¿Jardín de la República?

Para que Alperovich pueda aspirar a eternizarse en Tucumán se recurrió a maniobras tan inauditas como ilegales
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27 de agosto de 2011  

El gobernador tucumano, José Alperovich, consiguió su objetivo y mañana competirá por gobernar a la provincia durante 12 años consecutivos. Y si consigue una importante cantidad de votos, desde la primera línea del Poder Ejecutivo hacia abajo amagan con otra reforma constitucional para habilitar más mandatos. El desequilibrio

republicano ha terminado gestando una democracia torcida.

Que las normas no estén para ser cumplidas sino para ser modificadas ha sido un signo de esta gestión, como de otras en las que el caudillismo y el personalismo exacerbado se han convertido en una característica central.

Las idas y venidas de la gestión de Alperovich fueron recurrentes. Mediante una ley, fueron puestos en venta inmuebles públicos que conforman el patrimonio arquitectónico provincial, pero después de protestas ciudadanas, se dio marcha atrás. Una semana antes de las elecciones de 2007, en las que consiguió la reelección, el gobernador decretó que la provincia pagaría una compensación a los jubilados transferidos que ganaran menos de 1500 pesos (21.000 sobre un total de 25.000 pasivos, por entonces) a fin de materializar el 82% móvil. Sólo cumplió por tres meses. Este año dio por cerradas las paritarias con la Policía, tras aseverar que la provincia ya no tenía dinero, para luego de un acuartelamiento volver a abrirlas. En 2009, hizo lo mismo con los trabajadores y profesionales de la salud pública, que mantuvieron tomados los hospitales durante meses. Lo mismo que en 2010 y que en 2011. Ya antes de asumir, consiguió que la anterior composición legislativa, semanas antes de que expirase el mandato, modificara el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. Antes, caducaban si no tenían tratamiento a los 20 días. Ahora, si los parlamentarios no los debaten en ese plazo, quedan firmes.

La erosión de la autoridad de la ley y del sistema republicano se explica porque Alperovich necesitaba dictarle una excepción al más republicano de los principios, que a la vez es cimiento de toda democracia liberal: aquel por el cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

Ese axioma no se aplica para el gobernador de Tucumán. Mañana, él (sólo él, y nadie más que él) será el único tucumano que tendrá la oportunidad de aspirar a la gobernación por un tercer período consecutivo. Y esto, a partir de una cláusula constitucional violatoria inclusive del sentido común, que dispuso que los mandatos en ejercicio en el momento de la reforma constitucional no se contarían. La nueva carta magna tucumana estableció sólo la posibilidad de una reelección consecutiva, pero le confirió a Alperovich un derecho especialísimo –un inaudito privilegio, en rigor– a un tercer mandato consecutivo, al considerar su segundo período gubernamental (2007-2011) como el primero. Así, contra toda lógica, su eventual tercer mandato sería considerado el segundo.

La Convención Constituyente de 2006 no estaba habilitada por la ley que limita la reforma parcial a crear, suprimir o modificar privilegios constitucionales, por lo cual fue necesario el apoyo de la Justicia tucumana al proyecto de eternización alperovichista.

La re-reelección de Alperovich fue objetada judicialmente por un puñado de opositores, quienes en 2009 plantearon su inconstitucionalidad por considerarla violatoria del principio de igualdad. Pero la Corte Suprema de Justicia provincial, en un insólito per saltum, desestimó el planteo 72 horas antes de que venciera el plazo para la inscripción de las candidaturas. El fallo no fue dictado por la Corte en pleno (son cinco sus miembros), sino por una de sus salas (con tres integrantes), e ignora por completo la jurisprudencia de la propia Corte tucumana, que en dos sentencias anteriores declaró la nulidad de numerosos institutos de la Constitución de 2006 por exceder los límites de la ley que limitó la reforma (casos "Colegio de Abogados" y "Batcon SRL").

El contexto de las elecciones se completa con un cuadro propio de las provincias del noroeste argentino: Estado millonario, pobreza masiva, populismo aceitado, clientelismo caliente y oposición fragmentada. Y una Junta Electoral de tres miembros, de los cuales un vocal es el presidente de la Corte y ex funcionario del gobernador y otra vocal es una legisladora casada con un candidato a legislador del alperovichismo. Toda una garantía...

Tucumán podría dejar así su histórico sobrenombre de jardín de la República para asumir su presente realidad de desierto de la anomia.

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