Las deudas del caso Candela

Por primera vez en los 16 meses transcurridos desde el secuestro y posterior asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, este caso tan aberrante como impune parece encaminarse a partir de firmes pistas que apuntan a un ajuste de cuentas y una venganza contra su familia proveniente de narcotraficantes. Curiosamente, ésta fue una de las pistas que se conocieron antes del asesinato, aunque ahora se contaría con una importante declaración de un testigo que pidió reserva de su identidad.

De todos modos, el tiempo perdido y los graves errores cometidos por los investigadores permiten sospechar que algunos sectores de la policía bonaerense podrían haber impulsado adrede el fracaso de la investigación para proteger a narcotraficantes. Lo cierto es que, ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades bonaerenses están obligadas a brindarle a la sociedad una clara respuesta acerca de las causas y los autores tanto del crimen como del subsiguiente encubrimiento.

Candela tenía apenas 11 años cuando el 22 de agosto de 2011 fue secuestrada en la esquina de su casa, en Hurlingham. A medida que se sucedían los días de su cautiverio comenzaron a notarse los primeros indicios de serios errores en la investigación que llevaban a cabo la policía bonaerense y la justicia provincial. Por ejemplo, los allanamientos anticipados y sin éxito, la inconcebible difusión de las llamadas extorsivas al domicilio de la madre y sus mensajes a los captores, además de la permanente filtración de datos desde la órbita policial.

A los nueve días del secuestro, la menor fue asesinada y su cuerpo fue hallado a 30 cuadras de su casa, pero no por la policía, sino por una cartonera que husmeaba entre la basura. Debe mencionarse que el sitio del hallazgo apenas fue preservado para el indispensable estudio médico forense del lugar del hecho. El sonado fracaso tanto para encontrar viva a Candela como para identificar a sus asesinos derivó en fuertes y fundados cuestionamientos a la labor del fiscal del caso, del fiscal general de Morón y del juez de garantías, que serían investigados.

Ahora, los datos aportados por el testigo de identidad reservada coinciden con la hipótesis principal de un informe de una comisión del Senado bonaerense, que fue muy crítico de la actuación tanto policial como judicial. El informe pidió exonerar a veinte comisarios bonaerenses. A uno de ellos, pasado a retiro días atrás, los senadores le imputaron haber montado una "operación paralela" para "desorientar la investigación judicial".

El informe manejó la hipótesis de una venganza contra la familia de Candela por razones relacionadas con el narcotráfico, venganza en la que habrían participado policías corruptos. El testigo de identidad reservada abonó la hipótesis de que el asesino de la menor es un sicario que ha realizado trabajos sucios para bandas de narcotraficantes. Agregó que la banda que secuestró a Candela contó con la colaboración de por lo menos cuatro narcopolicías que le brindaron protección.

Nos encontramos ante un caso de indudable gravedad tanto en lo judicial como en lo político y social: al secuestro de una menor durante nueve días le sucedió su asesinato y la impunidad de los autores, debido, presuntamente, al encubrimiento puesto en marcha por algunos policías mediante maniobras de despiste que los funcionarios judiciales no advirtieron. No se trata de un mero caso policial sino de uno que muestra cómo el narcotráfico puede corromper a instituciones fundamentales, como las fuerzas policiales, y cómo la Justicia no siempre se encuentra en condiciones de reaccionar a tiempo.

Ante la sucesión de dolorosas frustraciones que es el caso Candela, las autoridades bonaerenses están en deuda, como decíamos, con toda la sociedad. El esclarecimiento del atroz crimen debe ir acompañado por una indispensable investigación de las complicidades policiales para que la sanción de los responsables contribuya a la necesaria recuperación de la policía bonaerense.