La seriedad que exige el nombramiento de jueces

Ninguna institución es mejor que las personas que la hacen funcionar. Por eso, el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en sus poderes judiciales requiere, además de la profunda transformación interna que debe liderar la propia judicatura, la decisión de los demás poderes de ejercer seriamente la tarea que les cabe a la hora de seleccionar jueces.

Como otro de los frenos y contrapesos o controles que sabiamente la Constitución nacional establece entre los poderes del Estado, el Senado debe prestar su acuerdo a la designación de los jueces que proponga el presidente de la Nación de entre los integrantes de una terna que, en cada caso, elabora el Consejo de la Magistratura cuando no se trata de jueces de la Corte Suprema. La tarea de los senadores no debe agotarse en la formalidad de votar, según las instrucciones partidarias. Son ellos los que tienen a su cargo un riguroso análisis de los antecedentes del candidato que, una vez nombrado, gozará de inamovilidad para resolver sobre la libertad, los derechos y el honor de los ciudadanos.

Durante una reciente audiencia celebrada por la Comisión de Acuerdos del Senado, Marcelo Bersanelli, candidato a integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz, fue interrogado sobre sus vínculos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, más precisamente sobre los servicios profesionales que le prestó como abogado en el pasado reciente. El candidato contestó con asombrosa naturalidad que no había sido abogado de la vicepresidenta, sino solo “asesor legal” y que, en ese carácter, la acompañó a un juzgado a hacer un trámite judicial.

La respuesta es escandalosa en tres sentidos. En primer término, sorprende que un candidato a juez crea que “asesor legal” pueda ser algo distinto de “abogado” y que los juzgados penales sean sitios donde se hacen “trámites”. En segundo término, en la causa que requirió la asistencia profesional, su clienta no fue al juzgado para curiosear sobre el estado de una gestión administrativa, sino que estaba imputada. Concurrió para cumplir con una diligencia ordenada por un juez federal de la ciudad de Buenos Aires. Parece difícil imaginar que la presencia de un abogado pudiera obedecer a otra cosa que no fuera su trabajo profesional. Finalmente, si el letrado la hubiera acompañado no como tal sino por simple amistad, el dato sería aún más demostrativo de que el candidato ofrece mucho más que serias dudas sobre su imparcialidad respecto de una vicepresidenta oriunda de la misma provincia donde se encuentra el tribunal que él pretende integrar y que, además, enfrenta al igual que varios de los miembros de su sector político problemas judiciales no precisamente menores. Algunas de esas causas tramitan en Santa Cruz y llegarán inexorablemente al tribunal para el que fue propuesto Bersanelli.

Pero hay más para el asombro: el candidato que hoy es juez provincial en Santa Cruz con competencia en materia civil, explicó que se excusa cuando su juzgado debe entender en algún proceso vinculado con la familia Kirchner. Reconoció así que, si interviniera en esos asuntos, no sería imparcial o que, por lo menos, ofrecería dudas razonables sobre su imparcialidad. La obligación de excusarse existe cuando las circunstancias objetivas vinculadas con la relación de un juez con alguna de las partes generan, por lo menos, una apariencia de parcialidad.

Los llamados Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, aprobados en 2006 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, aclaran que los jueces deben evitar incluso la apariencia de parcialidad, aunque en concreto fallen con apego a la ley. No se trata principalmente de una sospecha sobre sus personas, sino de la confianza que debe generar la institución que representan. El pliego del doctor Bersanelli no debió siquiera haber llegado a la instancia del Senado.

Este hecho no es aislado. Se trata de un síntoma preocupante con relación al proceso de selección de jueces, un asunto demasiado delicado para que se siga tratado como un mercado de trueque entre partidos políticos. Cuando ocurre algún escándalo que involucra a un juez es demasiado tarde. Rara vez la atención vuelve, como debería, hacia quienes lo seleccionaron y deberían afrontar la responsabilidad política de haber actuado con ligereza. Es de esperar que esa responsabilidad la demuestren ahora tanto los senadores oficialistas como los de la oposición, y que el candidato no obtenga el acuerdo.