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La emisión monetaria, presente en la transición
El fin de la gestión de Macri y el comienzo de la de Fernández habrían requerido un mejor empalme y una mejor coordinación para anticipar medidas correctivas
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LA NACION
La emisión monetaria ha reaparecido como último y necesario recurso de un comprometido cuadro fiscal. Es consecuencia de la imposibilidad de lograr colocar nueva deuda o renovar vencimientos en condiciones razonables, ya que no hay espacio para aumentar la recaudación impositiva ni reactivar los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. El cuadro fiscal en la transferencia del gobierno fue descripto por el presidente saliente Mauricio Macri en su exposición por cadena nacional. Una semana antes lo había hecho el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien categorizó el problema como de liquidez y no de solvencia. La realidad es un aumento nominal del gasto que se explicitó mediante un decreto de necesidad y urgencia del 28 de octubre pasado, con un aumento del presupuesto de este ejercicio de 400.000 millones de pesos.
La emisión monetaria comenzó a concretarse a mediados de noviembre último, luego de 20 meses en que no se utilizaba esa fuente de recursos. En esta ocasión fue por un monto de 20.000 millones de pesos, imprescindibles para cumplir con retrasos acuciantes. La suma emitida significa un 1,2% de la base monetaria. No parecería ser significativo, sin embargo debe considerarse que esta emisión no tiene como contrapartida un aumento de la demanda de dinero, sino lo contrario. En los últimos meses, los argentinos están desprendiéndose de los pesos a velocidad creciente, volcándose a bienes o a divisas. En estas circunstancias se potencia el efecto inflacionario de cualquier emisión.
Los mercados de capitales, tanto el local como los del exterior, tienen una mala percepción de la situación fiscal argentina. El riesgo país orilla los 2500 puntos básicos y debe reconocerse que esta pesimista evaluación del riesgo tiene una relación evidente con el gobierno que se iniciará mañana. Justamente, el deterioro abrupto e importante del riesgo país ocurrió el 11 de agosto pasado, cuando las elecciones primarias mostraron el casi seguro triunfo del binomio Fernández-Fernández. Hasta entonces, el trabajo fiscal, sin ser contundente, lograba reducir el déficit primario y mejorar levemente las expectativas. Luego, al confirmarse el resultado electoral el 27 de octubre, las incertidumbres no declinaron, entre otras razones como consecuencia de la demora en designar el gabinete. Este finalmente recién se conoció cuatro días antes de la asunción e incorpora elementos del kirchnerismo duro y dogmático en un exuberante organigrama de 21 ministerios. Si bien hay un ministro de Economía, hay otros cuatro con injerencia en la política económica. Por otro lado, durante los casi cuatro meses de la transición, el discurso y los movimientos internacionales de Alberto Fernández no ayudaron a construir confianza. También durante este período se produjeron anuncios que implican mayor compromiso fiscal, tales como la tarjeta alimentaria y un aumento de la jubilación mínima y los salarios de empleados públicos. En el mismo sentido, el presidente electo ha manifestado su voluntad de apartarse de las reformas estructurales. El incremento del número de ministerios denota una falta de consideración hacia la necesidad de reducir el gasto burocrático. Además, se ha descartado una reforma laboral de alcance general que elimine una de las trabas más notorias para la llegada de inversiones. Hasta ahora no ha habido muchos motivos para recuperar confianza.
El financiamiento con emisión podría atenuarse en caso de desbloquearse la ayuda del FMI. Las recientes declaraciones más contemporizadoras de Alberto Fernández parecieran modificar la posición agresiva de aquel comunicado en el que acusó a los funcionarios de ese organismo de haber incumplido con su estatuto y cuya consecuencia fue la suspensión de los desembolsos remanentes. Sin embargo, la designación del discípulo de Joseph Stiglitz Martín Guzmán como ministro de Economía pareciera descartar esa única fuente de financiamiento en condiciones accesibles. La posición conocida de estos economistas, aunque colisione con la aritmética, es pagar la deuda con crecimiento sin recurrir al FMI. La perspectiva es la imposibilidad de lograr mayores ingresos impositivos, aunque lo intenten. Por lo tanto, los compromisos de la deuda pública deberán ser reestructurados; de lo contrario, deberán financiarse con emisión. Ninguna de ambas opciones es deseable y ambas implican riesgos y efectos negativos. La recuperación de la confianza no concilia con la heterodoxia económica.
El fin de la gestión del presidente Macri y el comienzo de la de Fernández habrían requerido un mejor empalme y la coordinación de los programas con la anticipación de medidas correctivas. Esto es particularmente más importante cuando hay riesgos como los que pueden presumirse de la necesidad de haber recurrido a la emisión monetaria.
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