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La fuerza destructiva del contrabando
Urge que la competencia se desarrolle conforme las leyes, con igualdad de condiciones, preservación de fuentes de trabajo y, muy especialmente, en resguardo de la salud de la población
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LA NACION
Hace ya demasiado tiempo que el crecimiento del contrabando dejó de ser un fenómeno marginal en nuestro país para convertirse en uno de los principales factores de distorsión de la economía. Tan aceitado está que excede actualmente la cuestión fiscal y los problemas de seguridad. Hoy está en juego la supervivencia de miles de empresas que producen, invierten, generan empleo y cumplen con las obligaciones que impone la ley, mientras deben competir con mercadería que ingresa al país al margen de cualquier monitoreo. Yendo más al hueso del problema, en muchos casos está en juego, incluso, la salud y la vida de las personas que adquieren productos de cuya factura no se tiene el menor registro ni han pasado por los controles de rigor.
En efecto, cada artículo que entra de contrabando desplaza ventas de comerciantes registrados que pagan una tan absurda como nociva superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que afrontan costos laborales, cumplen normas sanitarias y ofrecen garantías al consumidor.
Según un estudio realizado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi),el comercio ilegal ronda el 5% del PBI en países como la Argentina y Brasil. Y alcanza picos de hasta 8% en mercados como México.
El perjuicio es general, pero recae con fuerza destructiva sobre las pequeñas y medianas empresas, que disponen de mucho menos margen para absorber semejante desigualdad de condiciones.
El informe Impacto adverso del contrabando, elaborado por la consultora MAP, confirma esa anomalía. Sostiene que el comercio ilegal dejó de ser un problema aislado para transformarse en un fenómeno con impacto negativo sobre el Estado, las empresas y los consumidores.
Las cifras revelan la enorme magnitud del problema. Según ese relevamiento, el Estado dejó de percibir hacia fines de 2025 alrededor de 2300 millones de dólares en ingresos fiscales solamente en algunos sectores relevantes. Ese monto equivale al 90% de la recaudación anual de impuestos internos, al 45% de las retenciones a las exportaciones o al 25% de lo recaudado por el impuesto al cheque.
Las áreas más afectadas muestran niveles de penetración difíciles de justificar en un país que pretende fortalecer su economía formal. Cerca del 40% de la cerveza comercializada, por ejemplo, tiene origen ilegal; en neumáticos, el fenómeno supera el 30%; en agroquímicos ronda el 15%; en cigarrillos representa aproximadamente el 10% del mercado, y, en celulares, uno de cada tres equipos se comercializa fuera de los canales legales.
El caso de los teléfonos celulares ilustra con claridad el agravamiento de la situación. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), el contrabando pasó de representar el 7% para pasar al 35% del mercado en apenas unos años. Ingresan unas 50.000 unidades por semana por vías ilegales, alimentando un circuito que erosiona a los importadores formales, a la producción registrada y a toda la cadena comercial.
Sería un error y hasta una simplificación decir que el fenómeno se circunscribe al ingreso clandestino de mercadería por las fronteras del país. Muchas plataformas digitales, redes sociales y grupos de mensajería permiten conectar de manera directa a vendedores y compradores, multiplicando el alcance del comercio ilegal y dificultando aún más las tareas de fiscalización. El contrabando ya no depende exclusivamente de un puesto callejero o de una feria informal. Hoy encuentra en los canales digitales una extraordinaria capacidad de expansión. Como en otros aspectos de la vida, es hora de estudiar seriamente la injerencia de la virtualidad. Lo reconocen los técnicos, los políticos y la Justicia. No es ninguna novedad el atraso que llevamos para afrontar los efectos de una tecnología que avanza a velocidad inusitada.
Respecto de las fronteras físicas, muy poco ha cambiado. Siguen actuando como verdaderos coladores por los que circulan productos sin controles, de la mano de organizaciones dedicadas profesionalmente al contrabando.
Por otra parte, las gravosas consecuencias del comercio ilegal exceden la pérdida de recaudación. El informe de MAP sostiene, además, que el contrabando erosiona los precios de referencia y desalienta la innovación. En la misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también advierte que esa práctica socava la salud económica de los sectores formales, y coloca en desventaja a quienes cumplen con exigencias de trazabilidad, calidad y seguridad.
Combatir el contrabando exige mucho más que operativos ocasionales. Requiere recuperar controles inteligentes, reforzar la vigilancia en las fronteras, coordinar acciones entre los organismos públicos y adaptar las herramientas de fiscalización al nuevo escenario digital. También demanda una decisión política sostenida para proteger a quienes producen, invierten y trabajan dentro de la ley.
La economía formal no puede seguir librando una tan despiadada como desigual competencia contra organizaciones delictivas. Frenar el contrabando es una condición indispensable para que la competencia se desarrolle conforme las leyes, con igualdad de condiciones, preservación de fuentes de trabajo y, muy especialmente, en resguardo de la salud de la población.
Tipo de trabajo:
opinión
