La llamada “mesa judicial”
Mentes trasnochadas del kirchnerismo impulsaron disparatadas demandas con el fin de victimizarse y lograr la ansiada impunidad de la vicepresidenta
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LA NACION
En diciembre de 2019, escasos días después de asumir, el gobierno de Alberto Fernández comenzó a caracterizarse por dos rasgos que resultarían luego definitorios de su paupérrima gestión. En primer lugar, la carencia de un plan distinto de ir resolviendo los problemas sobre la marcha, con estilo aluvional, que devino en procrastinación ante los límites que impusieron la propia incapacidad y la improvisación. En segundo término, y como fruto del extraño acuerdo que había terminado con una fórmula presidencial invertida, la búsqueda de una salida para las urgencias penales de la vicepresidenta de la Nación vinculadas con las causas por corrupción.
En cuanto a esto último, la estrategia elegida para resolver los entuertos penales de una sola persona se convirtió en un desafío hercúleo que encontró límites en el hecho de que el resultado electoral de 2019 no había sido lo aplastante que se hubiera esperado y el argumento de la legitimidad de las mayorías, tan típico de los populismos autoritarios, perdió potencia. También debió enfrentarse con la sana división de poderes, de rango constitucional y base de la república, como principio rector de nuestro sistema institucional.
La principal herramienta de la estrategia fue denunciar penalmente a los funcionarios del gobierno anterior a troche y moche, con o sin fundamentos, con el principal propósito de intentar empardar y victimizarse. Claro que no se trataba de igualar en el sentido constitucional, sino en uno más plebeyo y elemental, que apuntaba a hacer aparecer a todos como lo mismo. Mezclaron santos y pecadores, para que en el vértigo denunciante y mediático se equiparen culpas, cargos y acciones. Ante la gravedad de los delitos, el único modo de evitar tener que incurrir en el ejercicio imposible de explicar lo inexplicable es culpar a un tercero y victimizarse. Nada mejor que un adversario político para convertirlo en enemigo según la lógica perversa imperante en el kirchnerismo.
Ante la gravedad de los delitos de la gestión kirchnerista, el único modo de evitar tener que explicar lo inexplicable es culpar a un tercero
Entre las varias causas que se impulsaron en distintas jurisdicciones, los cañones apuntaron estas semanas a lo que recibió el extraño mote de “la mesa judicial”. El falso argumento que la inspira consiste en señalar que funcionarios del gobierno anterior habrían tenido como principal ocupación y objetivo de su gestión “presionar” a magistrados para “acelerar” las causas por corrupción de la actual vicepresidenta. Así de simple, según este singular relato, desde el presidente Mauricio Macri hasta todos aquellos que ocuparon cargos vinculados con la labor de la justicia y otros que no, como un exministro de Energía, habrían sido una suerte de caballeros de la mesa redonda del mal sin otro propósito que pergeñar día tras día cómo “perseguir” judicialmente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, a una expresidenta de la Nación soslayando proyectos de ley, mejoras al servicio de justicia, designación o remoción de jueces, acuciantes juicios internacionales o en la Corte Suprema. Todo se habría subordinado a presionar funcionarios judiciales para perseguir a una persona: Cristina Kirchner.
Se dice que algunos tienen una tendencia a creer que todos son de su misma condición. En otros términos, que lo que ellos hacen o harían es lo que necesariamente tiene que hacer el otro. Esa incapacidad ética tan básica de no poder ponerse en los zapatos del otro es la que ha dado lugar a tantos ridículos en la historia, especialmente la argentina. Esta causa es un sobrado ejemplo. Para unos, “perseguir” judicialmente a los adversarios (enemigos) políticos es una prioridad de Estado. No importan las urgencias de un país ni el Estado de Derecho. Se trata de abusar del poder para dar cuenta de una mirada torva: “a los amigos, todo; a los enemigos, ni justicia”.
La estrategia elegida llevó del absurdo político y jurídico a la paradoja. Sus más fervientes impulsores terminaron creando aquello que denunciaron: una mesa judicial real. De supuestas víctimas pasaron a transformarse en victimarios. Entre los más activos se destaca Martín Soria, actual ministro de Justicia –sí, de Justicia, aunque parezca increíble–; Leopoldo Moreau, un diputado experimentado en las lides del travestismo político, otrora alfonsinista que actúa hoy con la furia típica del converso, y Rodolfo Tailhade, otro diputado nacional con formación de años en el ámbito corporativo porteño, contumaz denunciante serial. No son los únicos.
Se ha denunciado a funcionarios del anterior gobierno a troche y moche, con el principal propósito de intentar empardar y victimizarse
La semana pasada se inauguró la tercera fase de la estrategia, luego de la paradoja: la del ridículo. Liderada por un fiscal de la Nación, Franco Picardi, que tuvo la interesada y aviesa idea de pedir un informe a la cuestionada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco), popularmente conocida como la oficina de escuchas, que si bien funciona en el ámbito de la Corte Suprema, parecería librada a la discrecionalidad de funcionarios judiciales que la ponen al servicio de sus oscuras tareas. Con sesgo macartista, puso en la mira a exfuncionarios del gobierno anterior y a otros que no lo fueron: desde el expresidente hasta abogados en el ejercicio de la profesión, abarcando desde tuits hasta declaraciones en diarios. Todo vale para este pícaro fiscal: ni defensa en juicio, ni debido proceso, ni libertad de prensa. Pareciera quererse instaurar nuevamente como conducta punible, aunque resulte inaudito, el “delito de opinión”. De allí a pensar en proscribir candidatos por las mismas razones, como lo hizo el dictador nicaragüense, estamos a solo un paso.
Esta causa inventada desnuda parte de un sistema político degradado, enfermo, atravesado por un fanatismo ideológico que justifica cualquier cosa. Diputados que representan al pueblo, que debieran ocuparse de tantas cuestiones más urgentes, se dedican a oficiar de seudofiscales. Ministros de Justicia que llegan al cargo sin otro mérito que armar planillas con visitas a la Casa de Gobierno y no asumen el peso de la responsabilidad ni los límites de su cargo. Fiscales militantes que, con el solo fin de congraciarse, usan los instrumentos del Estado para justificar cualquier cosa. Algo que no sorprende cuando se ha visto a alguno ascender a camarista a cambio de declaraciones inescrupulosas en esta misma causa.
Felizmente, parece emerger una sociedad capaz de advertir que no todo es lo mismo y que el apego a no cumplir las normas no puede seguir siendo la regla
También integran este lamentable circo los magistrados cobardes, acomodaticios a los poderes de turno o ideologizados, que siguen dando vida a causas cuya sustanciación debieran haber rechazado in limine, imponiéndoles las costas y llamándoles la atención a quienes promueven estas tan interesadas como descabelladas aventuras judiciales.
Hay, sin embargo, razones para la esperanza, y son muchas, aun pese a lo preocupante del panorama. Parece emerger una sociedad que empieza a darse cuenta de que no todo es lo mismo, capaz de comprender que la tangente no es la salida, que el apego a no cumplir las normas no puede seguir siendo la regla. Una sociedad que empieza a marcar límites con el peso del voto, la participación y la opinión pública, camino a dar vida a un sistema institucional que es condición necesaria para recuperar el rumbo extraviado.
Tipo de trabajo:
opinión
