La familia de los presidentes

En el contexto de las investigaciones que se llevan adelante por los hechos de violencia ocurridos el 20 de diciembre último en la Plaza de Mayo, que provocaron la muerte de cinco personas, la fiscalía ha pedido que preste declaración indagatoria Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente. La magistrada considera necesario esclarecer la participación que habría tenido ese integrante de la familia presidencial en la adopción de las decisiones que condujeron a la represión policial ejecutada en la histórica plaza.

La citación del hijo del ex jefe del Estado llama la atención, dado que no desempeñaba ningún cargo oficial en el gobierno presidido por su padre. Por supuesto, esa circunstancia no excluye de ningún modo la posibilidad de que Antonio de la Rúa haya asumido de hecho, en algún momento, responsabilidades personales de directa incidencia en el desarrollo de los acontecimientos que investiga la Justicia.

Más allá de lo que en definitiva la jueza consiga establecer -y de la constancia que quede de ello en la causa-, no parece ocioso reflexionar sobre las relaciones que un presidente de la República debe mantener con los miembros de su familia, y particulamente con sus hijos, con respecto a los asuntos de gobierno. En el caso de la vinculación que el doctor De la Rúa mantuvo con su hijo Antonio se tejió toda clase de comentarios y suposiciones, en su mayor parte tendientes a subrayar la influencia intensa y sostenida del hijo sobre el padre en la toma de ciertas decisiones de gobierno. El hecho de que Antonio de la Rúa integrara un grupo político en el que revistaban personas que ocupaban cargos públicos de alta responsabilidad contribuyó a otorgar verosimilitud a esas conjeturas.

Si el ex presidente estuvo sometido o no, en momentos decisivos de su gestión, a la presión de su entorno familiar es algo que resulta difícil de establecer con certeza desde una columna periodística. Lo cierto es que la opinión pública tuvo la percepción de que Antonio de la Rúa ejerció una influencia considerable en los asuntos públicos y el solo hecho de que esa sensación haya prevalecido en el ánimo ciudadano contiene una aleccionadora advertencia, a la que otros gobernantes -actuales o futuros- deberían prestarle atención.

No es saludable para el buen funcionamiento de las instituciones republicanas que un presidente de la Nación otorgue protagonismo a los miembros de su familia en materia de decisiones públicas, dado que sólo sobre él recae la representación popular. Lo correcto -y lo deseable- es que la participación de quienes acompañan al jefe del Estado en la esfera de los afectos se limite a las meras circunstancias protocolares y que exista en todo momento una diferenciación bien clara entre lo que significan las responsabilidades públicas y lo que debe quedar circunscripto al plano de las relaciones de familia. La Argentina ha tenido malas experiencias en esta materia, especialmente las que se gestaron al abrigo de la insólita tradición de nepotismo conyugal inaugurada por el peronismo.

Por lo demás, es obvio que si un hijo del presidente tomó atribuciones que no le correspondían, la responsabilidad principal debe recaer sobre quien no ejerció a tiempo, y con la autonomía debida, la doble autoridad de jefe del Estado y de padre de familia que pesaba sobre sus hombros.

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