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Libertades cercenadas
La reglamentación de un decreto procura impedir la venta de periódicos en otros sitios que no sean los quioscos
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Cegado por su ataque a los medios de comunicación que lo lleva a sumar errores y papelones, el Gobierno no ha advertido que sus pasos lo llevan a transgredir normas constitucionales como la libertad de comercio y la libertad de expresión, una de las más estratégicas en la defensa de la vigencia de la vida democrática.
A las presiones de todo tipo que soporta la prensa independiente se suma ahora la reglamentación de un decreto del año pasado, modificatorio del que hoy rige la actividad de venta de diarios y revistas.
Además de la presión directa sobre los medios y su materia prima, el papel prensa; sobre los periodistas con denuncias y operaciones de todo tipo, y sobre sus directivos, ahora se trata también de controlar a la prensa desde la calle, desde la venta de los diarios.
El reglamento avanza sobre dos puntos fundamentales. El primero se refiere a la libre competencia para editar, vender y distribuir diarios y revistas, por encima de todo monopolio de hecho o de derecho, que consagraba el régimen vigente, en consonancia con los derechos constitucionales de protección al consumidor y defensa de la competencia garantizados por el artículo 43 de la Constitución.
A la norma que expresaba que se garantizaba esa libertad "sin restricciones" se le añadió una frase que dice: "Salvo aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos laborales, sociales y sindicales involucrados en la materia". Esta expresión, tan amplia como oscura, es una demostración del avance sindical en una materia donde no hay verdaderos sindicatos, pues no hay trabajadores dependientes.
Los dueños de quioscos o paradas son comerciantes independientes, cuentapropistas, como lo han dicho reiteradamente la Cámara del Trabajo y la Corte Suprema. Las entidades que los agrupan son, según el fuero laboral, "agrupaciones de cuentapropistas", generalmente bajo forma de sociedades de hecho. No hay, pues, relación de trabajo subordinado, salvo la que tienen los quiosqueros titulares de paradas con los empleados que toman para manejar su negocio.
Los ingresos de los vendedores por la reventa de diarios y revistas no son salarios sino ganancias, y su actividad es un típico acto de comercio.
Con lo expuesto se quiere demostrar que la norma artificialmente insertada es un nuevo intento de avanzar con imposiciones regulatorias sobre la libertad de comercio del editor o del distribuidor. La relación que no es laboral no pasa a serlo porque un decreto lo diga.
La segunda modificación de importancia es el establecimiento de una indebida "prioridad absoluta de los quiosqueros en la distribución, venta y entrega de las publicaciones".
Esta imposición es absolutamente ilegal, implica un privilegio incompatible con la libertad de comercio y con las normas que regulan la defensa de la competencia.
La libertad de comercio está especialmente tutelada en nuestra Constitución y nadie puede arrogarse exclusividades o "prioridades absolutas", incompatibles con el derecho de igualdad y el respeto a la libertad de los mercados.
Los dueños de quioscos y paradas tienen un derecho histórico, reconocido por la norma vigente, a recibir la mercadería "en consignación", esto es, pudiendo devolver los diarios o revistas que no venden. Es el llamado "derecho de devolución", y lo tienen desde 1945, y siempre les fue respetado. Tienen también derecho a vender en lugares determinados de la ciudad.
Fuera de estos derechos, en la vía pública donde no existen paradas la venta de diarios es libre, y lo es también en los lugares cerrados, supermercados, shoppings, estaciones de servicio, polirrubros, etc. La norma pretende sostener que los editores no pueden vender sus productos editoriales, o que sólo pueden hacerlo a través del monopolio de vendedores. Esto viola nuestra Constitución Nacional.
Ni qué decir del interior del país, donde no existen las "paradas" y se vende en total libertad tanto en locales cerrados como en plazas o vía pública en general.
En consecuencia, esta norma se encolumna en un afán más de controlar a la prensa, atacándola desde lo económico y disfrazando el ataque de protección a inexistentes derechos laborales o sindicales. El objetivo es regular el negocio, amordazar al editor, sofocarlo económicamente, para someter la libertad de las ideas y eliminar la crítica.
