Tras la vertiginosa destitución del presidente Martín Vizcarra, resuelta por el Congreso, Perú ha ingresado en una etapa de fragilidad política, profundizada ayer con la renuncia de Manuel Merino –quien había asumido cinco días antes–, en medio de masivas protestas en su contra en las que hubo al menos dos muertos por la represión.
El voto destituyente de Vizcarra por 105 parlamentarios tuvo lugar en medio de la pandemia de coronavirus, que se cobró más de 35.000 muertes. Por lo demás, la oportunidad para adoptar tan grave decisión era discutible, ya que faltaban solo cinco meses para las próximas elecciones presidenciales y porque se ha invocado una noción difusa: la de "incapacidad moral permanente". Para ello, se han citado presuntos actos de corrupción de Vizcarra cuando ejercía la gobernación de Moquegua, entre 2011 y 2014. Cabe destacar que la particular normativa peruana permite que la destitución sea decidida tras otorgar al funcionario cuestionado apenas un mínimo derecho de defensa.
Los procedimientos de vacancia del Poder Ejecutivo tienen una larga historia en Perú. Precisamente, quienes cuestionan la medida legislativa contra Vizcarra se amparan en que la propia Constitución establece que solo se podrá destituir a quien haya cometido delitos durante su mandato.
Cuando se decidió su vacancia, la gestión de Vizcarra contaba con alta aprobación popular. Según distintas encuestas, iba del 60 al 80%. El presidente destituido cuestionó la legalidad y la legitimidad de su destitución.
Mientras el Tribunal Constitucional de Perú aún no se ha expedido, el cuestionable proceso de destitución afecta negativamente al Perú, provocando una riesgosa inestabilidad.
