La quinta de Pilar: el laberinto que protege al poder
La Justicia debe actuar con independencia y celeridad ante las múltiples facetas del AFAgate; el paso del tiempo suele convertirse en una forma de impunidad
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La investigación por la fastuosa propiedad de Villa Rosa, Pilar, ha dejado de ser un caso de presunto enriquecimiento ilícito para convertirse en una prueba de fuego para la independencia del sistema judicial argentino. Lo que comenzó en diciembre de 2025 como una denuncia por posible lavado de activos vinculado a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hoy se ha transformado en algo más inquietante: un recorrido interminable por despachos que, paso a paso, se acerca a la instancia que los propios investigados venían reclamando desde el primer día.
Lo que debería haber avanzado con celeridad ha transitado, en largos ocho meses, por 14 despachos judiciales distintos sin llegar a una definición de fondo. El recorrido da cuenta de una inestabilidad procesal difícil de justificar: el juez Daniel Rafecas ordenó los primeros allanamientos y medidas de prueba; luego, la Cámara de San Martín lo derivó al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y tras dilaciones y chicanas, pasó al fuero penal económico porteño, donde se avanzó con pericias y cruces financieros.
Sin embargo, hace unos días, la Cámara Federal de Casación resolvió devolverlo nuevamente a Campana, que, curiosamente, se trata del juzgado por el que venía pidiendo, con insistencia, la defensa de los investigados.
La decisión de Casación, del 14 de agosto, se adoptó con los votos de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, y la disidencia del juez Alejandro Slokar, quien advirtió sobre las falencias del desplazamiento. El argumento central del fallo se fundamenta en que el lavado de activos corresponde a la justicia federal y no al fuero especializado, pero choca contra una circunstancia llamativa: Barroetaveña fue, hasta noviembre de 2025, presidente del tribunal de ética de la propia AFA, entidad cuyas autoridades resultan involucradas en la pesquisa, además de haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Carlos Mahiques en la citada quinta de Pilar. Debió haberse excusado de intervenir en la causa judicial, pero no lo hizo. El fiscal general Mario Villar apelará la decisión de la Cámara Federal de Casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El inmueble en cuestión supera las 10 hectáreas. Cuenta con helipuerto, haras, pistas deportivas, accesos biométricos y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de alta gama y colección, entre deportivos, clásicos y motos, valuados en conjunto en cerca de 4 millones de dólares. El peritaje oficial tasó el complejo completo en más de 20 millones de dólares, muy lejos de los 1,8 millones que declararon quienes figuran como dueños ficticios.
Las personas que se presentan como propietarios son Ana Lucía Conte, jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista y exdirigente de una liga afiliada a la AFA. Ninguno de los dos dispone de ingresos declarados que permitan explicar semejante patrimonio y la sociedad que los representa, Real Central SRL, no refleja ninguna operación económica que justifique la adquisición.
Además, las pruebas reunidas durante los allanamientos vinculan directamente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, con la propiedad, dado que se hallaron objetos personales, reconocimientos institucionales a su nombre, pertenencias de su entorno familiar y documentación de vehículos a nombre de algunos familiares.
No obstante, a partir de la nueva resolución, el juez Charvay, recibirá de regreso la causa que ya tuvo a su cargo por cinco meses, período en que el magistrado no citó a los principales involucrados ni avanzó sobre líneas de investigación.
A pesar de todos los numerosos indicios existentes, serios, graves y concordantes, la presunción de inocencia rige para todos los involucrados hasta que exista sentencia firme, pero el hecho de que una causa recorra 14 juzgados, que uno de ellos la tenga pisada por casi medio año y que el caso retorne a su ámbito, justamente, en consonancia con lo solicitado por la defensa de los acusados, despierta serias sospechas prácticamente irrefutables.
Si los dirigentes de la AFA se han enriquecido de forma ilegal y poseen bienes que no pueden justificar, la sociedad tiene derecho a saberlo y la Justicia tiene la obligación de actuar con independencia, celeridad y transparencia.
La Justicia fue instituida para investigar los hechos, no para distraerse durante meses investigando quién debe investigarlos. El paso del tiempo puede convertirse en una forma de impunidad, por cuanto la verdad se demora, la credibilidad de los magistrados se evapora y la República se deteriora.
La quinta de Pilar es mucho más que una suntuosa propiedad llena de lujos inexplicables. Es el termómetro que medirá si, en la Argentina, la Justicia tiene los ojos vendados para fallar de forma ecuánime o, una vez más, para evitar sancionar a los que delinquen y están cerca del poder.
