La República, otra vez en peligro

Mientras la Justicia busca esclarecer el móvil del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ha quedado en evidencia la canallesca maniobra que desde el oficialismo se pretende urdir para asociar con aquel deleznable hecho a la oposición política, a la prensa independiente y a los jueces y fiscales que investigan a la expresidenta por escándalos de corrupción pública.

Al lamentable mensaje del presidente Alberto Fernández difundido cerca de la medianoche del jueves último, en el que se refirió al “discurso del odio” que “se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”, siguieron otras manifestaciones en igual sentido, como si se tratara de una ofensiva guionada tendiente a un único propósito: acallar las voces críticas de periodistas y dirigentes opositores, y desacreditar cualquier investigación judicial dirigida contra Cristina Kirchner.

Tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, fueron enfáticos al señalar respectivamente que, detrás del atentado que sufrió la vicepresidenta a manos de Fernando Sabag Montiel, estaban la acción del fiscal Diego Luciani o “toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios”.

Pero fue un senador nacional muy cercano a la vicepresidenta, como José Mayans, quien dejó en evidencia la verdadera finalidad del oficialismo a la hora de capitalizar políticamente lo ocurrido frente a la casa de Cristina Kirchner. “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso”, afirmó Mayans en referencia a la causa Vialidad. Añadió que “en este juicio se gestó el germen de la violencia extrema y debería ser parado por la Corte”, al tiempo que acusó a la Justicia de “potenciar los discursos del odio”.

La sucesión de acciones vergonzosas, dirigidas a imponer un falaz relato, no terminaron allí. La agencia oficial Télam difundió un cable informativo encabezado con la imagen de una pistola parecida a la usada por el atacante de Cristina Kirchner convertida en un micrófono, una identificación que, como consignó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), resulta tan temeraria como peligrosa.

La escandalosa estrategia oficial llegó a la Cancillería. El viernes último, diplomáticos afines al kirchnerismo redactaron un documento en repudio del atentado contra la vicepresidenta y lo enviaron a todos sus colegas por correo electrónico, con el fin de que adhirieran a la condena. Unos cuatro centenares de representantes estamparon su firma, aunque más tarde hubo quienes advirtieron que en el texto había algunas frases con las que no habían acordado; entre ellas, una que hablaba de “femicidio” y otra que hacía referencia al “discurso del odio”.

Tanto estas acciones como las deplorables declaraciones de funcionarios y dirigentes de la coalición gobernante constituirían el prólogo de una nueva embestida oficial para alentar una nueva ley de medios y reinstalar la frustrada reforma judicial, ahora bajo el manto de una legislación contra el odio, a semejanza de la impuesta en la Venezuela chavista, que ha derivado en el cierre de medios de comunicación, en mecanismos de censura permanente y en la persecución y detención de periodistas y dirigentes opositores.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha perdido una nueva oportunidad para unir a los argentinos. En lugar de apelar a la búsqueda de la concordia y la cordura, ha dado otro paso hacia la radicalización. En vez de diálogo, sigue promoviendo nuevos enfrentamientos. Y lejos de propiciar la necesaria convivencia democrática para encarar entre todos los graves problemas que azotan a la sociedad, abre nuevas heridas para avanzar por el camino de sus impulsos autocráticos. La República vuelve a estar en peligro.