La ilusión de los Precios Cuidados

Los controles de precios han fracasado siempre como instrumento contra la inflación, que reconoce otras causas que el Gobierno se niega a atacar

Ante una inflación que no se detiene, el programa de Precios Cuidados cumple ya siete años. Fue diseñado por el entonces ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. En rigor, solo le cambió la denominación al sistema de control de precios que venía aplicando el gobierno kirchnerista. Los métodos prepotentes del anterior secretario de Comercio Guillermo Moreno necesitaban una vestimenta menos agresiva, de tono paternalista. Apareció así el adjetivo "cuidados".

Influido por sus asesores de marketing político, el gobierno de Mauricio Macri le dio continuidad, al percibir que un alto porcentaje de la población cree erróneamente que la inflación se debe a la remarcación injustificada de precios por parte de comerciantes y empresarios. Pero lo cierto es que en estos últimos siete años los valores de los productos de primera necesidad comprendidos en Precios Cuidados, al igual que los no comprendidos, aumentaron entre un 600% y un 700%.

La realidad es que la inflación tiene otras causas y que, salvo algunas pocas excepciones, la remarcación es solo una consecuencia.El control de precios ha fracasado siempre como instrumento antiinflacionario. Así ha ocurrido aquí y en cualquier otro lugar del mundo. En cambio, ha generado escasez, desaliento a la inversión, informalidad y corrupción.

La creencia popular en la culpabilidad de comerciantes y empresarios es alimentada intencionalmente por sectores ideologizados que les agregan a sus argumentos el confrontativo ingrediente de la pugna distributiva. Ellos alegan que los empresarios pujan por obtener ganancias extraordinarias y una mayor porción de la renta nacional. Y que lo hacen a costa de los trabajadores y consumidores, o sea, del pueblo. Señalan en particular a los grandes empresarios, exponentes del "capital concentrado", aunque paradójicamente repudian la apertura a la competencia internacional. Si quedara algún espacio para movimientos abusivos de precios es porque hay mercados protegidos, salvo los casos cada vez más infrecuentes de monopolios naturales. Solo en estos casos, referidos a algunos servicios públicos, cabe la regulación de tarifas o precios.

Los controles de precios, así como la inflación en la Argentina, están en la esencia del peronismo. Nuestro país gozó de estabilidad hasta mediados de los cuarenta, cuando Juan Domingo Perón emergió tras el golpe del 4 de junio de 1943 e instrumentó políticas que se consolidaron en su presidencia desde 1946. Estas produjeron un aumento de los costos laborales, que se sumaron al proteccionismo frente a mercados internos limitados. Además, eso coincidió con la expansión del gasto público y la consecuente emisión monetaria. Estos factores pusieron en marcha la inflación. Perón reaccionó instrumentando controles de precios, congeló alquileres y arrendamientos y sancionó una legislación para perseguir a comerciantes y empresarios a quienes se les adjudicaba la responsabilidad de aumentar los precios y provocar inflación. El encarcelamiento emblemático de comerciantes bajo la acusación de "agiotistas" solo generó terror, pero no impidió que la inflación continuara. Los precios aumentaron un 18% en 1946 hasta alcanzar un 50% anual en 1951. Perón temió perder el apoyo popular del que gozaba y convocó a Alfredo Gómez Morales, quien puso en marcha un programa antiinflacionario ortodoxo. Accionó sobre el gasto público y limitó la expansión monetaria; logró así reducir la inflación al 4 % anual en 1953. Sin embargo, esta lección no fue aprendida, y el populismo y el estatismo consiguieron olvidarla, a excepción del período 1991-2001 con la aplicación de la convertibilidad. No obstante, tampoco en ese período se pudo anular el déficit fiscal, principal causa de la insostenibilidad de esa regla monetaria.

La Argentina lleva el récord mundial de duración de un proceso inflacionario. Con ese intervalo de un decenio llevamos 75 años desde que apareció el fenómeno. Atravesamos tres episodios hiperinflacionarios en 1975/76, 1989 y 1990. La moneda ha perdido formalmente 13 ceros, aunque realmente deberían ser 15. Hoy el país enfrenta nuevamente un escenario de alto potencial inflacionario. Aun descontando los costos de la pandemia, el nivel del gasto público es desmesurado y, a pesar de una insoportable presión impositiva, el déficit fiscal está requiriendo una diarreica emisión monetaria. La de 2020 habría superado los dos billones de pesos. Su impacto inflacionario se está haciendo notar, aunque fue morigerado por la absorción monetaria de algo más de 850.000 millones de pesos lograda mediante colocaciones de letras y de títulos a muy altas tasas de interés. Esto permitió acotar el crecimiento de la base monetaria en los últimos 12 meses en solo un 24%. Además, hubo un providencial aumento de la demanda de dinero ocasionada por la cuarentena y sostenida por las necesidades de liquidez de fin de año. Ninguna de estas circunstancias será sostenible y el costoso endeudamiento actuará como un salvavidas de plomo. El control de precios tendrá los mismos efectos destructivos que siempre tuvo, lejos de lograr detener la inflación. La limitación del aumento de las tarifas de servicios públicos, postulada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, podrá ayudarla en lo inmediato en su expectativa electoral, pero irremediablemente llevará a cortes de energía y al deterioro de las prestaciones, como ya ha ocurrido. Aumentarán los subsidios y el déficit fiscal.

No hay otro camino que el de las reformas estructurales. El aumento del precio de la soja no alcanzará para resolver los inmensos desequilibrios existentes. No se trata de una exigencia del FMI, sino de una ciudadanía que pretende estabilidad, menos pobreza y un futuro contrapuesto con el proyecto de país que proponen quienes hoy ejercen el poder y cuyas apetencias electorales continúan conduciéndonos al abismo.