Ley de financiamiento político: una esperada aprobación
Es de esperar que, con una adecuada reglamentación, la nueva norma permita que la transparencia llegue a los aportes y gastos de las campañas partidarias
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Aun cuando pueda resultar perfectible, la ley de financiamiento político que acaba de sancionar el Congreso de la Nación constituye un paso importante en el camino para transparentar los aportes privados a las campañas electorales. Su aprobación, tras largas consultas y negociaciones, debe ser saludada.
La Cámara de Diputados, por 148 votos contra 69, logró la mayoría especial de 129 legisladores para sancionar la norma. Contó con el apoyo del oficialismo, del peronismo federal y del massismo, en tanto que no recibió el respaldo de los bloques del kirchnerismo y de la izquierda.
De este modo, fue modificada la ley 26.215, sancionada en el año 2009 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner, que prohibía los aportes de las empresas a las fuerzas políticas en las campañas electorales.
Fue esta cuestión, sin lugar a dudas, la que suscitó el mayor debate. Algunos de los legisladores que se opusieron a la reforma sostuvieron que cuanta menor sea la injerencia de las empresas privadas en el financiamiento de las campañas, mayor será la transparencia de la política, al tiempo que consideraron que los "favores" que implican las contribuciones empresariales a los candidatos pueden devolverse votando determinadas leyes.
Una posición parecida fue planteada por la diputada Elisa Carrió y sus pares de la Coalición Cívica, quienes votaron en contra de los aportes empresarios en las campañas, posición que justificaron en función de la "autonomía" que debería tener la política respecto de otros factores de poder.
Más allá de las diferencias que pueda generar el papel de las empresas privadas en el financiamiento político, debe señalarse que cualquier prohibición de los aportes de las personas jurídicas resulta un incentivo para los pagos por debajo de la mesa.
Algunos de los legisladores kirchneristas que cuestionaron las modificaciones introducidas omitieron toda referencia a las derivaciones de la investigación a partir de los cuadernos de las coimas. En tal sentido, no puede olvidarse que varios empresarios acusados de pagar sobornos a cambio de negocios con el Estado en obras públicas intentaron disfrazar esos pagos ilegales de aportes para las campañas electorales de quienes por entonces estaban en el gobierno nacional.
Los últimos años han sido testigos de no pocas irregularidades y de una escasa transparencia en materia de financiamiento de la política. Las objeciones a las rendiciones de gastos y recursos efectuadas alcanzan a prácticamente todas las fuerzas políticas. Esto incluye a la coalición Cambiemos, que ha sido objeto de una denuncia por recibir supuestamente aportes de beneficiarios de planes sociales en la provincia de Buenos Aires, algo que forzó a la gobernadora María Eugenia Vidal a solicitarle la renuncia a una funcionaria que había actuado como tesorera de Pro.
La campaña proselitista para la elección presidencial de 2015 también ha estado coronada por no pocas irregularidades. Las auditorías de los balances presentados por distintas fuerzas políticas detectaron incongruencias no menores. Por ejemplo, se detectaron aportes de hasta 60.000 pesos de entonces por parte de monotributistas de las más bajas categorías al kirchnerista Frente para la Victoria, entre muchas otras acciones sospechosas.
La flamante norma prohíbe los aportes a los partidos por parte de entidades centralizadas o descentralizadas de los Estados nacional, provinciales y municipales o de la ciudad de Buenos Aires; de empresas contratistas o concesionarias y proveedores del sector público; de quienes exploten juegos de azar; de gobiernos o entidades públicas extranjeras; de asociaciones sindicales, patronales y profesionales, y de quienes estén imputados en un proceso penal o demandados por presuntas deudas impositivas.
Es de esperar que, con una adecuada reglamentación, la nueva ley permita que dejemos de convivir con las deficientes rendiciones de cuentas sobre gastos y aportes para las campañas electorales, en aras de una mayor transparencia republicana.
