Justicia: un mal comienzo

Una de las políticas que signará la actual gestión presidencial será, según anunció la propia doctora Cristina Fernández de Kirchner, la búsqueda de una mayor calidad institucional, en especial, en el servicio de justicia, reclamada por tantos ciudadanos durante tanto tiempo.

Hace apenas un mes que está en funciones la primera mandataria y, por lo tanto, es muy temprano para evaluar el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, la medida más importante que hasta ahora adoptó la señora de Kirchner en ese campo va en el sentido contrario de lo que se espera: la designación del doctor Aníbal Fernández como ministro del ramo no puede entusiasmar a quienes esperan un progreso en relación con una mejor Justicia.

La biografía del doctor Fernández registra episodios que hubieran aconsejado la selección de un funcionario más consustanciado con los principios que la Presidenta se propone honrar. No es una señal alentadora que se designe al frente de la citada cartera a alguien que, precisamente, fue buscado por la Justicia.

En efecto, el actual ministro estuvo prófugo durante 48 horas, en octubre de 1994. Por entonces se desempeñaba como intendente de Quilmes y el juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Eliçabe había ordenado su captura en el marco de una causa en la que se investigaba la contratación de un estudio jurídico para negociar la deuda de ese municipio con la empresa Aguas Argentinas. Fernández fue acusado en aquel momento por falsificación de documento público. La firma del convenio había sido denunciada por la concejala del Frente Grande María del Carmen Alburúa, con el patrocinio del doctor Juan Pablo Cafiero.

El actual ministro de Justicia se escondió durante aquellos días en el domicilio de un amigo y sólo reapareció una vez que la Cámara de Apelaciones le concedió el hábeas corpus que habían solicitado sus abogados, Federico Domínguez, Marcelo Ordoqui y María del Carmen Falbo, la actual procuradora de la Suprema Corte bonaerense. Ante el periodismo, Fernández explicó en aquel entonces que sólo quiso resguardar la investidura del intendente.

Hay antecedentes menos escandalosos, pero más recientes, que hubieran aconsejado una lectura minuciosa del currículo del doctor Fernández antes de su designación en el Ministerio de Justicia. Uno de ellos fue la ostensible presión que ejerció sobre el magistrado que investiga la causa Skanska en el fuero penal y económico, para quien pidió el juicio político por el solo hecho de haber decidido cambiar de prisión a un detenido que había denunciado amenazas de muerte.

Sería saludable, además, que el ministro de Justicia fuera una figura que no estuviera afectada por denuncias penales y proyectos de juicio político que pesan sobre el doctor Fernández.

La señora de Kirchner se ha mostrado interesada por la calidad de la Justicia a lo largo de toda su vida pública. En su tratamiento de esta materia mereció muchas veces reproches. Por ejemplo, cuando promovió la reforma del Consejo de la Magistratura o cuando encabezó una purga dentro de la Corte Suprema de Justicia con escaso apego a los procedimientos.

Sin embargo, la Presidenta acredita algunos méritos en la defensa de la juridicidad: su preocupación permanente para que no quede impune el atentado contra la AMIA o su iniciativa para que se reduzca el número de jueces de la Corte están en el haber de su carrera. Además, durante su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, la doctora Kirchner afirmó: "Falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle, para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la Justicia como un valor reparador y equilibrador".

Hay que lamentar que empeños tan importantes queden empañados por señales equívocas en la designación de los colaboradores. Entre otras responsabilidades, el ministro de Justicia tiene a su cargo presentar al Presidente las ternas de nuevos magistrados propuestas por el Consejo de la Magistratura y asesorarlo en la selección del candidato más adecuado para buscar el acuerdo del Senado. Es una tarea de una gran delicadeza, que debería ser encomendada a figuras con méritos institucionales y una trayectoria intachable.

La restauración de la confianza en la Justicia, como valor y como servicio público, debería ser un imperativo central de la acción de los gobiernos y de la dirigencia en general. La crisis de la Justicia está en el corazón de la larga agonía que verifica la moral pública en la Argentina. Restaurar esa confianza es uno de los mejores cometidos que pudo fijarse para sus cuatro años de gestión la doctora Fernández de Kirchner. Para esa misión, delicada e indispensable, merece contar con colaboradores que exhiban antecedentes ejemplares y no tan turbios como los que registra la foja de prestaciones del doctor Fernández.