Justicia ideologizada, derechos conculcados
El trámite del juicio contra Carlos Pedro Blaquier es un ejemplo de las arbitrariedades cometidas en nombre de la venganza y el odio
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LA NACION
La causa iniciada contra Carlos Pedro Blaquier hace ya más de 13 años continúa plagada de inadmisibles arbitrariedades, en franca violación de todas las garantías del debido proceso, y ahora también del respeto a los derechos que custodian la integridad y salud de las personas ancianas o con discapacidad. La persecución judicial contra Blaquier, presidente de la compañía Ledesma, y Alberto Lemos, gerente general, no cesa, acusados de haber facilitado camionetas al régimen militar que gobernaba en 1976, a los supuestos fines de secuestrar personas en Jujuy, donde está radicado el Ingenio Ledesma.
Ambos fueron procesados por un juez subrogante de Jujuy bajo fuerte presión e intromisión del kirchnerismo y sus huestes, a tal punto que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, entre los numerosos nombramientos partidarios que efectuó, promovió para que actuara en dicha causa como fiscal subrogante a Pablo Miguel Pelazzo, un exabogado del CELS y militante de la agrupación Justicia Legítima, que había actuado en ese proceso como querellante. Su apartamiento se fundó en las irregularidades de su nombramiento y su actuación previa como acusador privado.
Por lo demás, ningún documento ni testigo pudo vincular el presunto préstamo de camionetas con la compañía ni mucho menos con Blaquier o Lemos.
Blaquier ya cumplió 95 años. Peritos de parte, peritos oficiales de la Corte e incluso peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostraron que se encuentra incapacitado para defenderse y afrontar un juicio, aquejado por una demencia que le impide discernimiento, lucidez y ubicación en espacio y tiempo. No obstante, la Cámara de Casación, con los votos a favor de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y de Guillermo Yacobucci en disidencia, frente a un pedido de la fiscalía, dispuso que la decisión de suspender el proceso era prematura y que debía hacerse un nuevo estudio médico. Entendieron que se vulneró una acordada de la Corte Suprema que establece que los estudios complementarios que puede aportar la persona peritada deben ser posteriores a la fecha de ingreso de la causa al cuerpo médico, desconociendo gravemente que así fue también en el referido caso. El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó un nuevo peritaje, por realizarse este mes. Con claro ánimo de entorpecer y prolongar indebidamente el proceso, la fiscalía había pedido que lo realizara la Universidad de Buenos Aires y no el cuerpo médico forense de la Corte, como en todas las causas penales. Acceder al pedido constituiría otro nuevo abuso e irregularidad.
En esta Argentina en la que el fiel de la Justicia se muestra descalibrado a fuerza de venganza, odio y revanchismo, son muchos los presos políticos que reclaman por sus derechos. Más de 760 militares y civiles detenidos en los procesos reabiertos por lo ocurrido en los años 70 han muerto en cautiverio, la enorme mayoría sin condena firme. Muchos con prisiones preventivas por más de 6, 10 y 15 años, una tan improcedente como vergonzosa imposición de condenas ilegales anticipadas. Frente a las sentencias que no llegan, terminan cruelmente condenados a una pena de muerte encubierta. Más de 100 adultos de más de 65 años, que deberían estar excarcelados o con prisión domiciliaria, están recluidos en penales comunes, sin personal capacitado para brindarles la debida atención sanitaria, sujetos a riesgos innecesarios sobre su salud y su vida. Todo ello en contra de lo establecido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta y promovida por nuestro país, que obliga al Estado a asegurarles un trato preferencial protector de su salud y sus derechos, tanto en lo administrativo como en lo judicial.
Martín Báez, condenado junto a su padre y hermanos por lavado de dinero, está con detención domiciliaria a sus 30 años mientras exmilitares de más de 65, 70 y hasta 80 años de edad, acusados por hechos acaecidos hace décadas, aguardan condena en las cárceles. El dato confirma el temor, la perversidad y el afán de mortificación que mueve a muchos querellantes y lamentablemente también a integrantes del Ministerio Publico Fiscal, que actúan de consuno con la actual Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y seudoorganismos de derechos humanos.
La ideologización de la Justicia, y muchas veces el temor de quienes deberían impartirla, tiene estas condenables y nefastas consecuencias que afectan los derechos y las libertades de ciudadanos que nunca debieron quedar privados del debido proceso penal. No nos cansaremos de denunciar que un relato falaz y un andamiaje judicial armado que atenta contra el principio de dignidad de la persona humana y las garantías constitucionales son parte del siniestro plan que desde el poder pretenden imponernos y que continúa cobrándose injustamente muchísimas vidas.
LA NACION
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