El juez brasileño Edson Fachin anuló las condenas penales que pesaban sobre el populista expresidente de Brasil Luiz Inacio da Silva, más conocido como Lula, quien gobernó su país entre los años 2003 y 2010 y había sido sentenciado a diez años y ocho meses de prisión. Lula recuperó así, al menos provisionalmente, todos los derechos políticos de los que había sido anteriormente privado.
Cuatro años después de la condena por corrupción en el escándalo del Lava Jato, Fachin argumentó que el magistrado interviniente entonces carecía de jurisdicción para tomar la drástica decisión de condenar al exmandatario brasileño.
Brasil se divide hoy entre quienes siguen al actual presidente, el controvertido Jair Bolsonaro, y quienes prefieren a Lula, pese a su deslucida gestión presidencial y a las distintas acusaciones de corrupción acumuladas en su contra.
El magnetismo personal del exdirigente gremial brasileño recobra su vigor. No obstante, el veredicto del mercado fue rotundo: las acciones de las empresas brasileñas cayeron, inmediatamente después de conocerse la noticia judicial, un 4% y el valor del real se desplomó vertiginosamente a sus mínimos históricos.
Ante lo ocurrido, el expresidente se victimizó instantáneamente, pese a lo cual también anticipó durante una conferencia de prensa –organizada, como en el pasado, en la propia sede del sindicato de metalúrgicos– que, al menos por el momento, no contempla la posibilidad de ser candidato presidencial en las elecciones de 2022.
Ahora las sospechas apuntan a cuestionar la eventual parcialidad del juez Sergio Moro, que condenó a Lula en su momento. Llegado desde la lejana Curitiba y actualmente investigado, pasó de héroe a villano en poco tiempo, luego de conmocionar el escenario político de su país, asombrar al mundo con su actuación y llevar a la prisión a un presidente por primera vez en la historia de Brasil.
