Juez Bento, histórica sentencia
En un sistema institucional sano no puede haber lugar para jueces corruptos ni complacientes con las mafias
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El otrora poderoso juez federal de Mendoza, Walter Bento, acaba de ser condenado a 18 años de prisión, con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 540 millones de pesos y el decomiso de sus bienes (8 inmuebles, 7 locales y 3 vehículos), más allá de que luego se vaya por el recupero de otros malhabidos. Esta pena es la más alta en la historia argentina por corrupción y se le aplica al exmagistrado tras de dos años y medio de juicio oral. Se lo encontró penalmente responsable de liderar una asociación ilícita entre 2007 y 2021 mediante la cual recibía sobornos a cambio de favores procesales por parte de contrabandistas y narcotraficantes; de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Designado en septiembre 2005 por Néstor Kirchner y destituido en 2023, deberá pasar casi tanto tiempo en prisión como el dedicado a ejercer la magistratura federal.
Un total de 17 personas más resultaron procesadas entre abogados, policías y particulares, incluidos la esposa de Bento y uno de sus hijos, que cumplían funciones en la justicia federal de Mendoza. Igual suerte corrieron diversos letrados, auxiliares del sistema de justicia: Luciano Edgardo Ortego, Jaime Andrés Alba, Leopoldo Antonio Martín Ríos, Alejandro Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez.
Este expediente penal, inicialmente a cargo del Juez Eduardo Puigdéngolas, fue resuelto con coraje y claridad conceptual por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, con la encomiable labor del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo entre otros de Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco.
El extendido entramado mafioso descubierto generó temor y desconfianza social en la justicia federal mendocina. Sin embargo, la protección de la que gozaba este nefasto personaje alimentó fundadas sospechas respecto del involucramiento de figuras de la Justicia Federal.
La opulencia del inescrupuloso Bento y parte de su familia conducían inevitablemente a casos penales en los que se lo sindicaba como jefe de una banda criminal.
En 2023 fue destituido como magistrado para que no pudiera invocar fueros. La Cámara federal de Mendoza -actuación que debe resaltarse- lo denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, inicio de un largo peregrinar, que dejó incluso en vilo el proceso, al borde de la caducidad, a los tres años. El entonces diputado nacional Pablo Tonelli elaboró un dictamen acusatorio que no pudo ser aprobado durante su gestión, pero que fue seguido posteriormente por la Comisión de Acusación.
En un trámite muy meritorio, fue aprobado y sometido al plenario, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horario Rosatti, y fue consensuado por la totalidad de los integrantes del Consejo, con una disidencia parcial del juez Alberto Lugones.
El Jurado de Enjuiciamiento de aquel momento, presidido por el representante de los magistrados, Javier Esteban de la Fuente, además de Javier Leal de Ibarra (vicepresidente), los senadores Pablo Bensusán y José María Torello, las diputadas Anahí Costa y Ana Clara Romero y el abogado Alfredo Enrique Barrau, y sostenida con convicción por Miguel Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes. Algunos memorables alegatos finales compendiaron un claro mensaje institucional: la sociedad no tolera más corrupción, menos aún la judicial.
La histórica sentencia judicial a favor de la desitución de Bento, fue votada de manera contundente: seis a uno. Cientos de testigos, documentales, informes y peritajes confirmaron que el vergonzoso magistrado debía ir preso, habilitando así la continuidad del proceso penal.
El tan nefasto como reiterado fenómeno de la corrupción judicial volvía a quedar en el centro de la escena como instrumento de las mafias para lograr su impunidad. Antes de Bento, Norberto Oyarbide renunció cuando la Comisión de Acusación del Consejo lo investigaba; Raúl Reynoso (de Orán) vinculado al narcotráfico, también interpuso su renuncia para evitar el jury que lo conduciría a prisión; Eduardo Freiler (otrora poderoso camarista de Comodoro PY) fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. Después de Bento, Marcelo Bailaque (juez federal de Rosario) renunció y quedó preso mientras era investigado también por entramados vinculados al narcotráfico y la criminalidad organizada; Gastón Salmain se encuentra actualmente sometido a un proceso de investigación que más temprano que tarde obligará a expedirse sobre su altamente cuestionable accionar en relación a hechos de corrupción.
A partir de la introducción del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 han sido acusados y destituidos 20 oprobiosos funcionarios judiciales, además de Bento, que nunca debió llegar a ser juez federal. Conviene no olvidarlos: Víctor Hermes Brusa, Luis Leiva, Mirta Torres Nieto, Roberto Murature, Roberto Marquevich, Rodolfo A. Herrera, Rodolfo Echazú, Néstor Narizano, Juan José Galeano, Juan José Mahdjoubian, Eduardo Fariz, Felipe Terán, Guillermo Tiscornia, José Antonio Sola Torino, Federico Faggionatto Márquez, Luis Miret, Otilio Roque Romano, Eduardo Freiler y Martín Poderti.
La criminalidad organizada tiene como objetivo penetrar el sistema de Justicia y sus órganos de control para debilitarlos y utilizarlos no solo para alcanzar impunidad sino, muchas veces también, como herramienta de persecución. En un sistema institucional sano no puede haber lugar para jueces corruptos ni complacientes con las mafias.
El sistema republicano y democrático sigue dando muestras de fortaleza ante casos como este, al confirmar que la corrupción judicial no será tolerada. Las ejemplares sentencias de destitución primero, y la penal después, suman valiosos ladrillos a la muralla de la Justicia, en pos de construir un sistema judicial honesto, eficiente y confiable al servicio de la República.
Tipo de trabajo:
opinión
