La causa por el SIRA, frenada por manos invisibles
La investigación judicial sobre irregularidades en los permisos de importación sigue sin avanzar ante la escasa colaboración de algunos funcionarios
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El avance a paso lento que han mostrado hasta ahora las investigaciones por las presuntas irregularidades en los permisos para importar durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, incluidos hasta ahora en dos causas judiciales, permite preguntarse si no hay manos invisibles que frenan esas investigaciones.
¿Hay demasiados sectores interesados en que no avancen? La pregunta incluye también al actual Gobierno, que tiene a su alcance varias herramientas y todos los resortes del Estado para brindar información a la Justicia desde organismos sobre los que entonces caía la responsabilidad de las referidas autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), como la Aduana, el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hay al respecto algunos indicios inquietantes. Un dictamen firmado el 22 de abril por el fiscal Franco Picardi, que interviene en la causa sobre estas denuncias que cayó en el juzgado de Ariel Lijo, muestra que no ha existido hasta ahora un excesivo celo en suministrar datos elementales como, por ejemplo, el listado de personas físicas que tenían esas funciones.
Ese texto consigna, por ejemplo, la respuesta que el requerimiento de Picardi recibió de Pedro Esteban Lucena, director de Importaciones del Palacio de Hacienda, que argumenta que la función de otorgar permisos ya no recae en la Secretaría de Comercio, y que el fiscal deberá en todo caso recabar esa información en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que a su vez se viene mostrando igualmente reticente en brindar detalles. De hecho, la primera respuesta de la ARCA a un pedido similar ya había sido infecunda: contestó que esos datos estaban automatizados hasta diciembre de 2023 y tampoco aportó la lista de funcionarios que intervinieron.
Tanta parsimonia del propio Estado llevó a Picardi a insistir ante la ARCA por segunda vez con el pedido, todavía sin respuesta, una circunstancia que llama la atención si se repara en que el organismo que conduce Andrés Ricardo Vázquez ya había presentado en febrero una denuncia muy similar, también por presuntas irregularidades en esos permisos, que involucra a dos empresas de electrodomésticos, Omnichannel e Intermaco, y que cayó en el juzgado de Luis Armella. No hay dudas de que el ente recaudador, al igual que el Banco Central, tienen mucho que aportar al respecto.
Es bastante evidente el contraste que se da entre estas nebulosas y los reveladores testimonios off the record de quienes tenían que acceder a esos permisos: empresarios, despachantes de Aduana e importadores. ¿No es una buena oportunidad para complementar con información fidedigna sobre qué se les pedía a cambio, y quiénes lo hacían, desde ventanillas del Estado?
Lijo y Armella deben ahora dar con ese eslabón perdido. La investigación preliminar de Picardi habla de presuntos sobornos que iban del 10 al 15% del valor FOB de las importaciones. Pero hasta ahora, poco es lo que se ha podido agregar al respecto. En su último dictamen, el fiscal intenta dar con el rol de un tal “Pato”, que aparece en las conversaciones de los cinco teléfonos secuestrados a funcionarios del Banco Central y a gestores como Elías Piccirillo y Martín Migueles, y que aparentemente habría sido el nexo entre ambos operadores y el gobierno de entonces. “Pato” es Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario que, según los registros de los teléfonos secuestrados, solía reunirse con Migueles y Ezequiel Caputto -otro de los financistas investigados- en el restaurant Canta el Gallo, de Nordelta, para arreglar las coimas.
Con esos datos en la mano, Picardi les pidió entonces a las telefónicas todas las llamadas entrantes y salientes de Marre y Caputto en un lapso de dos años -entre el 1° enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023-, sobre las que espera información detallada. Quiere saber, por ejemplo, con qué funcionarios hablaban.
Llegados a este punto, sigue siendo al menos llamativo que nadie del oficialismo se refiera públicamente al tema. Hace unas semanas, el presidente Javier Milei retuiteó al abogado Gustavo Arabia, ex candidato de La Libertad Avanza en Bragado, que cuestionaba en la red social X un programa que hablaba del tema de las “siras”: “Ya está todo investigado”, decía el mensaje.
El argumento de que el caso “ya está investigado” y que por lo tanto no puede volver a abrirse, sustentado en que una causa similar fue cerrada en diciembre de 2023 por pedido del fiscal Eduardo Taiano al juez Julián Ercolini, es al menos endeble: no está probado que se trate de los mismos hechos y ni siquiera de los mismos funcionarios. Es curioso, porque la idea de desestimarlo por ese motivo coincide exactamente con lo que dicen funcionarios del gobierno anterior, entre ellos, Guillermo Michel, ex jefe de la Aduana, el organismo encargado de coordinar y fiscalizar el sistema de importaciones.
Es de esperar que la Justicia no solo avance, sino que cuente con la colaboración de los organismos pertinentes y sus responsables, a quienes seguramente información no les falta: tienen todas las herramientas del Estado a su disposición.
Tipo de trabajo:
opinión
