La trenza y la liga
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LA NACION
En 2010, la Corte Suprema de Justicia ordenaba una auditoría en la Dirección de Subastas Judiciales para transparentar su funcionamiento e impedir o dificultar la manipulación de los remates judiciales en Buenos Aires, al tiempo que habilitaba un edificio nuevo a tal fin y con mayores controles.
En Córdoba, una investigación periodística y una denuncia iniciaron un camino que, al cabo de más de siete meses de audiencias, condujo finalmente a una condena efectiva. Un alto tribunal de la provincia sancionó recientemente a 20 imputados, en su mayoría miembros del Poder Judicial, por integrar una banda que operaba en Córdoba y en Buenos Aires en los remates o subastas públicos, controlando la oferta mediante distintos mecanismos a fin de adjudicarse a precio vil el bien subastado.
Los procedimientos eran variados, todos tendientes al copamiento de la sala de remates para evitar la puja espontánea, impidiendo incluso el acceso de terceros, con amenazas y aprietes a los martilleros, oferentes y subastadores.
Se presentaban, por ejemplo, mal vestidos, desaliñados y hasta descuidados en su higiene, a fin de incomodar y desalentar a parte de la concurrencia. Sumaban también comentarios desfavorables sobre el bien subastado, como que el inmueble estaba ocupado, con inquilinos morosos u ocupantes ilegales o que tenía humedades, entre muchas otras falsas observaciones.
De presentarse algún postor insistente, no dudaban en pasar a los aprietes o amenazas directas: se le sentaban uno a cada lado en tono intimidatorio, le recomendaban retirarse, le advertían que no valía la pena, lo amenazaban con lastimarlo y así hasta lograr que el interesado desistiera. Lograban de esa forma erradicar los procederes que sustentan cualquier subasta pública: claridad, libre oferta y procedimientos limpios y transparentes.
En Buenos Aires, ante la subasta de un inmueble que se perfilaba atractivo, una cuadra antes de llegar a la Corporación de Martilleros, dos potenciales participantes se veían interceptados por quien, luego de indagar su grado de interés en la propiedad, les advertía que debían diligenciar cualquier operación con él pues eran “ellos” quienes compraban y que con “ellos” debían arreglar. En subastas importantes solo se lograba controlar a esta mafia con la presencia del juez y de la policía dentro del recinto. Aun así, a veces eran burlados. En Córdoba, la mafia se identificaban como “La trenza” y, en la ciudad de Buenos Aires, como “La liga”, ambas asociaciones de larga trayectoria delictiva absolutamente reconocidas en el ambiente inmobiliario y judicial.
Celebramos la sentencia condenatoria y deseamos que haga punta en la eliminación de estas lacras nefastas para la libertad de comercio y contrarias a las leyes comerciales y civiles.
LA NACION
Tipo de trabajo:
opinión
