La CIDH y los saqueos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado abiertamente su profunda preocupación por los hechos de violencia registrados en la Argentina desde el 3 de diciembre pasado, cuando una huelga policial derivó en saqueos en la ciudad de Córdoba, que luego se reprodujeron en varias provincias, también debido a huelgas policiales.

La CIDH se pronunció mediante un comunicado emitido anteayer y, de esa manera, el prestigioso organismo recordó a los responsables de nuestro gobierno, en todos los niveles, que es obligación del Estado, especialmente de las autoridades nacionales, investigar lo ocurrido, esclarecer los hechos judicialmente y sancionar a quienes resulten ser los responsables.

Al propio tiempo, recordó que, bajo el derecho internacional, existe un deber ineludible del Estado, al que la CIDH califica de "primario", que consiste en asegurar el derecho a la vida y a la seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Por lo tanto, ese deber incluye la obligación de las autoridades, en particular de las encargadas del orden público y de la seguridad interior, de tomar medidas operativas para proteger debidamente a las personas, cuya vida e integridad esté en riesgo por hechos de violencia a manos de otros individuos y para prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia.

Este mensaje no puede ser desoído por nuestra presidenta y su gabinete que, como desgraciadamente es habitual, parecen estar empeñados en el conocido ejercicio de eludir y diluir cualquier responsabilidad que les corresponda, por cualquier circunstancia. Como si gobernar no generara responsabilidad alguna, de ningún tipo, sino sólo -y para los demás- obligaciones de rendir constantemente sumisa pleitesía a quien ejerce el poder de turno.

La CIDH instó específicamente al Estado Nacional y a todas las autoridades argentinas a adoptar de manera urgente todas las medidas que fueren necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de nuestra población y a cumplir con sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en relación con la seguridad ciudadana.

Este severo y oportuno llamado de atención para un gobierno que ha construido una imagen con la que pretende, por motivaciones de índole ideológica y política, ser una suerte de campeón de los derechos humanos, mientras en la realidad no sólo ha dejado en la más absoluta impunidad a quienes atentaron contra los civiles inocentes en el conflicto armado interno de los 70, sino que además ha sido ostensiblemente incapaz de garantizar nada menos que el derecho a la vida y el derecho a la propiedad de su propio pueblo, a punto tal que ha merecido el llamado de atención que comentamos.