La oposición y los principios alberdianos

Apartir del consenso sobre los insuficientes resultados de la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, cabe preguntarse por qué razón su fuerza logró retener, sin embargo, un caudaloso 40,28% de los votos en las elecciones presidenciales de 2019.

La interpretación generalizada postula que dicha porción del electorado valoró en la alternativa encarnada por Juntos por el Cambio una propuesta institucional y ética que contrastaba nítidamente con la oferta y, en particular, con los antecedentes inmediatos kirchnerista-peronistas. Los hechos, luego de un año de gobierno, han corroborado lo justificado de la aprensión. Esto, sumado a lo absurdo de un esquema de gobierno disfuncional, explica los pobres resultados a favor del oficialismo que reflejan hoy algunas encuestas.

El deteriorado clima social, que Daniel Sabsay califica de “sarampión cívico”, interpela no solo al Gobierno y a Juntos por el Cambio. Lo hace en forma directa a otros grupos políticos opositores que representan el pensamiento liberal en nuestro país. Nótese que el corazón de la renovada vigilia republicana que vivimos aborda, precisamente, una demanda tan infatigable como creciente por el respeto de los pilares de la Constitución.

Eso se llama prevalencia de las leyes por sobre la voluntad de los gobernantes: división de poderes, libertad de prensa, igualdad de oportunidades para todos y defensa de la propiedad privada y de la propiedad pública, un orden mínimo que permita vivir sin albures de ser asesinado en cualquier calle por delincuentes comunes y la seguridad jurídica –esa sacralidad que tanto espantaba al gobernador Axel Kicillof– como principios básicos del sistema republicano.

No debe medirse el valor de estas reglas solamente por su aporte al desarrollo material del país, sino por la capacidad de asegurar los derechos y las garantías individuales. Hoy aquellos principios se hallan amenazados tanto por la búsqueda de impunidad para la corrupción dominante en tres gobiernos del pasado reciente como por el fracaso económico de sus gestiones.

El predominio político e ideológico del kirchnerismo en el Gobierno pone claramente en evidencia el riesgo de calcar en la Argentina el modelo retrógrado y autoritario que impera en Venezuela desde fines del siglo anterior. Cuanto más cerca estemos del tipo de modelo instaurado por Chávez y seguido por Maduro, más lejos estaremos de las bases constitucionales de 1853/60 que hicieron de la Argentina una gran nación. La prioridad esencial de toda la oposición debe ser, por lo tanto, conjurar esa aventura ascendente.

Cuanto más cerca estemos del modelo instaurado por Chávez y seguido por Maduro, más lejos estaremos de las bases constitucionales de 1853/60 que hicieron de la Argentina una gran nación. La prioridad de la oposición debe ser conjurar esa aventura ascendente

Es necesaria la consolidación de un frente opositor genuino desde la coalición Juntos por el Cambio. Ello exige la clara reafirmación de esa voluntad y un acuerdo renovado sobre los valores de la Constitución por parte de los partidos que la integran y de los que aún deben unirse a ella. El radicalismo debiera afirmarse en el pensamiento de Alem y abandonar definitivamente los últimos rastros –si es que alguno está aún en pie– de la Declaración de Avellaneda de los años cuarenta y, más moderno en el tiempo, del estructuralismo económico de la Cepal.

Por su lado, las agrupaciones liberales deberían ampliar los objetivos concretos de su discurso y de la acción en el campo institucional y social deponiendo egos y personalismos que solo dividen y debilitan. Deben trazarse un horizonte más vasto que el que propone un coherente discurso económico. En el campo institucional, la convergencia de esas agrupaciones, con tanta y dispersa representación en la capital del país y en el interior, con los integrantes de Juntos por el Cambio no requiere ningún esfuerzo de adaptación insalvable. En el campo económico, la convergencia debiera pivotear sobre los principios alberdianos, reclamando, de una parte, el reconocimiento de las ventajas de la economía libre, y del otro lado, el abandono de los estilos dogmáticos y excluyentes.

Extrañaba que las demandas de vasto alcance social y de raigambre tan profundamente liberales no se vean plenamente incorporadas y aprovechadas en un mensaje político unificado del liberalismo argentino que comienza a esbozarse. En el afán por entender por qué las cosas son así, podrá argumentarse que los partidos liberales son pequeños y carentes de representación en el Congreso, o que sus voceros son pocos y, en general, con una formación ceñida a la economía y las finanzas. Está mal olvidarse de que la política se nutre de razonamientos, pero no menos, también, de las emociones individuales y colectivas de un país. El reciente acuerdo al que arribaron referentes de distintas agrupaciones liberales que resolvieron confluir en la coalición Vamos en el próximo proceso electoral es, en tal sentido, un paso alentador, que debería dar lugar a consensos programáticos más amplios en el futuro con las otras fuerzas que defienden los principios republicanos.

Desde 1955 en adelante –sobre todo, por gravitación de figuras como Álvaro Alsogaray–, el liberalismo local ha tenido un discurso de naturaleza casi exclusivamente económica. Dieron en muchos casos por sentado que tanto las instituciones como las reglas básicas de juego o bien ya existían o bien eran de responsabilidad de otros actores.

Ese foco puramente economicista ha presentado graves inconvenientes. No solo se le ha dado una preeminencia especial a lo que podría considerarse una buena práctica fiscal dentro de un programa amplio de restitución de las libertades y los derechos individuales, sino que ha permitido que los adversarios ideológicos vinculen al liberalismo exclusivamente con la restricción o el “ajuste”.

Debiera ser la libertad dentro del Estado de Derecho el principio organizador de la vida social. Restricción, ajuste y libertad constituyen un oxímoron comunicacional aprovechado localmente por un paleoprogresismo que responsabiliza al liberalismo del ajuste y deja fuera de la ecuación precisamente a la libertad como valor supremo. ¿Se olvidan de lo que hizo el presidente Perón en 1952, cuando forzó a comer pan de mijo porque el trigo no era en ese momento para la mesa de los argentinos, sino para la mesa del mundo?

Así las cosas, ¿qué esperan hoy de los intelectuales republicanos que confían en la iniciativa individual como motor en todos los órdenes, no solo el económico? ¿Cuál debe ser su contribución para orientar a la sociedad en dirección a la libertad? Si la tormenta se desata y la sociedad busca una guía conceptual para reorganizarse, ¿qué respuestas deberían poder dar para beneficio del país?

El pensamiento liberal argentino tiene ante sí la posibilidad de sumar un aporte político crucial al sostenimiento de la democracia. Para ello es imprescindible que cuente con una narrativa de la libertad de alcance amplio, que abarque también los planos institucionales y sociales, y esté animado por el entusiasmo de librar sin cuartel una batalla por la cultura, en lugar de dejar vacante ese espacio para el anacronismo de la izquierda y las tesis delirantes de un populismo probadamente fracasado.

Insistir con la difusión de lo más nefasto del pensamiento antiliberal es desconocer que las ideas fundadas en las libertades y derechos fueron las responsables de la aceleración del desarrollo mundial que tanto contribuyó a perfeccionar también la condición humana.

Revirtamos esa tendencia que, como tantas otras, nos condena a buscar el futuro en el espejo retrovisor.