Los hisopados de la vergüenza

La escandalosa situación divulgada por el periodista de LA NACIÓN Diego Cabot sobre los hisopados en Ezeiza ha provocado en el Gobierno la misma reacción que cuando opta por deslindar responsabilidades: traslada las culpas, ordena algunas disposiciones rutinarias, establece generalidades –mayormente inconducentes– e instala oficialmente que no se hable más del tema.

Que una firma sin antecedentes en estudios clínicos haya estado a cargo de los denominados hisopados rápidos para detectar la presencia de Covid-19 en los pasajeros que llegan a la principal puerta de ingreso aéreo del país; que esa empresa, creada apenas en diciembre pasado, estuviera a cargo de dos monotributistas de las que se desconoce cualquier tipo de experiencia profesional en el área, y que el resultado de los tests obligatorios se conociera en tiempo récord en comparación con el que demandan otros procedimientos debidamente probados no llamaran nunca la atención de las autoridades sanitarias ni de control de los concesionarios de aeropuertos habla a las claras de que no es prioridad para el Gobierno ni la salud de los argentinos ni la de quienes arriban a nuestro país.

Ya hay varias causas penales que investigan lo que, en principio, aparece como una enorme irresponsabilidad que se pretende justificar en que la firma ofrecía un precio un 50% inferior a otras postulantes. Respecto de la competencia gubernamental, el desentendimiento y las excusas de algunos funcionarios, prenuncian, como ya es costumbre, un recorrido jalonado de obstáculos en la búsqueda de la verdad que eventualmente derive en sanciones administrativas en caso de proceder.

Por ahora se conoce la existencia de una auditoría ordenada por el Ministerio de Salud de la Nación, una inspección de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras en los laboratorios LabPax, encargados de realizar los testeos a pasajeros internacionales en el predio del Aeropuerto Argentina 2000 en Ezeiza, y un pase de pelota del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) a la cartera que conduce Carla Vizzotti, en el sentido de que ese organismo “no participa ni tiene responsabilidad en la selección del prestador ni establece el costo final para el usuario aeroportuario, toda vez que las actividades industriales, comerciales y de servicios del Grupo A de aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos se realizan bajo exclusiva responsabilidad del concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y, en este caso particular, bajo las directivas de las autoridades sanitarias de carácter nacional”, según comunicó oficialmente.

El concesionario, por su parte, reaccionó cambiando la prestación de Ezeiza, el 15 del corriente mes. Stamboulian Servicios de Salud, de reconocida trayectoria, asumió la dirección técnica de la operación de testeos. Sin embargo, la compañía de las monotributistas siguió hasta la medianoche de anteayer a cargo de las pruebas de antígenos en el Aeroparque. Hasta tanto pueda instrumentarse operativamente la instalación del laboratorio de esta firma en el aeropuerto metropolitano, se optó por derivar los vuelos regionales a Ezeiza.

Cada pasajero que ingresa al país está obligado a pagar 2500 pesos, suma que trepa a los 4000 por hisopado y a 6000 por PCR si lo que se pretende es viajar al exterior con una prueba de negatividad para ser mostrada al momento de arribar a destino.

La sola sospecha de irregularidad es tan grave que el riesgo sanitario no puede subvaluarse cuando de lo que se trata es de reducir al máximo las posibilidades de contagio del virus de Covid-19, exacerbadas por la aparición de nuevas cepas en nuestro país, donde las vacunas llegan con cuentagotas, al punto de que, a esta altura, solo el 4,6% de la población se encuentra inmunizada.

Que las autoridades nacionales intenten desligarse de lo ocurrido choca con antecedentes que evidencian su nivel de responsabilidad, al tiempo que deja en claro que las escasas medidas que adoptaron fueron posteriores a la divulgación del escándalo.

Por ejemplo, cabe recordar que la disposición de cierre de fronteras de marzo de este año fue firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En ella se estableció, entre otras cuestiones, que todas las personas que arriban a la Argentina deben realizarse “una prueba para SARS-CoV-2 y otra al séptimo día del ingreso como condición de finalización del aislamiento obligatorio” y que el costo de ambas “deberá ser asumido por la persona que ingresa al país y deberá efectivizarse en la forma que establezcan las autoridades competentes”.

Como otra muestra de la importancia que les asignaban a esos testeos, el Gobierno publicó en la página oficial argentina.gob.ar, el 30 de marzo pasado, una nota con foto del hoy fallecido exministro de Transporte Mario Meoni y de sus pares de Salud y de Interior, Carla Vizzotti y Eduardo de Pedro, respectivamente, supervisando el operativo de testeo en los 40 puestos de hisopado dispuestos en el hall de arribos de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recorriendo las instalaciones de los boxes correspondientes y dialogando con el personal médico en funciones.

La propia Vizzotti fue denunciada penalmente por su presunta responsabilidad en la violación de las medidas preventivas y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El negocio que escondía el sistema quedó a la vista con una recaudación de alrededor de $5 millones diarios, pero aún quedan por establecer los pormenores de la maniobra, que involucran a exfuncionarios, amigos del poder y a dirigentes de La Cámpora.

Es de esperar que se esclarezca rápidamente este hecho tan lamentable como vergonzoso, en el que la delicada situación sanitaria en la que se encuentra la Argentina parece un tema menor para quienes siguen privilegiando negociados aun a costa de vidas humanas.