La necesaria sanción moral

Para cumplir debidamente sus más altos fines institucionales -la convivencia pacífica, la libertad, el respeto por los derechos individuales, el orden público, la seguridad-, un Estado necesita contar con una adecuada estructura política y jurídica. En otras palabras, precisa corporizar su autoridad a través de la plena vigencia de lo que comúnmente llamamos el Estado de Derecho.

Pero una sociedad requiere custodiar, además, ciertos valores éticos fundamentales, que complementan o refuerzan la razonabilidad de esa mínima estructura político-institucional. Y para eso es indispensable, en ciertos casos, que la propia comunidad asuma la responsabilidad de dictar sanciones o condenas de carácter moral frente a ciertos actos ostensibles de inconducta o de corrupción social.

Entre los casos más recientes que han merecido la condena social se encuentra el del diputado nacional Ricardo Lorenzo Borocotó, quien tras haber sido elegido por el voto popular como integrante de una lista de candidatos de inequívoco perfil opositor se convirtió -apenas concluido el acto comicial- en un activo seguidor del presidente Néstor Kirchner. Este indignante ejemplo de travestismo político fue claramente considerado, desde el punto de vista ético, como una forma indirecta de fraude electoral.

Los más exaltados pretendieron cuestionar el ingreso de Borocotó a la Cámara de Diputados. Tal intento no prosperó y el controvertido legislador asumió su banca más allá de las naturales protestas que su actitud había suscitado. Sin embargo, quedó en pie la sanción moral que una sociedad puede y debe aplicar en tales casos, pues la ciudadanía debe mantenerse alerta ante las violaciones a las reglas de juego esenciales de la tradición democrática.

Como Borocotó, existen numerosos casos de ex funcionarios de diferentes gobiernos que no están actualmente en la cárcel sólo por la impunidad que suele engalanar nuestras frágiles instituciones. Pero debe destacarse que no pocos de ellos ni siquiera pueden concurrir a lugares públicos por el rechazo social que sus conductas generan.

Más allá de la controversia puramente legal o institucional, la sociedad no debería dejar de formular, con el debido respeto y sin alterar el orden público, su inequívoca condena moral ante actos que desnaturalizan de manera evidente la esencia de nuestra organización institucional.

La democracia no se construye sólo con formalidades electorales, sino también con gestos sustanciales de transparencia republicana. La sociedad debe crear sus propios anticuerpos y sus propias instancias de condena o rechazo moral a esas actitudes públicas que asestan un duro golpe al sistema representativo y, sobre todo, a la dignidad del ciudadano como depositario último de la soberanía popular.

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