Los inconvenientes del congelamiento tarifario

La recientemente promulgada ley de solidaridad social y reactivación productiva faculta al Poder Ejecutivo a suspender aumentos en las tarifas de electricidad y gas por 180 días, plazo durante el cual se realizará una revisión de estas y se iniciará un proceso de renegociación con las concesionarias, dentro de los términos de las leyes de electricidad y de gas.

Anticipa la nueva ley un resultado de esa revisión cuando señala que se propenderá "a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020". La utilización de la palabra "real" hace entender que el valor de las tarifas, luego del período de congelamiento, deberá nivelarse por debajo de la inflación ocurrida. La nueva norma modifica lo dispuesto por la ley 27.467, que había ordenado que Edenor y Edesur pasaran a la jurisdicción de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Será ahora nuevamente el gobierno nacional quien las regule.

Las nuevas disposiciones tienen la intención de favorecer a los más necesitados, pero no hablan de tarifa social ni de mecanismos de subsidio orientados a quienes demandan la energía, sino a quienes la producen. Tal vez la forma más sana de subsidiar la demanda y no la oferta surja después. Pero lo cierto es que vuelven a utilizarse las tarifas de los servicios públicos como ancla antiinflacionaria. Se reitera así la política aplicada entre 2003 y 2015, cuyos efectos destructivos sobre la producción energética son conocidos.

En ese período, la Argentina pasó de ser exportadora de energía a tener que importar cantidades crecientes de gas licuado (GNC) y a aumentar los cortes de luz. La compensación con subsidios a las compañías distribuidoras evitó su quiebra, pero no les generó incentivos para invertir. El ahogo fiscal del gobierno hizo que esos subsidios fueran escasos e inseguros. La insuficiencia tarifaria, que desalentó las inversiones, no alcanzó a corregirse luego totalmente entre 2015 y 2019, aunque hubo mayor credibilidad. Lamentablemente, en el tramo tumultuoso del final de la gestión de Mauricio Macri, junto a la reimplantación del cepo cambiario, se abandonó aquella línea.

La puesta en explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta ha sido la clave para volver en 2019 a ser un país exportador neto de energía. En ese caso, el subsidio a la producción del shale gas consistió en reconocer un precio en dólares al productor que luego se colocó por encima del precio de mercado. El incremento de la producción por sobre lo previsto de los primeros acogidos al sistema, juntamente con la fijación de un tope presupuestario, generó un problema de cola y exclusión de otras firmas, que se resolverá con la terminación del régimen. El precio especial para el shale gas en boca de pozo hace más relevante entender que la tarifa al consumidor no puede ser retrasada sin afectar la inversión y la producción.

El punto de partida del gobierno de Alberto Fernández es un rezago tarifario, que ahora promete ser incrementado. De no rectificarse a tiempo esta política podemos caer nuevamente en el desabastecimiento energético.