La deuda pendiente con las víctimas del terrorismo
Se debe hacer efectivo el justo y merecido reconocimiento a quienes murieron en defensa del regimiento de Formosa, hace ya 44 años
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LA NACION
Hace tres meses, el presidente Mauricio Macri rendía un tardío homenaje público a los defensores del Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa, que rechazaron el ataque de la organización Montoneros, en octubre de 1975, comprometiéndose a indemnizar a sus familiares tal como plasmó en un DNU dos días antes de dejar el cargo.
En una acción bélica cinematográfica conocida como Operación Primicia, Montoneros secuestró un vuelo con 102 pasajeros de Aerolíneas Argentinas, en Aeroparque, para desviarlo a Formosa, copó allí el Aeropuerto Internacional El Pucú, con toma de rehenes, y atacó el referido cuartel militar, tras lo cual los miembros de esa organización se fugaron en el avión secuestrado para aterrizar en una pista preparada para la ocasión, cerca de Rafaela, Santa Fe. El ataque tenía por objetivo robar armamento y munición para continuar la lucha armada con el fin de desestabilizar al gobierno democráticamente elegido, encabezado por María Estela Martínez de Perón.
En media hora de feroz combate, cayeron muertos 12 atacantes montoneros y 12 defensores del regimiento. Hubo numerosos heridos de ambos bandos y un policía formoseño fallecido en el aeropuerto local. La Operación Primicia fue un fracaso. Al día siguiente del ataque, por decreto presidencial, el gobierno constitucional dispuso el aniquilamiento del accionar subversivo a cargo de las Fuerzas Armadas y subordinó a órdenes de aquellas a las fuerzas de seguridad.
En 1983, al recuperarse la democracia, la represión ilegal de la dictadura militar quedó en la mira. La política de Memoria, Verdad y Justicia contemplaba también el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Ejército Montoneros, las organizaciones guerrilleras más importantes en la guerra revolucionaria librada. Asistimos desde entonces al informe de la Conadep, conocido como Nunca más; al juicio y a la condena de las juntas militares; a los procesos judiciales contra los cabecillas de la guerrilla; a las leyes de punto final y obediencia debida; a las llamadas "leyes reparatorias" para muertos, desaparecidos y detenidos víctimas de la violencia estatal, y a los indultos a jefes militares y guerrilleros.
A partir de 2003, con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, una versión maniquea, deliberada y burdamente simplificada de nuestra historia reciente ganó terreno. Por un lado, la falseada cifra de 30.000 desaparecidos se instaló como verdad para muchos y los juicios por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos plagados de irregularidades jurídicas, continuaron sumando acusados, procesados, detenidos, condenados y muertos en prisión, muchos sin siquiera tener condena. No nos cansaremos de señalar desde estas columnas que sus derechos humanos no se respetan, como recientemente denunció el propio obispo castrense, monseñor Santiago Olivera. Mientras tanto, los crímenes y víctimas del terrorismo, como los soldados fallecidos en Formosa, son ignorados por la historia.
Tres informes oficiales -el de la Conadep de 1984, el de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 y el del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) de 2015- pormenorizan los casos y las circunstancias de las muertes y desapariciones de 8631 personas, entre 1966 y 1983. De hecho, el Parque de la Memoria, emplazado en la Costanera Norte, identificado como Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, lleva inscripto el nombre de 8751 muertos o desaparecidos, entre 1969 y 1983.
Las llamadas leyes reparatorias, cuya interpretación y aplicación siempre favorecieron a las víctimas de la violencia estatal incluyeron indemnizaciones para exdetenidos (ley 24.043), indemnizaciones por desaparición forzada o muerte (ley 24.411), indemnización para hijos de detenidos, muertos y desaparecidos (ley 25.914) y pensiones graciables para exdetenidos (ley 26.913).
Deliberadamente, no existen registros oficiales en los que consten los montos abonados y sus destinatarios. Investigaciones periodísticas con información reconstruida hasta fines de 2015 dan cuenta detallada de casi 20.000 indemnizaciones pagadas por un total superior a los 2000 millones de dólares en moneda actual. Se suman las compensaciones pagadas entre 2015 y 2019 y los más de 7300 reclamos pendientes por detenciones ilegales y exilios forzosos que representan, también en moneda actual, otros 475 millones de dólares.
En total asimetría, nada cobraron las víctimas de las guerrillas. El recuerdo, el homenaje y la gratitud se circunscribieron exclusivamente a sus familias, amigos, camaradas e integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ningún informe oficial las reconoce. Ningún monumento nacional las homenajea. Ausencia de reparación moral y también monetaria.
Paradójicamente, los nombres de los montoneros abatidos en el ataque al regimiento de Formosa están inscriptos en el Parque de la Memoria. Para los informes oficiales, fueron "asesinados" por agentes estatales, y sus familiares cobraron indemnizaciones por considerárselos víctimas del terrorismo de Estado. Quienes, en cambio, ofrendaron sus vidas en defensa de la democracia fueron borrados de la historia y de la memoria colectiva. Es esta la flagrante injusticia que ha intentado reparar el presidente Macri, el primer presidente desde 1983 que homenajeó e indemnizó a víctimas de las guerrillas revolucionarias. Se deben destacar las gestiones del exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, tanto en el tributo presidencial como en la reparación económica en ciernes, y las de los diputados nacionales por Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce (Juntos por el Cambio), quienes habían impulsado diversos proyectos de ley indemnizatorios.
Jovina Luna, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, caído el 5 de octubre de 1975 al grito de "¡aquí no se rinde nadie, mierda!", tenía entonces 11 años. Esta valiente formoseña presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal, solicitando que se investigue el indebido pago de indemnizaciones a los atacantes del regimiento de Formosa, al tiempo que pidió que los nombres de los guerrilleros abatidos sean retirados del Parque de la Memoria y del Ruvte. La causa, que recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, ha sido caratulada "NN, s/estafa", y el Ministerio de Economía, al responder un requerimiento del fiscal Ramiro González, confirmó con precisión lo denunciado por Jovina Luna: se han pagado indemnizaciones por nueve de los montoneros abatidos en combate aquel día.
El 17 de diciembre pasado, los familiares de los caídos y los sobrevivientes de este ataque al regimiento formoseño elevaron un pedido al Ministerio de Defensa, como órgano de aplicación, instando a hacer efectivo el pago aprobado por el DNU del 6 de ese mes. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha manifestado su firme compromiso de contribuir a cerrar la denominada "grieta" y, en ese sentido, tiene frente a sí una oportunidad insustituible. Luego de 44 años del violento episodio, podría ratificar y ordenar que se ejecute sin más demoras el DNU que reconoce el pago de la merecida reparación.
Es hora de que los argentinos encontremos el camino para recordar, honrar y homenajear a todos nuestros muertos. Es tiempo de mitigar el dolor y sufrimiento de todas las víctimas sobrevivientes de aquella década trágica, lo cual contribuiría a unirnos en la diversidad para encarar los enormes desafíos del presente. El mundo ha cambiado. Los problemas que hoy enfrentamos nos convocan a superar aquellas visiones encontradas que tanto daño nos han hecho. Dejemos ya de enfrentarnos entre nosotros. Enfrentemos, juntos, los nuevos retos y oportunidades.
LA NACION
