La confusión entre lo público y lo privado

Entre las muchas deformaciones que corroen la vida cívica argentina, hay una que atraviesa épocas y sectores sociales: la confusión entre lo público y lo privado. Durante las campañas electorales, períodos en los que la lucha por el poder se exacerba, el límite que debería existir entre esos dos órdenes se vuelve todavía más difuso.

La Presidenta ofrece a diario demostraciones de esta desviación. No sólo pone a disposición de su campaña electoral la infraestructura que sostienen con sus impuestos todos los contribuyentes, comenzando por la residencia de Olivos, que fue convertida en escenario del proselitismo oficial .

Utiliza también en beneficio de su promoción la publicidad que el Estado debería emitir como un neutral servicio público, mientras al resto de los candidatos se les prohíbe contratar avisos en el sistema audiovisual.

Esta confusión se expresa de manera por momentos insólita en el discurso presidencial, cada vez más proclive a desgranar a través de la cadena nacional de radio y televisión anécdotas e impresiones personales.

Para advertir la gravedad de estas irregularidades bastaría con recordar que en democracias vecinas los funcionarios están obligados a tomar licencia mucho tiempo antes de competir en las urnas. En Brasil, sin ir más lejos, Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Amado Boudou y Aníbal Fernández, por citar sólo a los candidatos más destacados, habrían sido ya obligados por la Justicia a estar fuera de sus cargos.

El aprovechamiento faccioso del Estado no se reduce sólo al oficialismo nacional. Mauricio Macri , por ejemplo, ha incrementado la publicidad del gobierno porteño, para promocionar su figura y oficiando él mismo como locutor. A sus adversarios les está impedida, por razones legales y también económicas, esa ventaja.

Los opositores del socialismo en Santa Fe también acusan a la administración de Hermes Binner por el aprovechamiento partidario de los recursos publicitarios del sector público.

La confusión de lo público con lo privado se manifiesta también en las entidades intermedias. El ejemplo clásico es, desde los años 50, el alineamiento incondicional de la única central obrera reconocida por el Estado, la Confederación General del Trabajo (CGT), con el peronismo.

La sociedad argentina se ha acostumbrado a ese impúdico avasallamiento del pluralismo. Por culpa de esa anomalía, trabajadores de las más diversas afiliaciones deben tolerar que, excediendo el campo gremial para el cual fueron elegidos, sus representantes sindicales aten sus organizaciones a la marcha de un candidato.

El Gobierno también paga un costo cuando la misma contaminación tiene un efecto inverso. Es decir, cuando desde los sindicatos se comienza a criticar la política económica, por ejemplo, para presionar por lugares privilegiados en las listas partidarias. Con sólo recordar las expresiones de la familia Moyano, durante los últimos diez días, en relación con la inflación, se puede detectar la confusión.

Tal vez la eliminación más sincera y bochornosa de esa frontera entre la administración de un interés general y la toma de partido particular la haya puesto en evidencia recientemente el sindicalista Juan Carlos Schmid, quien, al rechazar un lugar que consideró muy subalterno en una lista del oficialista Frente para la Victoria de Santa Fe, declaró: "Entendemos que la propuesta no responde a las expectativas del sindicalismo argentino ni a la contribución que ha hecho el movimiento obrero a este gobierno".

Por más escandalosa que resulte esta promiscuidad política del gremialismo, la Argentina parece haberse adaptado a ella. Peor aún, en los últimos años y, en especial, durante la actual carrera proselitista, la opinión pública ha visto cómo, en vez de replegarse, este vicio se ha expandido. Lo que antes parecía una lamentable peculiaridad del movimiento sindical ha comenzado a contaminar a algunas organizaciones empresariales.

El caso más estridente ha sido el de la Asociación de Bancos Argentinos, cuyo presidente, Jorge Brito, manifestó su apoyo a la reelección de la señora de Kirchner, con absoluto desdén por la representación que sus pares le han confiado.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, debió aclarar que sus ambivalentes declaraciones sobre la necesidad de hablar con la Presidenta y con el gobernador Daniel Scioli sobre las políticas de los próximos años no eran una adhesión ni una apuesta a sus reelecciones. Poco después de hacerlo, Mendiguren participó de un acto en la localidad de Mercedes del que salió apoyando al candidato oficial a la intendencia, un militante de la agrupación La Cámpora.

En el caso de Brito, sería saludable que sus manifestaciones a favor del oficialismo fueran motivo de alguna aclaración. La entidad de la que es accionista principal, el Banco Macro, ha sido sancionada por la Unidad de Información Financiera (UIF) con una multa de 1.435.442 pesos, por no reportar operaciones sospechosas. La amonestación se produjo luego de que saliera a luz que la UIF privilegiaba al Banco Macro demorando esa medida disciplinaria. Sería lamentable que existiera algún vínculo entre aquellas adhesiones y este favoritismo. Sobre todo para las demás entidades a las que Brito representa en Adeba, que sí fueron pasibles de sanciones similares sin contemplación alguna.

Desde que el kirchnerismo se estableció en la Casa Rosada, se han multiplicado los indicios de que algunos encumbrados dirigentes empresariales podrían haber canjeado su adhesión al Gobierno por diversos beneficios materiales: en algunos casos, créditos especiales del Banco Nación; designaciones como representantes del Estado en empresas en las que éste tiene participación o contrataciones para proveer al sector público determinados productos o servicios.

Ya se sabe, una de las manifestaciones más deplorables y habituales de la confusión entre lo público y lo privado es la corrupción.

El desarrollo de los países y la elevación en la calidad de vida de sus pueblos dependen, sobre todo, de algunas reglas generales. Entre ellas se encuentra la igualdad ante la ley. Una de sus manifestaciones específicas es que el Estado se compromete a ser neutral en la competencia entre distintos actores por alcanzar un objetivo. Esa competencia puede ser la que llevan adelante los candidatos para alcanzar el poder en una elección. O la que despliegan varios empresarios entre sí para quedarse con una porción del mercado.

La función del sector público es asegurar la transparencia y la equidad de esos torneos. En otras palabras, el triunfo del mérito y de la idoneidad por sobre el privilegio. La expansión de esa cultura es crucial para que, en la política, el vínculo entre representantes y representados no se vuelva sospechoso. Y para que, en el campo de la economía, se incremente la inversión. La Argentina parece estar cada vez más lejos de ofrecer a sus habitantes esas sencillas condiciones de vida.

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