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Legalizar la prostitución es dar la espalda al problema
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LA NACION
El debate se retomó en España y se reanuda periódicamente en muchas otras partes del mundo: se discute si legalizar la prostitución o no hacerlo. En definitiva, si dar o no condición legal a la explotación humana.
Desde estas columnas hemos opinado que legalizarla sería un grave error. La prostitución viola derechos de las personas. En su amplísima mayoría, quienes la ejercen lo hacen por la necesidad de supervivencia.
Aun en países como Holanda, donde está permitida, se han venido tomando algunas medidas que merecen atención: recientemente, el Ayuntamiento de Ámsterdam decidió poner fin a las visitas guiadas por el Barrio Rojo, la zona del centro de esa ciudad donde se concentra ese "negocio". Una de las razones que llevaron a adoptar esa medida ha sido no degradarlas aún más, evitar la intimidación. "En estos momentos, está fuera de lugar ver a las prostitutas como un entretenimiento para el turismo", aseguró Udo Rock, concejal de Finanzas de esa ciudad.
En rigor, ninguna persona -sea mujer u hombre- debería ser objeto de una discusión en el sentido que plantea ese edil. El solo hecho de tener que dar un debate de ese tipo indica ya que se está partiendo de una aberración: aceptar que hay sometimiento de una persona a otras para definir cuáles deberían ser los límites.
En el caso de Israel, se ha adoptado una medida digna de comentarse. Por unanimidad, el Parlamento de ese país aprobó una ley que prohíbe la prostitución. Con ello, el gobierno israelí se ha situado en el camino que vienen marcando otros países nórdicos, que consideran víctimas a las personas que se prostituyen y penan a los clientes.
No es una cuestión trivial la que se plantea. Muy por el contrario, se trata de erradicar el tráfico de personas.
Recientemente, en nuestro país fue desbaratada una organización criminal que explotó sexualmente al menos a 65 mujeres durante casi una década. Siete integrantes de esa banda fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello. La organización funcionaba mediante las coimas que los dueños de los prostíbulos pagaban a efectivos policiales para que los alertaran de los procedimientos judiciales. El magistrado procesó a siete miembros de la banda que, como suele suceder, contaban con protección política, en este caso de un funcionario de la Municipalidad de Tres de Febrero, a quien se ordenó detener.
Mediante aquella resolución judicial se ordenó también el embargo preventivo de hoteles y de varios locales situados en el barrio de Flores, donde se explotaba sexualmente a mujeres, entre ellas, migrantes, menores de edad o en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad.
En nuestro país, el Código Penal y la ley sobre trata de personas consideran delito la explotación sexual, una actividad que se extiende incluso a los denominados "privados", las viviendas donde mujeres y hombres ofrecen servicios sexuales manejados por proxenetas. Aun cuando se pretenda demostrar que la prostitución puede ejercerse de manera "voluntaria", muchas veces esconde una explotación sexual en beneficio de terceros. Y se registran no pocos casos de personas que se prostituyen tras haber sido sometidas recurrentemente a violaciones desde su infancia dentro del propio ámbito familiar.
De allí la importancia de no legalizarla, de proveer ayuda a los afectados y de empezar a producir un cambio cultural serio en defensa de la integridad de todas las personas por igual.
Darle sustento legal es desentenderse del tema, es ser indolentes ante la explotación y el sufrimiento humanos.
LA NACION
