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La lucha contra el hambre y la pobreza
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El enérgico llamado que formuló anteayer el presidente Néstor Kirchner a combatir la pobreza y a incrementar en el mundo la financiación para el desarrollo debería ser escuchado con atención por la dirigencia política mundial. Pero también tendría que llevar a nuestro Congreso Nacional a una severa reflexión para establecer si hoy en la Argentina se está haciendo realmente lo necesario, desde el Poder Legislativo, para servir a esos loables objetivos.
El Presidente expuso su reclamo en Nueva York, durante el mensaje que pronunció en la llamada "Reunión de líderes mundiales para la acción contra el hambre y la pobreza", promovida por los gobernantes de España, Francia, Brasil y Chile, con el apoyo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
El doctor Kirchner manifestó, una vez más, su disconformidad con el desaprensivo proteccionismo comercial que practican los países más desarrollados y pidió a los organismos multilaterales de crédito acciones más concretas para impulsar en el mundo una auténtica redistribución de la riqueza. "Quienes tienen hambre y sufren pobreza -dijo el mandatario argentino- no necesitan más diagnósticos: exigen acción."
Desde luego, no se puede dejar de coincidir, en lo sustancial, con las afirmaciones vertidas por el Presidente respecto del daño que las políticas proteccionistas del mundo desarrollado les provocan a los países que no han logrado todavía ingresar en una etapa sostenida de progreso y desarrollo. Tampoco se puede dejar de compartir su reclamo de acciones efectivas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones situadas debajo de la línea de pobreza y la situación de quienes no están hoy en condiciones de satisfacer sus necesidades más elementales.
Corresponde que nos preguntemos, sin embargo, si en el país estamos haciendo lo posible para revertir esa realidad desalentadora y si las políticas que aplicamos en la actualidad para combatir la pobreza son las más efectivas. Deberíamos reflexionar, por ejemplo, sobre los resultados que la distribución discrecional de subsidios sin una auténtica estrategia de crecimiento del empleo habrá de tener en plazos más o menos cercanos.
Sin desconocer que los reclamos del doctor Kirchner en favor de una mayor contribución externa son fundados, deberíamos tratar de establecer qué hacemos hoy los argentinos para promover las reformas estructurales necesarias para que nuestro país empiece a crecer con renovado vigor y en qué medida nuestra estrategia actual para atraer inversiones es la más acertada. ¿Trabajamos de manera sistemática y coherente, por ejemplo, para garantizar plenamente la seguridad jurídica y para fortalecer la confianza interna y externa en nuestro futuro institucional y económico?
Y algo más: ¿estamos usando todos los instrumentos de que disponemos para atenuar el hambre y combatir la pobreza? Una vez más, debemos recordar que el Congreso de la Nación sigue adeudando la sanción del proyecto de ley sobre bancos de alimentos -también llamado del "buen samaritano"-, presentado en la Cámara de Diputados en 2001.
Muchas veces hemos reclamado desde esta columna la urgente aprobación de esa iniciativa parlamentaria, que intenta dar un marco legal que promueva las donaciones a los llamados "bancos de alimentos" existentes en nuestra ciudad y en algunas provincias. Recordemos que la función de esos bancos es recibir ayuda solidaria de empresas e individuos con el fin de canalizarla a las personas necesitadas.
El proyecto propone, concretamente, autorizar la utilización de aquellos alimentos perecederos o próximos a vencerse que, por defectos en envases o etiquetas, no pueden ser distribuidos, pese a encontrarse en perfecto estado para ser consumidos. En la actualidad, el fabricante de esa clase de productos se ve obligado a deshacerse de ellos, pues la ley no le deja otro camino que el de ordenar su destrucción. La iniciativa ha sido aprobada por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación General y en agosto de 2003 fue reingresada formalmente en el Congreso, pero perderá su estado parlamentario si no es tratada antes de fin de año.
El buen criterio aconseja su inmediata discusión y su pronta aprobación, pues se trata de una iniciativa concreta sin costo alguno para el presupuesto estatal y que contribuiría a paliar el gravísimo problema del hambre. Con la aprobación de esta demorada ley, podría destinarse a fines solidarios una importante cantidad de alimentos que actualmente se desperdician, se tiran o se destruyen.
Bien está que el Presidente haya expuesto ideas y propuestas para impulsar la lucha contra el hambre y la pobreza y para promover el crecimiento de los países menos desarrollados. Debe celebrarse, también, que varios de sus reclamos coincidan con los expuestos por los líderes de los cuatro países que promovieron la reunión. Pero es importante, como queda dicho, que quienes ejercen hoy funciones de gobierno en la Argentina examinen sus políticas con espíritu autocrítico y mejoren y corrijan aquellas decisiones estratégicas que no son las que el país está necesitando.
