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Las telecomunicaciones esperan su turno
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LA NACION
Sorprendió que en el DNU del presidente Javier Milei no se derogara un decreto de 2020 por el que se habían declarado servicios públicos a las telecomunicaciones y a la TV por suscripción. La medida era esperable de un gobierno liberal y, por ende, contrario a la mayor regulación estatal que presupone esa categoría jurídica que, entre otras cuestiones, incluye el control de precios. Si bien es cierto que varias medidas cautelares limitan su aplicación efectiva y que ya hay un fallo de primera instancia contrario a su legalidad, era lógico esperar su derogación. Todavía existe un pequeño universo de empresas a las que se aplica y, sobre todo, regiría para cualquier nuevo ingresante en el mercado argentino.
El haber introducido esa calificación de “servicio público” por DNU facilitaba su derogación por una norma idéntica, quedando por tanto exenta de la crítica feroz que se ha hecho a otras disposiciones del decreto del nuevo presidente.
Respecto de las telecomunicaciones, el DNU solo avanza en materia de satélites geoestacionarios, eliminando el criterio de reciprocidad por uno de “cielos abiertos”. Sin embargo, deja vigente la norma de prioridad de uso para satélites argentinos, una contradicción además con la derogación del compre nacional. También se eliminaron algunas restricciones a la concentración de medios audiovisuales en el ámbito nacional, lo cual es lógico porque se trata de mercados cuyo ámbito geográfico es esencialmente local.
El tan mentado potencial desembarco de la constelación de órbita baja de Elon Musk Starlink no estaba vedado por el marco legal actual. De hecho, fue la gestión anterior la que le otorgó la pertinente licencia. Si el servicio no ha estado comercialmente disponible, como sucede desde hace tiempo en Chile y en Brasil, ha sido por cuestiones de hecho impulsadas por la empresa estatal Arsat, que ve en estos sistemas un competidor para su demorado tercer satélite geoestacionario que brindará servicios de banda ancha.
Por su parte, el proyecto de ley ómnibus nada contiene en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Resta saber si en futuras iniciativas, como ha anunciado el asesor presidencial Federico Sturzenegger, se avanzará en una mayor desregulación del sector.
Se suma otro experimento: tener la autoridad política del sector y el ente regulador en jurisdicciones distintas. La Secretaría de Comunicaciones en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la Jefatura de Gabinete. Es como colocar la Secretaría de Ganadería en el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el de Interior.
En una designación que consideramos desafortunada, Ignacio Cingolani quedó al frente de Comunicaciones y Conectividad, área dependiente de Infraestructura. Le tocará, entre otras tareas relevantes, atender esta multiplicidad de aspectos sobre una misma temática, desparramados en varias áreas del Gobierno.
Si no se repara en esta situación para adecuarla debidamente, otra vez la política de este importante sector para el desarrollo económico del país quedará subordinada en su conducción a las necesidades de comunicación del gobierno de turno.
LA NACION
Tipo de trabajo:opinión
