La corrupción privada

La corrupción pública ocupa la atención de los organismos internacionales y es uno de los factores determinantes de la calificación de los países según su calidad institucional y su seguridad jurídica. La legislación anticorrupción, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, está principalmente orientada a prevenir, vigilar y penalizar los actos deshonestos de los funcionarios públicos.

La corrupción en las esferas del gobierno en la Argentina ha alcanzado en estos últimos años niveles inéditos dentro de una matriz que reconoce una estrategia de enriquecimientos personales, en consonancia con la creación de poder político. La utilización de fondos públicos para lograr adhesiones políticas ha sido fluida junto con su manipulación en beneficio de personas y empresas cercanas a la cúpula gobernante. Casos emblemáticos como los de Skanska, Antonini Wilson, Ricardo Jaime y la escandalosa declaración de bienes del matrimonio Kirchner exhiben un fenómeno extendido que aún dista de salir a la superficie en toda su dimensión.

La corrupción privada tiene menor repercusión política, social y mediática que la del sector público, pero su importancia moral es similar. Por otro lado, no puede haber corrupción pública si no hay un actor privado que la materialice. Esto no es debidamente considerado cuando se hacen recaer las culpas íntegramente del lado estatal.

Es cierto que hay gobiernos más corruptos que otros. Pero también es cierto que si bien quien se beneficia pecuniariamente por un soborno es el funcionario público, no es menos cierto que quien lo paga obtiene una ganancia que supera ese desembolso. Ambas partes se benefician a costa de los contribuyentes o de los ciudadanos que se perjudican con una obra o servicio más costoso o de menor calidad. En la asignación de culpas se suele escuchar de empresarios que pagan, que están forzados a hacerlo para no perjudicar a su compañía y sus empleados. Cuando la corrupción se generaliza, esto suele ser aplicable a nuevos jugadores que pretenden ingresar en actividades reguladas o en la obra pública. Esos nuevos jugadores atraviesan el Rubicón y a partir de allí alimentan el círculo vicioso de empresarios acostumbrados a aceptar pedidos sin oponer resistencia o también a tomar la iniciativa del soborno. Se crea cierto entendimiento falaz en que, ante la abundancia de regulaciones y la fuerte injerencia estatal en la economía, la corrupción es casi imprescindible.

Recientemente, el fundador y ex presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen, recordó: "En Alemania, algunos empresarios me decían que no se pueden ganar contratos en países en vías de desarrollo sin pagar sobornos". Aunque ahora -aclaró- hay por lo menos diez juicios millonarios contra compañías alemanas por pagar sobornos en el exterior.

Hay sociedades que son más propensas que otras a quebrar reglas éticas en la búsqueda de beneficios personales. Sin embargo, también existe un conjunto de estímulos a la corrupción que llegan a convertirla en sistémica. En ese sentido, en nuestro país existe una asociación nefasta: el desequilibrio de poder -reelecciones indefinidas, ausencia de alternancia, caudillismo?, combinado con una concepción patrimonialista del Estado, que convierte al administrador de turno en el dueño de la ley. La eternización en los cargos públicos y el manejo de las normas de manera caprichosa hacen que sean los funcionarios quienes asignan la porción de mercado que le corresponde a cada empresario privado. Esta desviación hace que muchos hombres de negocios entiendan que su principal activo es el favor del gobierno de turno.

Pero la corrupción privada también comprende a los negocios entre privados, cuando se manipula la contabilidad para evadir impuestos, cuando se realizan auditorías fraudulentas o cuando un gerente obtiene ventajas personales a espaldas de los accionistas de su empresa. En la Argentina, el pedido de coimas en las relaciones comerciales es común en grandes o medianas empresas con escaso control sobre sus ejecutivos o gerentes. También ha sido frecuente el rápido enriquecimiento de operadores financieros que desvían para sí transacciones ventajosas. La reciente crisis financiera internacional sacó a la luz los niveles de corrupción que muchas veces existen en la administración de activos de terceros, como en el caso Madoff.

Es posible que uno de los ejemplos más notorios y arraigados de corrupción privada que conoce la opinión pública nacional sea el de gran parte del sindicalismo. La sociedad argentina ha convivido durante décadas, tal vez hasta acostumbrarse, con el fenómeno de jerarcas sindicales fabulosamente enriquecidos. En la mayoría de los casos, el origen de esas fortunas no está sólo en las relaciones con el Estado sino en la administración inmoral de contratos, sobre todo los referidos a las prestaciones de salud o de seguros de distinta índole, que los gremialistas realizan en nombre de sus representados.

No podemos eludir en estas columnas que también el periodismo ilustra muchas veces la extensión de la corrupción privada. En los últimos años, nuestra sociedad ha asistido a la proliferación de medios de comunicación que se adquieren para realizar campañas sucias a favor de tal o cual oficialismo, a cambio de un caudal de publicidad que no se corresponde con su nivel de audiencia. Es inocultable que estas miserias se han convertido, por su extraordinaria difusión, en uno de los rasgos sobresalientes del actual ciclo kirchnerista.

La corrupción privada alcanza su máximo exponente en las mafias. Son organizaciones delictivas que aseguran su impunidad mediante la violencia y la corrupción. Este modelo delictivo, con gran capacidad de infiltrar al Estado, ha emergido recientemente en nuestro país al amparo de la actividad del narcotráfico.

Los argentinos nos debemos un profundo examen de conciencia. La preeminencia de objetivos materiales sobre los valores morales y éticos es el alimento básico de la corrupción. Su extensión a los negocios públicos es una consecuencia.

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