La Argentina podría abandonar el Grupo de Lima

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14 de octubre de 2019  

El candidato Alberto Fernández anunció que si es elegido presidente de la Nación impulsará que nuestro país abandone el llamado Grupo de Lima. Recordemos que es a través de este bloque que nuestra región ejerce presión sobre el régimen dictatorial venezolano conducido por Nicolás Maduro y apoyado abiertamente por el también dictatorial gobierno de Cuba. Ante ese desafortunado anuncio, el canciller Jorge Faurie puntualizó, con razón, que la neutralidad de algunos países de la región respecto de lo que sucede en el drama de Venezuela "es complicidad" con la tragedia que se abate sobre ese país.

El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017. Su objetivo es la restauración de la democracia en Venezuela, a través de un cambio de régimen que conduzca a ese país de regreso a la democracia, hoy extraviada. Propone resolver la crisis venezolana a través de una salida pacífica, priorizando la voluntad del propio pueblo venezolano, expresada a través de elecciones realmente libres y transparentes.

Nuestro país ha pertenecido a ese grupo desde el inicio, acompañado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y algunas otras naciones de menor dimensión relativa. El Grupo de Lima, precisamente, presiona al chavismo en distintos frentes, con el objetivo de empujar en dirección al regreso de Venezuela a los postulados democráticos. Para ello, no sostiene la necesidad de impulsar intervenciones armadas, sino la de adoptar medidas conjuntas de presión económica, política y financiera dirigidas a ese fin. Con excepción de Bolivia y Uruguay, el Grupo de Lima expresa la opinión prevaleciente en los gobiernos de nuestra región.

Proponer abandonarlo claramente no es una medida neutra, pues supone un cambio poco sensato de posición que fortalece a aquellos que, como sucede con el gobierno de la República Oriental del Uruguay, en cuya coalición pesa significativamente el Partido Comunista, prefieren mantenerse en un silencio cómplice pese a las sistemáticas y constantes violaciones de los derechos humanos y de las libertades individuales civiles y políticas que caracterizan al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dictado, en su reciente reunión de Ginebra, la resolución 42, que condena enérgicamente las transgresiones a los derechos humanos que se cometen constantemente en Venezuela. Por esto, una misión internacional independiente producirá antes de finalizar el año en curso un nuevo informe sobre las violaciones ocurridas en aquel país, condenando enérgicamente los actos de represión y persecución, que incluyen el uso abusivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, las detenciones arbitrarias, las torturas y maltratos y las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por los órganos de seguridad y por los grupos armados civiles irregulares organizados por la administración que encabeza Maduro.

Deplora, además, la erosión del Estado de Derecho en Venezuela, así como los actos de amedrentamiento y acoso de su gobierno, al que la OEA califica de "ilegítimo y usurpador".

La referida resolución condena asimismo la discriminación por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales venezolanos, administrados desde una inadmisible discriminación ideológica.

Cabe apoyar la valiente y consecuente posición asumida por Faurie, particularmente ante la inminencia de las próximas elecciones nacionales, cuyos resultados podrían eventualmente ser adversos al oficialismo. La defensa de la democracia y de las libertades esenciales es una tarea permanente que no admite renuncios y que debe siempre ser considerada prioritaria. Nuestro país ya ha transitado caminos de cercanía con el dictatorial régimen venezolano en tiempos de gobiernos kirchneristas y preocupa gravemente que se considere retomar actitudes y prácticas que tanto perjudican a la región.

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