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La industria de los secuestros
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Desde fines de 2001 se ha ido consolidando una nueva modalidad delictiva, de trágicas consecuencias para el conjunto de los argentinos. Nos referimos al secuestro de personas, que desde esa fecha se ha incrementado en forma vertiginosa.
Surge una dificultad para cuantificar el aumento de ese temible delito, debido a que existe una cifra negra de casos que los familiares no denuncian a las autoridades por temor a poner en riesgo la vida del secuestrado. Un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, basado en la información periodística, sostiene que en 1999 se perpetraron ocho secuestros, sólo cuatro durante 2000 y trece a lo largo de 2001. En 2002 el número de secuestros experimentó un crecimiento explosivo: aumentó a 259, con un promedio de un secuestro cada día y medio.
En los meses que han transcurrido de 2003 se habrían producido por lo menos 115 secuestros. El Gran Buenos Aires, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Rosario, el Gran Rosario y Cuyo son las zonas que afrontan en la actualidad un mayor riesgo de sufrir un secuestro en la Argentina. Entre los partidos del conurbano, Lomas de Zamora, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Pilar y Morón se presentan como los más peligrosos. En los últimos meses, la zona oeste del Gran Buenos Aires fue escenario de varios secuestros en los que participaron bandas muy bien organizadas, del tipo de las que protagonizaron los casos de Florencia Macri, el ingeniero Rodríguez Varela, Gisella Becacece, Facundo Laffont y, más recientemente, Cirelli y Astrada.
Los secuestros se incrementaron abruptamente en la Argentina. Entre 2001 y 2002 crecieron en un 2000%. Sin embargo, no se trata de un fenómeno aislado, sino de una realidad que se enmarca en un crecimiento generalizado de la violencia y de la criminalidad.
Además, hay que agregar que, si bien el aumento de este delito en sí mismo resultó desproporcionado, los secuestros siguen representando un mínimo porcentaje del total de los actos criminales que se cometen. En efecto, los 259 secuestros de 2002, comparados con más de un millón de delitos que se registra anualmente en la Argentina, aparecen como insignificantes: representan menos del 0,05% del total. La gravedad del delito de secuestro, sin considerar el tremendo shock que provoca en cada víctima y en cada familia, radica más en su impacto sobre la sensación general de inseguridad y de indefensión que en su peso específico sobre el volumen cuantitativo global de la delincuencia.
Del año pasado al actual se produjo una modificación en la tendencia de los tipos de secuestro perpetrados. 2002 fue el año de los secuestros exprés o al voleo, motivados por las restricciones monetarias impuestas por el famoso "corralito" y llevados a efecto por delincuentes comunes con poca experiencia, que pretendían obtener beneficios económicos en muy poco tiempo. Como esos malvivientes obtuvieron buenos ingresos, muchas de esas bandas se terminaron "profesionalizando".
El año actual muestra una mayor proporción de secuestros planificados, bastante más extensos y orientados al cobro de rescates más elevados. En consonancia con esa evolución, los secuestros se extienden actualmente entre quince y veinte días, en comparación con los ocho días que solían durar en 2002.
El cambio de modalidad de los secuestros exprés a los secuestros planificados se encuentra directamente asociado a la participación de bandas cada vez más experimentadas. Las organizaciones de secuestradores cuentan hoy con un modo de planificación que se parece más al de los grupos terroristas, ya que se encuentran divididas en pequeños grupos, de acuerdo con una distribución interna del trabajo.
Cada una de esas células tiene a su cargo una función especial: estudiar los movimientos de la persona que va a ser secuestrada, atraparla, mantenerla bajo custodia, negociar con la familia, cobrar el rescate, liberarla. Los integrantes de cada célula no conocen la identidad de los restantes miembros de la banda, ni las funciones que les están asignadas, ni el lugar en el que se encuentran o se reúnen.
En la mayor parte de los casos se mueven en villas de emergencia y en barrios marginales: allí obtienen la protección y el anonimato que necesitan para llevar adelante sus sombrías acciones. Lamentablemente, como ocurre en casi todo el campo del delito, los secuestradores han perdido ciertos códigos básicos de respeto por la víctima. El secuestro de menores y el asesinato de las personas secuestradas aun después del pago del rescate son datos de la realidad que reflejan esa perversa tendencia.
Para combatir ese flagelo, en septiembre de 2002 el gobierno nacional puso en funcionamiento la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas. Esa comisión elaboró una serie de recomendaciones, que se materializaron en proyectos de ley y que, aunque preveían un aumento de penas para ciertos delitos, escapaban al tradicional recurso retórico de agravar las penalidades como medio para reducir el delito.
Se propuso, además, la introducción de la figura del arrepentido, la creación de un fondo de recompensas para quienes brinden información y el otorgamiento de mayores facultades a los fiscales en la investigación de estos delitos. En la provincia de Buenos Aires se creó la Brigada Antisecuestros en julio del año pasado, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la Policía Federal Argentina dispuso un fuerte operativo cerrojo por medio del cual se controlan los accesos a la ciudad.
El 16 del actual la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para los casos de los delitos de secuestro y privación ilegítima de la libertad y otorgan un protagonismo central a los fiscales en la investigación de esos casos. Es una medida que debe celebrarse, ya que implica incorporar a la recientemente sancionada ley modificatoria del Código Penal las herramientas operativas necesarias. En efecto, la sanción de esta nueva reforma legal -y, recientemente, de las que crean el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y el Fondo Permanente de Recompensas- demuestra la intención de avanzar integralmente hacia la búsqueda de una solución contra el problema de los secuestros.
Debe aplaudirse la rapidez con que han sido aprobados estos proyectos. Siempre que estén insertos en el marco de una política integral de seguridad, permitirán contar con más y mejores herramientas para liberar a los argentinos de la perversa industria de los secuestros.
