La banda de Kueider
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El 4 de diciembre de 2024, efectivos aduaneros detuvieron una camioneta que intentaba cruzar de Foz de Iguazú a Ciudad del Este, Paraguay. A bordo circulaba Edgardo Kueider, entonces senador por Entre Ríos, junto a Iara Guinsel Costa, su exsecretaria y actual pareja. Ambos fueron detenidos por contrabando en grado de tentativa luego de que en la mochila que les incautó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se detectaran 211 mil dólares, 646 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes, que fueron decomisados. Al igual que lo que resulte de la subasta de la camioneta 4x4, el dinero quedará a cargo del tesoro paraguayo. Kueider pretendió explicar que el dinero era de “inversionistas” vinculados a su secretaria, pero nunca los identificó.
Poco después de la detención, el Senado votó por amplia mayoría la expulsión del senador, al tiempo que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso allanar el despacho y las oficinas de asesores del exsenador en el marco de la causa “por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero”.
Luego de rechazarse el pedido abreviado de extradición a Paraguay solicitado por Arroyo Salgado, Kueider y Costa pasaron a cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica en Asunción. Se encuentran a la espera del juicio que se iniciaría allá en abril tras declararse inadmisible la apelación general interpuesta por la defensa del expulsado senador. Su abogado argumenta que “el dinero en efectivo no constituye mercadería” y que por tanto no tendría vigencia la descripción legal hecha por la DNIT. El delito que se les imputa prevé una pena de hasta cinco años de cárcel.
Arroyo Salgado, a cargo de la causa Securitas que investiga a decenas de funcionarios acusados de recibir coimas para facilitar contrataciones públicas, sumó a Kueider en el expediente caratulado Energía de Entre Ríos SA (Enersa) por presunto lavado de activos doblemente agravado por habitualidad e integración de una asociación ilícita. Kueider puede sufrir entre 3 y 10 años de cárcel.
Distintos videos lo mostraron contando fajos de dólares en su oficina de Paraná cuando era secretario general del gobernador kirchnerista Gustavo Bordet, momentos en que controlaba Enersa, cuya seguridad estaba a cargo de la empresa Securitas.
En 2019, cuando Kueider llegó al Senado, llevó a trabajar con él a Daniel González, alias “Pajarito”. Cuando Kueider adquirió la empresa fantasma Betail SA, González figuraba como titular del 50% de las acciones, además de ser su presidente, situación que se vio interrumpida solo por un corto tiempo con la aparición de un primo del exlegislador.
El fiscal Federico Domínguez entiende que la referida empresa era solo “una fachada, una pantalla”. Entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider habría adquirido departamentos y cocheras en Paraná, poniéndolos a nombre de Betail.
González está imputado por ser considerado parte de la “asociación o banda” destinada a cometer ilícitos, el lavado de activos entre ellos. Con su pareja eran titulares de Peninsular Sudamericana SAS, firma dedicada a la venta de productos farmacéuticos con la que se presentaron en varias licitaciones del Estado y a través de la cual ingresaban dinero a la cuenta de Betail. Fue la camioneta en la que detienen a Kueider que está a su nombre, la que pone a González en el candelero. La Biblioteca del Congreso de la Nación confirmó en enero último que “Pajarito” integraba la planta permanente, como suspendido desde el 4 de abril 2025 y sin percepción de haberes, precisamente en virtud de la causa en curso. En marzo 2025 había quedado detenido, pero en julio fue excarcelado. La gravedad de las imputaciones de quien asoma como posible testaferro del destituido legislador apenas justificaron el inicio tardío de un sumario administrativo.
La vertiginosa sucesión de noticias y escándalos que involucran a funcionarios y dirigentes locales conspira contra su debido seguimiento en el tiempo. En la maloliente maraña, la ciudadanía corre el riesgo de ir olvidando aún aquello que tuvo mayor impacto. La extradición de Kueider requiere no solo voluntad política sino también cooperación entre la justicia paraguaya, la argentina e Interpol. Al ingresar al país, por carecer de fueros, podría quedar inmediatamente detenido. Mientras él cínicamente cuestiona decisiones “políticas demagógicas”, los argentinos bregamos simplemente porque la Justicia haga en tiempo y forma su trabajo.




