La cultura de la violencia
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Existe en muchos argentinos una marcada inclinación a violar la ley, a no acatar ninguna clase de normas, ni las que tienden a ordenar las bases morales y materiales del orden republicano ni las que regulan los pequeños comportamientos de cada día, referidos al ámbito local o municipal.
Existe en el país, entretanto, un avance estremecedor del delito y la criminalidad; basta con mencionar la impresionante ola de secuestros que se han producido en los últimos tiempos en los más variados estratos sociales, muchos de ellos ni siquiera denunciados.
Existe, asimismo, en distintos sectores, una creciente tendencia a resolver los problemas y los conflictos de intereses, cualquiera sea su gravedad, mediante el uso de la violencia como arma de acción o de persuasión.
La combinación o la suma de esos y otros desórdenes de conducta pueden llegar a condicionar gravemente el futuro de la sociedad argentina. Ha llegado, entonces, la hora de que nos formulemos algunos interrogantes. ¿Qué clase de país estamos construyendo o, por lo menos, consensuando? ¿Qué circunstancias nos han ido llevando a provocar, con nuestra tolerancia cómplice, la sistemática subversión del orden y la ley? ¿En qué momento las instituciones de la República dejaron de cumplir acabadamente su rol y permitieron que la corrupción se fuera infiltrando en el cuerpo social hasta otorgar impunidad a las conductas delictivas?
Los países devienen violentos cuando la criminalidad gana espacio territorial y avanza sobre el poder político y económico o sobre la Justicia, en medio de la aceptación y la resignación social. Algunos economistas sostienen, con cierto voluntarismo, pero también con algún relativo grado de verdad, que cada nación tiene, en rigor, el nivel de productividad y de desarrollo que se propone tener. De un modo similar se podría decir que cada sociedad es responsable, por su pasividad o su tolerancia, del tipo de criminalidad y delincuencia que se instala en su seno. El resultado al que se arribe en ese campo dependerá, en efecto, en cada caso, en mayor o menor medida, de la calidad -buena o mala- de las políticas públicas que se hayan aplicado desde el Estado. Pero ese resultado dependerá también de los grados y tipos de violencia que se acepten o se toleren socialmente, lo que lleva a pensar que una cuota de responsabilidad se le debe cargar a la comunidad en su conjunto, más tal vez que a las estructuras del Estado.
No existen determinismos biológicos, históricos o culturales que obliguen a un país determinado a convivir con ciertos males sociales. Los argentinos deberíamos mirarnos en el espejo de otras naciones hermanas desgarradas por la violencia -Colombia, por ejemplo- y encender una luz roja de alerta ante los signos que están empezando a perfilarnos como una sociedad violenta.
Dicho de otro modo: una matriz mafiosa está deformando desde hace algún tiempo nuestro entramado social y está contribuyendo a exacerbar la carga de violencia en diferentes segmentos de la vida argentina. La consecuencia de ese proceso es una multiplicación alarmante de los focos de delincuencia y criminalidad.
Sin embargo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la reflexión no debe centrarse tanto en el "quantum" de la violencia que padecemos, sino en los aspectos cualitativos del fenómeno; más precisamente, en el grado de aceptación social de las agresiones mafiosas o "gangsteriles" y de su utilización como método para dirimir toda clase de conflictos, desde los que conciernen a las relaciones interfamiliares hasta los que atañen al ámbito público o a las disidencias político-partidarias.
La Argentina ha dado ya peligrosos pasos hacia la asimilación de esa "cultura de la violencia". Muchas controversias naturales -propias de cualquier sociedad- se resuelven, en nuestro país, con apelaciones a la agresión física, mientras proliferan las bandas criminales con diverso grado de organización. Paralelamente, crece la corrupción asociada a la violencia y la política se torna cada vez oscura y poco confiable.
En la última década del siglo XX y en lo que llevamos vivido del siglo XXI el camino de los argentinos hacia la violencia estuvo jalonado por múltiples hechos. Padecimos los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA, sufrimos la voladura del arsenal de Río Tercero fuimos golpeados por las muertes nunca esclarecidas de personajes vinculados con la Aduana o con el contrabando de armas y nos asomamos a casos de corrupción nunca investigados a fondo.
Pero también nos dolieron otras formas de violencia, como las que están vinculadas con los desmanes político-electoralistas de Luis Barrionuevo o con el llamado "caso Conzi". En este último, por ejemplo, se entrelazan los peores elementos: la ostentación de riquezas mal habidas, los contactos presuntos con servicios de inteligencia, los favores de medios estatales de difusión y la manipulación de las fuerzas del orden. Los abusos de abogados que apelan a la supuesta nulidad de todas las pruebas por haber sido éstas "mal preservadas" por la policía, como también a la inimputabilidad del acusado, contribuyen a acentuar el escepticismo social.
Simultáneamente, se registran conductas alentadoras que no son debidamente reconocidas, como la de Norma Castaño, la madre del joven santafecino que, a riesgo de perder la vida, denunció con datos precisos el tráfico de drogas generalizado en la provincia de Santa Fe, ante la inoperancia de los funcionarios de la división de drogas peligrosas y las autoridades policiales y gubernamentales. A partir de eso, fue amedrentada en diferentes oportunidades, en una clara demostración del modo en que suelen actuar las mafias, especialmente cuando el Estado se muestra inoperante.
Si crece la impunidad por defecto de la Justicia -por ser ésta excesivamente formalista, porque carece de presupuesto, porque está supeditada al poder político o por otras razones parecidas-, crecerá también proporcionalmente la criminalidad. Si colapsa el sistema policial -por corrupción masiva, por desmoralización institucional, por autonomización frente a los mandos civiles, por politización de su estructura o por otros motivos similares- , es lógico esperar un aumento de todas las manifestaciones de violencia, sean éstas organizadas o desorganizadas.
Si el Estado hace abandono del territorio que le es propio -es decir, si se ausenta en el campo de la salud y la educación o disminuye su tarea disuasiva en la vía pública y en todos los ámbitos en que se debe prevenir el delito-, es natural que ese espacio vacío lo llenen los violentos. Si la sociedad se desentiende del orden público en los niveles de la vida cotidiana, en los vecindarios y en los barrios -o si cree que ganará apelando a la justicia privada o por mano propia, o al crimen por encargo-, lo único que queda por esperar es la destrucción progresiva de la convivencia civil y del tejido social.
Si resulta más fácil, más barato y más expeditivo burlar la ley, sobornar una autoridad, contratar un matón, cooptar un político amigo que cubra un crimen o violentar los parámetros mínimos de vida ciudadana, entonces habrá que prepararse para que crezca el caos y se diluya la justicia. Si los argentinos ingresamos en una lógica hobbesiana, la Argentina violenta será cada vez más una realidad, y la esperanza de construir una nación madura y confiable terminará por esfumarse.
El conjunto de la sociedad argentina reclama paz, seguridad y justicia. Sus fuerzas vivas, sus universidades, sus cámaras, la Iglesia Católica y todos los demás cultos religiosos, las asociaciones civiles, los intelectuales y los comunicadores sociales deben seguir predicando y reclamando con perseverancia políticas y conductas claras y racionales, tendientes a garantizar la seguridad ciudadana, con un denominador fundamental como telón de fondo: el inquebrantable respeto a la ley.
