La Argentina y la reforma previsional brasileña

Por muchos motivos, las futuras autoridades argentinas deberían observar con particular atención a Brasil. En especial, deberían tomar nota de la importancia del amplio consenso político logrado por nuestro vecino en torno de la revolucionaria reforma previsional que hace una semana convirtió en ley el Parlamento brasileño.

Es cierto que el régimen jubilatorio de Brasil próximo a reformarse es insólito en el mundo actual por donde se lo mire, tanto por su elevado costo como por la escasa edad a la cual los trabajadores podían obtener su pensión de retiro. Los hombres podían jubilarse a los 57 años y las mujeres, a los 53. Durante demasiado tiempo, significó una sangría para las cuentas públicas, por cuanto el gasto en pensiones representa el 58% del presupuesto.

Las autoridades brasileñas esperan lograr un ahorro para el erario de unos 800.000 millones de reales (alrededor de 200.000 millones de dólares estadounidenses) a lo largo de la próxima década.

La reforma aprobada, que había sido diseñada por el equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, determina que las brasileñas podrán jubilarse a los 62 años, en tanto que los brasileños podrán hacerlo a los 65. En el actual régimen previsional argentino, los hombres pueden jubilarse a partir de los 65 y las mujeres, desde los 60.

Lo llamativo es el alto grado de consenso político logrado en torno de un tema cuya discusión siempre resulta conflictiva en la mayoría de los países que se enfrentan al problema que hoy representa el envejecimiento de la población y la lógica extensión de la vida laboral, junto a la disminución del número de trabajadores en actividad en proporción a los beneficiarios de jubilaciones.

En efecto, la iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados brasileña por 379 votos contra 131, en tanto que el Senado la convirtió en ley con el apoyo de 60 legisladores y el rechazo de solo 19.

Cabe preguntarse por cuánto tiempo podría subsistir cualquier sistema de seguridad social con personas que se pueden retirar entre los 60 y los 65 años de edad, como ocurría en un pasado lejano en que la población vivía muchos menos años que ahora. La discusión es bien válida para la Argentina, donde hacia fines de 2017 una leve reforma del sistema previsional desató un verdadero escándalo en las calles y en el Congreso. Vale recordar que, como consecuencia de la resistencia a los cambios que desató aquella disputa, todavía la Corte Suprema de Justicia debe dictaminar si es constitucional o no la aplicación del nuevo cálculo para la movilidad del haber jubilatorio que aprobó el Poder Legislativo, lo cual genera más incertidumbre en la sustentabilidad del sistema previsional argentino.

Lo cierto es que mientras en 1966 la expectativa de vida en nuestro país promediaba los 65,8 años, cuatro décadas después alcanzaba los 76,2 años (llegando a 80,1 en las mujeres). En igual período, la población argentina mayor de 65 años pasó del 11,2% del total a nada menos que el 25%. Es muy factible que el próximo censo poblacional, que debería tener lugar el año próximo, confirme un nuevo aumento de la población mayor.

Con apenas 1,4 trabajadores activos por cada jubilado o pensionado, según datos oficiales, el sistema de seguridad social argentino ostenta una de las peores relaciones, por cuanto se estima que la proporción ideal es de cuatro activos por cada pasivo.

Un nuevo colapso de nuestro sistema jubilatorio está a la vuelta de la esquina si no se toman las medidas necesarias con cierta urgencia. El próximo gobierno nacional no podrá ignorar que la actual situación previsional resulta insostenible y deberá buscar un amplio consenso para encarar una profunda reforma, como acaba de hacerlo Brasil.