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La demolición de la seguridad jurídica
Sin plena vigencia del orden jurídico liberal, el futuro es incierto y nadie se atreve a celebrar contratos, invertir en máquinas, emplear personal, alquilar viviendas o ahorrar en bancos
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LA NACION
Cuando un trapecista se arroja al vacío, con los brazos extendidos, confía en que su compañero estará allí para sujetarlo y continuar ambos su exhibición de destreza y confianza recíproca. El éxito de su actuación se basa en la coordinación conjunta de esfuerzos. Ninguno puede fallar, pues hay un protocolo que los dos conocen y que da previsibilidad a sus actos individuales.
La convivencia humana también requiere de un orden, para que la ley prevalezca sobre la imposición del más fuerte. Las formas primitivas de organización social no tenían en cuenta a las personas, sino el interés del grupo. Era un orden despótico, donde se debía sacrificar la libertad individual por el bien colectivo y sus integrantes no eran sujetos, sino engranajes mudos de una máquina tribal operada por un cacique.
La idea de que cada individuo es un fin en sí mismo, con derechos ante el Estado y frente a los demás, es propio de las democracias liberales sobre cuyas bases institucionales se desarrolló el capitalismo. Los inventos, los descubrimientos y la inversión productiva fueron resultado de la introducción de previsibilidad jurídica al esfuerzo por labrar, sembrar, construir y fabricar.
El orden jurídico liberal otorga certezas a la acción humana mediante principios básicos como el respeto a la propiedad, la firmeza de los contratos, la indemnización por daños y la sanción penal. De ese modo, los esfuerzos de unos se coordinan con los afanes de otros, como trapecistas que, aun desconociéndose, se atreven a confiar en extraños sabiendo que esos principios evitarán que caigan al vacío. Sobre la base de esos intercambios provechosos se construyen sociedades que ofrecen vidas dignas, sin indigencia, ni inseguridad.
Desde el fracaso del comunismo, se han introducido variantes de capitalismo autoritario que niegan las formas democráticas y las libertades personales. Sistemas híbridos construidos sobre bases culturales distintas a las naciones occidentales, pues el poder absoluto se apoya en siglos de regímenes autocráticos. En ausencia de Estado de Derecho, se desconoce el significado de la seguridad jurídica, ya que el orden es impuesto por la autoridad política. El capital social es reemplazado por la sospecha y el miedo. La confianza la otorgan la permanencia de los funcionarios y la estabilidad de sus libretos ideológicos, pero no la firmeza del orden jurídico.
En Occidente, el posmarxismo ha sustituido al proletariado por otros sujetos para la lucha anticapitalista, cooptando grupos con diversos reclamos identitarios que cuestionan, desde un nuevo ángulo, el orden jurídico liberal. No advierten que sus reivindicaciones son solo posibles en las sociedades abiertas que toleran el disenso sin que un susurro de Putin a su custodia o una indicación de Xi Jinping a sus lugartenientes, los hagan desaparecer del escenario público en un santiamén. En las marchas kirchneristas cierran filas militantes de derechos humanos, del garantismo, del feminismo, del aborto, de la igualdad de género, de los pueblos originarios o del matrimonio igualitario, sin reconocer que la inseguridad y la pobreza les quitan lo mismo que les han dado.
Esos grupos toman letra de los filósofos franceses que inspiraron las revueltas de Paris en 1968, autores de un relativismo que no puede ofrecer ninguna propuesta alternativa al modelo que incitaron a destruir. Para ellos, las normas de convivencia solo ocultan formas sutiles de dominación capitalista, mientras las instituciones que imponen un cierto orden como el Estado, la Justicia, la religión, la escuela, la familia, la milicia o la prisión, serían instrumentos de dominación utilizados por quienes detentan el poder, para modelar una sociedad disciplinaria. Pero predicar la “imaginación al poder” o “prohibido prohibir” no basta para alimentar, educar ni curar.
En la Argentina, el kirchnerismo embistió contra las bases del capitalismo democrático utilizando esos conceptos de forma rudimentaria pues su objetivo no es gobernar para mejorar el futuro, sino para ganar poder, ocupar cargos y lograr la impunidad de la vicepresidenta. Como todo es de corto plazo, jamás comprendió la función del orden jurídico como garantía de previsibilidad e impulsor de empleo e inversiones.
Axel Kicillof, su vocero más respetado, acuñó una expresión inolvidable, síntesis de su propia gestión: “seguridad jurídica y clima de negocios son palabras horribles”. En su visión irreflexiva, como el Estado no es el problema sino la solución, un país progresa cuando se expande la burocracia, se otorgan nuevos derechos y se aumenta el gasto público para darles vigencia, aunque estallen la inflación, la pobreza y la inseguridad. El respeto a las instituciones sería una exigencia imperial para gobernantes genuflexos.
En ese raid de demolición institucional, se expropiaron empresas privatizadas, se estatizaron las AFJP y se vació el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se expropió YPF sin cumplir con su estatuto; se entró en el octavo “default” y se reestructuró mal la deuda pública. Se falseó el índice del PBI y se violaron los marcos regulatorios de servicios concesionados. Se controlaron precios y se congelaron tarifas, peajes, alquileres y cuotas de prepagas. Se destruyó la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. Se creó un cepo cambiario dejando al país sin reservas, con daño a la producción rural e industrial.
En paralelo, se consintieron ocupaciones de campos, tomas de fábricas, bloqueos camioneros, liberaciones de presos, usurpaciones de tierras, roturas de silobolsas, intrusiones de viviendas, cortes de rutas y saqueos de comercios. Tampoco se evitó el auge del narcotráfico y la corrupción policial.
No es de extrañar entonces que, al haberse demolido la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones, la Argentina se encuentre en una crisis de pobreza y de inseguridad autoinfligida. Sin plena vigencia del orden jurídico liberal y habiéndose mellado el respeto a la propiedad, la firmeza de los contratos, la indemnización por daños y la sanción penal, la sociedad sufre una regresión a tiempos ancestrales. Sin esas bases institucionales, el futuro es incierto y nadie se atreve a celebrar contratos, invertir en máquinas, emplear personal, alquilar viviendas o ahorrar en bancos. Sin capital social, es necesario un gendarme en cada esquina para evitar la violencia y la justicia por mano propia.
Utilizando la metáfora inicial, los argentinos, trapecistas del trabajo, el ahorro y la inversión, descreen de las reglas de su país y se retraen con desconfianza, optando por no alargar sus brazos ni tender sus manos hacia los demás, por temor a caer al vacío sin red, ni Estado presente que los contenga.
