Jueces sin vergüenza
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Bárbara Yamila Cantero fue detenida en 2022 junto con otras 12 personas por la División Antidrogas de la Policía Federal como integrante de una red que vendía estupefacientes digitada desde una prisión. Se comprobó que era quien operaba en las calles llevando adelante las instrucciones dadas por su padre, Ariel “el Viejo” Cantero, desde el penal de Piñero, donde también cumplen prisión sus hermanos Ariel y Alexis, asignada a la recaudación de las ganancias. Condenada en 2024 como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada, esta integrante del clan Los Monos, la organización narcocriminal más poderosa de Rosario fundada por su padre, cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Las mujeres de las familias de organizaciones dedicadas al narcomenudeo muchas veces son el nexo clave entre las cárceles, donde muchos jefes cumplen condena y, los territorios de venta, un patrón que se repite y que evidentemente no se logra desarticular.
La Justicia Federal de la ciudad de Rosario la autorizó a salir para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos en un shopping el 5 de agosto, una semana antes de que venciera el plazo de su condena. El juez de Cámara Otmar Paulucci le otorgó el permiso al considerar que la salida estaba “orientada a satisfacer el interés superior de los niños involucrados”, un auténtico disparate, ya que la madre y sus hijos compartían el hogar familiar.
El fiscal Tomás Malaponte había manifestado su rechazo interponiendo un recurso de reposición el 3 de agosto para que la medida quedara sin efecto. Argumentó, con razón, que el afianzamiento del vínculo familiar se encontraba ya plenamente garantizado en su lugar de residencia. Para entonces el juez ya había vuelto sobre sus pasos. Las partes -la defensa de Cantero y la Unidad de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes-, notificadas de esta medida, no hicieron su descargo. El juez terminó declarando “abstracta” la cuestión y ordenó la libertad de Cantero, cumplidos los cuatro años, en una resolución firmada el martes último.
Las repercusiones negativas respecto de la medida no tardaron en llegar y encendieron el debate público ante estos enojosos asuntos que se suman a casos como el de Cristina Kirchner o Elías Piccirillo. Al suspender la medida, el magistrado intentó explicar que no se trató de “una marcha atrás” por la notoriedad mediática alcanzada, sino por una cuestión procesal que, ante el cumplimiento de condena de Cantero, ya no tenía sentido.
No corresponde interpretar la prisión domiciliaria como una facultad discrecional de un magistrado sino como un derecho de la persona. Sin embargo, el beneficio no es automático y corresponde evaluarlo caso por caso. Una vez más, la cuestionable actuación de algunos magistrados de dudosa aptitud y honestidad vuelve a quedar en el foco.
