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Las fantasías del Indec
Será difícil volver a creer en un organismo que se ha convertido en la mayor fuente de desinformación del gobierno nacional
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encuentra intervenido desde enero de 2007. En los dos años que lleva dentro de la órbita de responsabilidades directas del secretario de Comercio, ese organismo se ha convertido en la mayor fuente de desinformación oficial que haya concebido el gobierno nacional.
Podría decirse que algunos de los múltiples instrumentos de abastecimiento informativo del oficialismo luchan con el Indec a brazo partido en la puja por ver cuál satisface de manera más servicial y efectiva, entre todos ellos, la ansiedad gubernamental por difundir noticias favorables y esconder, debajo de una alfombra cuyas proporciones se van ensanchando en relación directa con las preocupaciones, lo que contradice aquel estado de ánimo. Sin embargo, ninguna manipulación informativa distorsiona con efectos más graves la realidad nacional ni introduce ante el mundo componentes de desconfianza mayores sobre el país que las publicaciones de la que había sido hasta un pasado reciente una de las instituciones estatales a salvo de los manoseos que tantas veces afectaron a otras áreas del Estado.
No ha pasado todavía un año desde que el entonces jefe de Gabinete se arriesgó a dar una curiosa explicación a fin de rechazar las denuncias que por todos lados se lanzaban contra la intervención del Indec y la nueva metodología de seguimiento de las estadísticas del país: "Nos dimos cuenta -dijo- de que el Indec no medía la realidad de los consumidores porque incluye los precios de rosas ecuatorianas, los viajes a Miami y Cancún y el servicio doméstico".
Ahora que dispone de más tiempo que entonces para ir al supermercado, Alberto Fernández habrá podido advertir que alguna excentricidad contenida en los cálculos anteriores del Indec palidecen en importancia ante el contraste descomunal entre lo que evidencian las góndolas y lo que construye una persistente fantasía oficial.
Hay, sin duda, un aire de familia en cuanto a la disparidad entre ambas, y dos versiones que han recorrido los círculos políticos como manifestación de ese espíritu obsesivo por sobreponer los propios deseos a la realidad. Una, las presiones hechas sobre empresas para que se desvincularan de consultores económicos que trazan un panorama diferente del que pincela el Gobierno. La segunda, la caída en desgracia de un encuestador contratado por el oficialismo a raíz de haber transmitido a los clientes en el poder un cálculo de posibilidades electorales para el oficialismo que se podría pintar de muchas maneras, pero no de rosa.
Recientemente, una de las instituciones privadas de mayor prestigio nacional en la disciplina de sus actividades, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), ha hecho saber que deja de responder a cinco variables fundamentales utilizadas para relevar las expectativas de mercado (REM). FIEL ha dicho que esas variables se encuentran afectadas por la intervención del Indec.
Los cinco puntos impugnados de lo que al final es parte del informe mensual del Banco Central de la República Argentina son el índice de precios al consumidor, el estimador mensual de la industria, el estimador mensual de la actividad económica, el producto bruto interno y sus componentes, y la tasa de desempleo. Sin confianza en esos datos, poco se sabe con certeza sobre la marcha del país.
Por mencionar una referencia de conocimiento general en cuanto a las impugnaciones que se formulan al Indec, digamos que en estos dos últimos años los estudios privados sobre el aumento del costo de vida han variado respecto de los resultados proclamados por la institución oficial en una relación que ha llegado a ser hasta de casi 3 a 1.
Mientras para San Luis el costo de vida en su territorio aumentó en enero el 1,2 por ciento, para el gobierno nacional el aumento en todo el país fue de sólo 0,5 por ciento. Ninguna razón justifica esa mayúscula disparidad.
Urge que el Congreso de la Nación y los organismos descentralizados de fiscalización intervengan para poner término a esta situación. Pero antes que nada sería deseable un acto de reacción del Poder Ejecutivo Nacional. En materia de hechos inverosímiles también cae en la cuenta que los gobernantes sigan creyendo que se puede engañar por tanto tiempo a tanta gente sin que nadie pague el costo que eso supone.
