La crisis de la democracia en Turquía
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La detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha desatado una grave crisis política en Turquía, mientras crecen las protestas y la oposición acusa al Gobierno de usar la Justicia para eliminar al principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan en las próximas elecciones de 2028. Se trata de otra maniobra presidencial contra un popularísimo detractor de su deriva autoritaria.
Imamoglu y otras personas han sido acusados de extorsión, lavado de dinero e irregularidades relacionadas con licitaciones y adquisiciones, entre otros delitos, y de ayudar al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al supuestamente formar una alianza con una organización paraguas kurda para las elecciones municipales de Estambul. También está apelando una condena de 2022 por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral de Turquía, un caso que podría resultar en una inhabilitación política.
El momento del arresto no parece casual. Las acciones judiciales en su contra coinciden con su ascenso en las encuestas y después de que se mostrara dispuesto a presentarse a los comicios presidenciales. El alcalde detenido niega de forma rotunda todos los cargos y acusa al gobierno de usar la Justicia para deshacerse de él. La Fiscalía basa sus acusaciones en testigos cuya identidad se mantiene en secreto, lo que ha aumentado las sospechas.
El alcalde fue suspendido de su cargo cuatro días después de su arresto, lo cual desató las mayores protestas en el país en más de una década. El tribunal destacó que Imamoglu fue detenido por establecer y liderar una organización criminal, aceptar sobornos, malversación, registrar ilegalmente datos personales y amañar licitaciones públicas en relación con una investigación financiera.
La crisis tuvo una fuerte incidencia en Turquía, una economía abierta que depende de las inversiones foráneas y donde las exportaciones y el turismo tienen gran importancia. La detención de Imamoglu tuvo un fuerte impacto económico: la Bolsa de Estambul se desplomó, la lira turca se depreció y el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo divisas por valor, según algunas fuentes, de más de 20.000 millones de dólares para estabilizar la moneda.
Erdogan, un populista con tendencias cada vez más autoritarias, ha gobernado Turquía como primer ministro o presidente durante más de 20 años. Desde que cambió la Constitución en 2017, el presidente turco ha gobernado con pocos controles de su autoridad. Su gobierno controla los tribunales, el aparato de seguridad y gran parte de los medios opositores han sido clausurados, al tiempo que las redes sociales están sujetas a una estricta censura, que limita la libertad de expresión en el país.
El presidente turco parece haber elegido este momento para neutralizar políticamente a Imamoglu en parte por el favorable clima internacional. Donald Trump ha mostrado poco interés por las normas democráticas de otros países y Europa está preocupada por la guerra en Ucrania. Si bien la Unión Europea ha expresado críticas hacia el retroceso democrático en Turquía, su capacidad de acción se ve limitada ante la eventualidad de necesitar que Erdogan aporte tropas a una posible fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania.
Por otro lado, Turquía es un miembro geopolítico-estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Su Ejército es el segundo más grande de la Organización con una industria de defensa avanzada, capaz de suministrar armamento de alta tecnología, incluidos drones, y a partir del acuerdo firmado en 2016, la Unión Europea ha confiado en la nación turca para contener el flujo migratorio lejos de sus fronteras.
La prevalencia de la democracia en Turquía no solo es un derecho inalienable de millones de turcos, sino una cuestión de seguridad y estabilidad en Europa. El encarcelamiento de Imamoglu por cargos de corrupción que los expertos consideran infundados muestra a las claras que el presidente de Turquía prefiere acabar con la democracia antes que arriesgarse a perder el poder.
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