La lucha contra la corrupción y el valor de no ceder
Es justo destacar la labor de la fiscal Fabiana León para que causas como la de los Cuadernos sobrevivan ante las presiones y las campañas de deslegitimación
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En la Argentina, hablar de Justicia suele provocar una mueca de escepticismo. No es casual: durante años, demasiados procesos por corrupción se han diluido en maniobras dilatorias, nulidades oportunistas y estrategias destinadas no a probar la inocencia, sino a impedir el juicio. En ese contexto, la actuación de la fiscal general Fabiana León merece ser destacada como lo que es: un acto de afirmación institucional.
En el juicio por el caso de los Cuadernos de las coimas, su intervención ha sido clara, firme y, sobre todo, incómoda para quienes pretenden invertir el sentido de las cosas. Frente a un aluvión de planteos destinados a anular el proceso, la fiscal recordó una verdad que debería ser elemental: el ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia es el juicio oral.
Sin embargo, en la Argentina de los últimos años, esa obviedad ha debido ser defendida como si fuera una posición controvertida. Porque lo que está en juego no es solo un expediente. Es un modo de concebir la relación entre el poder y la ley. Durante demasiado tiempo, se ha intentado instalar la idea de que los procesos por corrupción son, en realidad, persecuciones políticas; que los jueces y fiscales son actores de una trama espuria y que la Justicia debe justificarse antes de juzgar.
La fiscal León desarma esa construcción con una pregunta tan simple como devastadora: ¿a quién se juzga aquí? Porque no se juzga a la Justicia, sino a quienes están acusados de haber saqueado al Estado. Y esa distinción, que parece obvia, ha sido sistemáticamente erosionada.
No es casual que durante seis años se haya intentado impedir la realización de este juicio. No es casual que, una vez iniciado, reaparezcan —con notable sincronía— los mismos argumentos, las mismas sospechas, las mismas teorías destinadas a desacreditar la investigación. La fiscal lo dijo sin rodeos: “No nos detuvieron durante seis años, no lo van a hacer ahora”.
Esa frase no es retórica. Es la constatación de una realidad: en la Argentina, llevar adelante un juicio por corrupción contra figuras de poder no es simplemente aplicar la ley. Es resistir; resistir presiones y campañas de deslegitimación. Resistir el desgaste. Y, a veces, resistir en soledad.
Por eso, cuando un fiscal —o un juez— decide cumplir su función sin ceder a esas presiones, no está haciendo nada extraordinario. Está haciendo lo que debe. Pero en un contexto degradado, ese cumplimiento adquiere una dimensión que excede lo individual. Se convierte en un acto de higiene institucional.
Porque cada vez que un proceso avanza pese a los obstáculos, cada vez que un argumento jurídico se impone sobre una consigna política, cada vez que alguien recuerda que el poder no está por encima de la ley, se rompe —aunque sea mínimamente— el círculo vicioso de la impunidad.
Y ese quiebre importa y nos debe importar a todos. Porque la corrupción no es solo un delito económico; es un mecanismo de degradación colectiva. Es la forma en que el poder se apropia de lo que es de todos, mientras instala la idea de que nada puede hacerse contra los corruptos.
Frente a eso, la actuación de fiscales y jueces independientes introduce algo que la Argentina necesita con urgencia: un principio de realidad. La ley existe; el juicio es posible. La responsabilidad puede ser exigida. No es poco. Pero tampoco es suficiente si no se lo reconoce. Porque el silencio frente a quienes cumplen su deber es, muchas veces, el mejor aliado de quienes buscan que ese deber no se cumpla.
Por eso conviene decirlo con claridad: la tarea de magistrados como la fiscal León no pasa inadvertida. Y no pasa inadvertida porque aporte una solución inmediata a todos los problemas, sino porque recuerda algo esencial: que la República no es una ficción retórica, sino un sistema que se sostiene —o se derrumba— en función de conductas concretas.
En un país agobiado por la corrupción, esas conductas son, literalmente, aire. Aire fresco. Aire necesario. Y también, para algunos, aire incómodo. Porque cada vez que la Justicia funciona, aunque sea parcialmente, deja en evidencia a quienes hicieron de su disfunción un modo de vida. Y esa evidencia es, quizás, lo que más incomoda.
No hay que engañarse: quienes durante años se beneficiaron de la impunidad no van a resignarse fácilmente. Intentarán, como ya lo han hecho, desacreditar a quienes investigan, invertir los roles, convertir a los acusados en víctimas y a la Justicia en culpable.
Es una estrategia conocida y profundamente corrosiva. Frente a ella, no alcanza con que algunos magistrados resistan. Es necesario que la sociedad advierta lo que está en juego. Porque si la defensa de la ley queda confinada a los tribunales, la batalla está perdida de antemano. La República no se sostiene sólo con normas. Se sostiene con convicciones.
Y cuando esas convicciones faltan, cuando se relativiza la importancia de que los procesos se desarrollen, de que las responsabilidades se determinen, de que las reglas se apliquen, entonces el deterioro deja de ser un riesgo para convertirse en un destino. Por eso, reconocer la tarea de quienes no ceden no es un gesto de cortesía. Es un acto de lucidez.
En esa resistencia silenciosa se juega algo más que un caso. Se juega la posibilidad misma de que la Argentina deje de ser un país donde el poder se protege a sí mismo y vuelva a ser, alguna vez, un país donde el poder responde ante la ley. Y esa posibilidad —conviene decirlo sin eufemismos— tiene enemigos. Muchos, y muy activos.
Por eso, cuando alguien cumple su deber en ese contexto, no basta con observar. Hay que tomar nota. Porque si quienes sostienen la ley quedan solos, no habrá discurso que alcance para explicar lo que vendrá. Y cuando finalmente llegue, ya no habrá a quién reclamarle: la responsabilidad será de todos los que miraron hacia otro lado.
Tipo de trabajo:
opinión
