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La lección que deja Gustavo Bossert
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La renuncia del doctor Gustavo Bossert al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un inequívoco significado moral. La sociedad argentina debe aprovechar la lección que deja el gesto de ese magistrado de sólida versación jurídica y reconocido prestigio.
Bossert se aleja de la función que le fue encomendada porque el inconsistente cuestionamiento que formuló contra él la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados lo ha dejado sin el "ánimo" y sin el "entusiasmo" que el ejercicio de la función judicial requiere. Así lo ha hecho constar en el texto de su renuncia.
Su decisión de dimitir fue la consecuencia del hartazgo que produjeron en su espíritu los infundados cargos que se le dirigieron y, sobre todo, la interminable demora -contraria a la razón y el Derecho- en que incurrió el Congreso de la Nación hasta el momento en que decidió finalmente retirar la acusación. De los nueve miembros del alto tribunal, Bossert era el que menos cargos tenía en su contra. Pero, además, esos cargos eran inconsistentes, no se compadecían con la realidad.
El hartazgo que invoca el doctor Bossert se parece bastante al "cansancio moral" que otro ministro de la Corte, el doctor Alfredo Orgaz, magistrado eminente y ciudadano ejemplar, alegó hace algo más de cuarenta años para fundamentar su dimisión. Quienes acosaron irresponsablemente a Bossert durante varios meses por mezquinas razones político-partidarias deberían sentirse responsables del estropicio que han causado a la Justicia argentina al provocar el alejamiento de un juez pundonoroso e identificado a fondo con los principios de la democracia republicana.
Es paradójico que el único resultado concreto que obtuvieron los propulsores del juicio político a los miembros de la Corte fue el haber provocado la renuncia de un ministro de probada fe democrática y conocido por su irreductible independencia respecto del poder político. El hecho es aleccionador: revela a qué resultados se llega cuando se actúa de manera irreflexiva y con imperdonable ligereza. El juicio a los integrantes de la Corte fue conducido con frivolidad, sin la menor seriedad, y, sobre todo, anteponiendo los intereses de orden político a los principios éticos e institucionales.
Como lo señalamos en otras oportunidades desde esta misma columna editorial, la Comisión de Juicio Político cometió el error de proyectar un enjuiciamiento global a toda la Corte, en lugar de considerar individualmente la situación de cada uno de sus integrantes. La vía elegida condujo a un absurdo, pues lo que la Cámara de Diputados intentó, en definitiva, fue juzgar a una institución del Estado. El resultado de ese error fue lamentable: se quedaron los jueces más cuestionados y se fue, en cambio, uno de los mejores.
La lección debe ser aprendida. Nada se gana con procedimientos apresurados y carentes de rigor jurídico. El juicio político es una institución seria y de extremada importancia; no puede ser objeto de manoseos y manipulaciones. Cuando una sociedad utiliza esa institución con fines espurios, paga por su desaprensión -tarde o temprano- un alto precio.
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