedad y ajustando sin demoras el improductivo y vergonzoso costo de la política, devoradora de la riqueza que genera el sector privado, y que debería ser la primera en dar el ejemplo.