La Argentina, ¿un país en serio?

El reciente episodio en el que el Banco Central le negó el acceso a la provincia del Chaco para la compra de divisas destinadas al pago de un bono emitido en dólares bajo legislación local ha sido un episodio de consecuencias muy negativas para la economía. El Banco Central adujo para negar el acceso de la provincia al mercado de cambios que en el caso de las deudas emitidas bajo ley local éstas no se encuentran incluidas dentro de ninguno de los 120 códigos de acceso al mercado oficial de divisas.

Que el default o no default de una provincia o empresa en la Argentina dependa de "tener código de acceso" o no al mercado de divisas pone en una situación de extrema fragilidad al sector privado o público provincial a la hora de buscar financiamiento. Ya no es la capacidad o voluntad de pago de empresas y provincias ni la legislación general las que determinan si se puede cumplir con las obligaciones. Una simple resolución del Banco Central determina quién accede y quién no a la posibilidad de hacerlo en moneda extranjera.

Las consecuencias del suceso provocado por la provincia del Chaco han sido múltiples. Por un lado, la pesificación de ese pago ha provocado una caída en la cotización de todos los bonos, especialmente de los provinciales y corporativos, lo cual generó un aumento en el costo del endeudamiento para todos quienes quisieran financiarse mediante la emisión de deuda en el mercado. Por el otro, representa una marcada arbitrariedad para los suscriptores de esa deuda, la que fue pautada con anterioridad a la vigencia del cepo cambiario para ser pagada en dólares, no en su equivalente en pesos.

Paradójicamente, el Gobierno, mientras dice defender a los argentinos, castiga a los tenedores de activos que se rigen por las leyes locales y provee acceso al mercado cambiario oficial a bonistas que se encuentran amparados por las leyes de Estados Unidos o Inglaterra. Se trata de una tremenda discriminación que traerá consecuencias inauditas para el futuro, ya que aquellas empresas y particulares que deseen evitar futuras expropiaciones deberían saber que sus contratos sólo serán respetados si se encuentran basados en leyes extranjeras.

A la vez, el Gobierno debería recapacitar sobre su proceder, o quizá debería pensar en modificar su eslogan "Argentina, un país en serio".

La decisión tomada con la deuda provincial en dólares emitida bajo legislación local muestra a las claras la ausencia de una conducción centralizada de la economía que evalúe los costos y beneficios de cada una de las medidas que se adoptan. Es que el tamaño de la emisión del Chaco y de otras similares efectuadas por las provincias de Tucumán y Formosa es tan pequeño que un simple análisis del costo que ha generado el "efecto Chaco" sobre el riesgo argentino hubiera llevado a autoridades más competentes e idóneas a adoptar otra decisión en cuanto a negar a la provincia el acceso al mercado de cambios. El monto de esa deuda, que ronda los 260.000 dólares, equivale a una propiedad mediana en la Capital o, si se quiere compararla en términos productivos, a 15 toneladas de carne de la cuota Hilton. La pregunta es cuán dañada está la capacidad financiera de un estado provincial que ni siquiera puede hacer frente a un compromiso de ese tipo.

El descrédito del "efecto Chaco" borra las desmentidas oficiales sobre pesificación. Hay quienes sostienen que la torpeza de lo sucedido debe ser atribuida a la presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont; otros, que fue por impericia del propio gobernador Jorge Capitanich e, incluso, que podría ser atribuida al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien primero habló de la necesidad de pagar en pesos todas las deudas y luego debió retractarse ante las críticas que recibió.

La Argentina muestra hoy una falta de rumbo en el respeto a la ley, al Estado de Derecho, a los contratos y a la elaboración de políticas consistentes que promuevan la inversión y el empleo. Los efectos, notorios para toda la población, son mucho más importantes que el simple hecho de convertir a pesos el equivalente a 260.000 dólares que debía abonar la provincia en la moneda pautada.

El impacto político no parece haber sido medido. Lo ocurrido en el Chaco puso en negro sobre blanco lo que puede llegar a pasar con otros distritos. Se sabe que la pelea entre las provincias y la Nación por disputarse el acceso a las reservas del Banco Central es una relación desigual en la que los distritos llevan las de perder. Si los gobernadores encuentran trabas para poder financiarse en el mercado, muy probablemente decidan conseguir el dinero mediante la suba de impuestos o emitiendo cuasimonedas, cuestión esta última que el kirchnerismo siempre criticó. Si alguna de esas opciones volviera a ocurrir, quedaría expuesto que en estos últimos nueve años de gobiernos kirchneristas no ha quedado superada la crisis de 2001.

Por donde se lo mire, el daño ya está hecho. La credibilidad ha sido duramente atacada y la Argentina tendrá que repensar sus movimientos si quiere seguir siendo tomada en cuenta como una nación seria que honra sus compromisos.