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Las elecciones que se avecinan
No habría peor resultado electoral que la percepción de que el país pueda reabrir las puertas a quienes gobernaron hasta diciembre de 2023
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Los comicios legislativos de este domingo constituirán la primera prueba a escala nacional sobre cómo percibe la ciudadanía el cambio más radical que se haya producido en la conducción política, social y cultural del país en no menos de ochenta años.
Estas elecciones determinarán la nueva composición del Congreso de la Nación. En los comicios de fines de 2023 la agrupación política liderada por Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo el número de bancas más ínfimo de que haya memoria para un partido que se haría cargo del poder. Inicialmente fueron 37 diputados y 7 senadores, pero ese número, magro de por sí, experimentó, además, los vaivenes infortunados de una fuerza configurada a las apuradas, con dirigentes de orígenes diversos con pésimos antecedentes o sin antecedentes de afinidades que aseguraran un grado de lealtad mínimo y el imperativo de actuar unidos hacia adelante.
Ni el presidente Milei ni sus colaboradores más inmediatos, como su hermana Karina y el estratega principal de la campaña que los había llevado al triunfo, Santiago Caputo, probaron contar con suficientes aptitudes políticas para conjurar aquel riesgo. Por el contrario, lo aceleraron, y hasta ahondaron las contradicciones latentes. Lo hicieron con el estilo de las desmesuras públicas que ahora van dejando atrás por serias advertencias internacionales. Ese tipo de desatinos parece ahora haberse concentrado puertas adentro, a juzgar por la insistencia de que se informa sobre crudos disensos de palacio.
No supieron aquellos comprender los llamados a la racionalidad que se les hizo llegar por todas las formas posibles, en particular por parte del periodismo y de los agrupamientos políticos sin los cuales el Gobierno no habría sacado adelante la Ley Bases, fundamental para afirmar la dirección del camino que se proponía seguir. Sin ellos, habría sucumbido, a poco de andar, en el propósito de aplicar los decretos de necesidad y urgencia con los que logró sortear, en materias delicadas, los obstáculos interpuestos por la oposición más enconada.
La realidad que tenían desde el primer momento delante de las narices se desplomó al fin encima de los gobernantes en una serie alarmante de crisis financieras. Terminaron por entender, según todo lo indica, lo que por largo tiempo se resistieron a ver.
Es el momento de los acuerdos políticos posibles e indicados por un mínimo grado de sensatez a fin de garantizar la gobernabilidad y abrir paso a reformas ineludibles en materia laboral, tributaria y previsional
No pudieron sino acogerse al dictamen inapelable de los funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y del propio presidente Donald Trump, sin cuyo auxilio no sabríamos hoy cuál sería la situación de este Gobierno: no es este el momento de las rencillas carentes de sentido y menos de las provocaciones alocadas que jalonaron un largo año y medio de gestión; es el momento de los acuerdos políticos posibles e indicados por un mínimo grado de sensatez a fin de garantizar la gobernabilidad y abrir paso a reformas ineludibles en materia laboral, tributaria y previsional.
Hay daños que no tienen reparo inmediato. Tanta ha sido la obstinación inexplicable del oficialismo en ofender a dirigentes y partidos políticos con los que hay muchas más razones para enhebrar compromisos en cuestiones de Estado que para ejercitarse en el desdén y la injuria gratuita y extenuantes. Eso explica que haya una franja ciudadana, de dilatado crecimiento en los últimos meses, dispuesta a pronunciarse en las urnas por candidatos ajenos a La Libertad Avanza, pero que por antecedentes, filiación y renovadas declaraciones en la campaña electoral representan la garantía de apoyar en el Congreso las políticas más plausibles y más sensatas del Gobierno.
Nada cuesta identificar las líneas de acción que la presidencia de Milei ha encarado con una determinación desconocida en el pasado inmediato, por no decir durante fatigantes décadas: la lucha denodada contra la inflación y el objetivo de reducir a cero el déficit fiscal, más la desarticulación de regulaciones absurdas, que no solo asombran por su caudal, sino por la ausencia que hubo de un efectivo espíritu crítico que debió haberse hecho presente antes de ahora en el cuerpo social del país.
El brutal sinceramiento que se ha producido en casi dos años sobre el estado de cosas dejado por el populismo se ha hecho con un costo social que nadie tiene derecho a dilapidar y que debe aprovecharse para no demorar la reconstrucción nacional.
La opinión ciudadana más consustanciada con las bases republicanas del ordenamiento constitucional está sopesando, también, cuál es el grado de compromiso de los candidatos, y cómo lo han expresado en la acción pública, respecto de la corrupción que ha subyacido en tantas gestiones políticas. Altas figuras de la actual administración han sido señaladas por la presunta comisión de hechos ilícitos, pero el día de los comicios nacionales lo más imborrable de todo para una franja importante de la ciudadanía debería ser la constancia del carácter sistémico que la corrupción adquirió durante los períodos eternos del kirchnerismo.
Solo un descaro de proporciones planetarias puede explicar la movilización que figuras de ese tiempo estigmatizado por sentencias judiciales inobjetables hayan promovido días atrás, en España, con la complicidad de grupos desahuciados de la izquierda política, como Podemos. Esa movilización pinta de cuerpo entero a la facción política, tan quejosa de que el periodismo haya puesto al descubierto sus más siniestras urdimbres, devenida en un activo insólito para las huestes del presidente Milei y de toda fuerza política verdaderamente republicana.
No habría, en efecto, el 26 de octubre un resultado peor y más siniestro que reabrir las puertas al retorno de una aventura inaceptable como la que rigió en el país hasta el 9 de diciembre de 2023.
Tipo de trabajo:
opinión
