La fragilidad de la memoria cívica
La presencia de Alberto Fernández en una universidad privada no le devolverá la autoridad moral que sus propios actos destruyeron
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El reciente encuentro público que el expresidente Alberto Fernández mantuvo con un grupo de estudiantes en las instalaciones de la Universidad Torcuato Di Tella nos lleva a preguntarnos si nuestra memoria cívica es tan débil que basta el paso del tiempo, acompañado de algunas fotografías sonrientes, para devolver una apariencia de respetabilidad a quienes han defraudado gravemente la confianza pública.
Pocos expresidentes argentinos han concluido su mandato con un descrédito semejante al de Fernández. Su gestión dejó un balance económico desastroso, una sucesión de declaraciones disparatadas y una penosa exhibición de subordinación política frente a quienes lo habían llevado al poder. A eso se sumaron conductas incompatibles con la dignidad de su investidura, como la celebración de un fastuoso cumpleaños en la residencia presidencial mientras millones de argentinos soportábamos severas restricciones sanitarias.
Su manejo de la pandemia merece un capítulo particularmente severo. Las demoras y dificultades en la provisión de las vacunas adecuadas, mientras el Gobierno apostaba inicialmente por otros proveedores –algunos con oscuras credenciales–, suscitaron interrogantes sobre decisiones adoptadas cuando cada semana se perdían muchas vidas humanas. La extravagante política de desacreditar vacunas y proveedores de demostrada eficacia y la ausencia de explicaciones sobre las oportunidades perdidas, las prioridades elegidas y las consecuencias de los retrasos todavía no han sido suficientemente aclaradas. El escándalo del vacunatorio VIP agregó a aquella emergencia sanitaria una manifestación intolerable de privilegio.
Tampoco puede olvidarse su actitud frente a la Justicia. Durante el juicio de la causa Vialidad, Fernández pronunció ominosas palabras sobre el fiscal Diego Luciani, a quien recordó públicamente la suerte corrida por Alberto Nisman. El propio Luciani ha señalado que debió ejercer su tarea de defender los intereses generales de la sociedad frente a la corrupción mientras el poder político intentaba doblegar y colonizar otro poder del Estado. La independencia judicial y la división de poderes no son preferencias partidarias: constituyen condiciones esenciales de la democracia.
Hoy Fernández enfrenta, además, graves procesos judiciales; entre ellos, uno por denuncias de violencia contra su expareja. Corresponderá a los tribunales establecer las responsabilidades penales. Pero la presunción de inocencia no obliga a suspender el juicio político y moral sobre su nefasta trayectoria pública.
En ese contexto, un grupo de estudiantes decidió invitarlo a conversar en la Universidad Torcuato Di Tella. Los estudiantes tienen derecho a escuchar a quien deseen, incluso como en este caso a los protagonistas de los mayores fracasos de nuestra vida pública. Una universidad debe preservar la libertad de pensamiento y la confrontación de ideas, aunque no está obligada a ofrecer una tribuna a cualquier personaje público. Su responsabilidad académica consiste en procurar que sus principios de integridad, rigor y pensamiento crítico tengan expresión efectiva.
¿De qué sirve proclamar la importancia de la independencia judicial si no se exige a quienes ejercieron el poder que expliquen sus ataques a ella? ¿Qué valor tiene enseñar ética pública si las conductas que la contradicen terminan diluidas en una conversación amable? ¿Qué formación reciben los futuros dirigentes si la notoriedad de un invitado basta para desplazar el examen de sus responsabilidades?
Las imágenes difundidas por el propio Fernández después del encuentro lo muestran sonriente, rodeado de estudiantes y posando para selfies. No corresponde reprochar a los jóvenes su cortesía ni presumir que esas fotografías expresan admiración. Según las crónicas, durante la reunión se trataron cuestiones controvertidas de su gobierno. Pero el uso posterior de aquellas imágenes permite advertir cómo una reunión universitaria podría convertirse en instrumento de rehabilitación pública, independientemente de las intenciones de sus organizadores.
Las democracias necesitan algo más que tribunales para preservar sus valores. La responsabilidad penal exige pruebas y sentencias. La responsabilidad política y moral pertenece a otro orden: se construye mediante la memoria, el juicio crítico y la capacidad de distinguir entre quienes han honrado la función pública y quienes la han degradado.
Una democracia no debe borrar a sus malos gobernantes ni prohibirles aparecer en público. Debe recordar sus actos, estudiar sus errores y exigirles explicaciones.
El problema no es, por tanto, que Alberto Fernández haya entrado en una universidad. Es que una sociedad que olvida demasiado pronto corre el riesgo de confundir el acceso a un ámbito prestigioso con la recuperación del prestigio personal.
Nadie tiene derecho a impedirle hablar. Pero haber sido presidente no exime a Alberto Fernández de rendir cuentas por su conducta ni obliga a la sociedad a honrarlo.
La libertad de expresión protege el derecho del expresidente a hablar de lo que quiera y a callar lo que le interese mantener oculto. Pero la memoria cívica debe impedir que el olvido le devuelva una autoridad moral que sus propios actos destruyeron, por escasa que haya sido.
