Los Moyano, de la victimización a la amenaza

Sabido es que el titular de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano , ejerce un poder que excede largamente el ámbito sindical y, desde épocas más recientes, también el mundo del fútbol. Pero, además, es claramente uno de los exponentes del sindicalismo peronista cuya fortuna es de muy difícil, si no imposible, justificación.

La situación de Moyano y de su hijo Pablo se suma a la de dirigentes gremiales que están siendo investigados por graves casos de corrupción, tales como Omar "Caballo" Suárez, Juan Pablo "el Pata" Medina, Humberto Monteros y Marcelo Balcedo. Con algunos de ellos los une también el empleo de métodos más propios de las asociaciones mafiosas que de los que deberían tener las organizaciones de trabajadores.

Más allá del curso que tomen las investigaciones judiciales, se advierte que la principal estrategia de los Moyano apunta a la victimización, condimentada con la amenaza lisa y llana frente a cualquier procedimiento que apunte a esclarecer sus responsabilidades penales.

Días atrás, por orden de una jueza, efectivos de la Gendarmería Nacional llevaron a cabo un megaoperativo que incluyó una docena de allanamientos en el contexto de una causa judicial en la que se investiga a Pablo Moyano por la presunta existencia de una asociación ilícita que habría cometido fraudes contra Independiente, club del que ambos dirigentes sindicales son directivos.

El fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, destacó que los resultados de esos allanamientos, que incluyeron la sede del gremio camionero en el barrio porteño de Constitución, fueron positivos, al tiempo que no desechó la posibilidad de volver a solicitar la detención de los dos sindicalistas.

La investigación en marcha en Independiente, club del cual Hugo Moyano es presidente, y su hijo, vicepresidente primero, tomó forma luego de que un exlíder de la barra brava del equipo rojo, Pablo "Bebote" Álvarez, hoy detenido y procesado, declaró sobre la existencia de un circuito que comprendía una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, una mesa de dinero vinculada con Pablo Moyano y la adquisición de futbolistas.

Durante el allanamiento de la sede gremial, dispuesto por la jueza de Avellaneda Brenda Leticia Madrid, quien reemplazó al suspendido magistrado Luis Carzoglio, Hugo Moyano lanzó un inadmisible desafío a la Justicia: "Si me quieren meter en cana, que lo hagan, pero después que se la banquen". Su hijo Pablo no se quedó atrás: al referirse al procedimiento, sostuvo que era "un atropello" y lo calificó como "peor que los milicos", al tiempo que amenazó con una nueva medida de fuerza.

No es, por cierto, la primera vez que Moyano y su hijo recurren a la prepotencia y las bravuconadas. En reiteradas ocasiones han encabezado ruidosas y violentas protestas, además de recurrir a cortar calles, rutas y accesos a fábricas para plantear demandas tales como el encuadramiento sindical en el gremio camionero de trabajadores de actividades de lo más disímiles.

Lo ocurrido más recientemente, frente al allanamiento judicial, va aún más allá, por cuanto apunta directamente a consagrar su impunidad valiéndose de su pretendido derecho a imponer la fuerza, esto es, el derecho de las bestias. Al igual que lo sucedido hace pocas semanas, cuando representantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se organizaron para obstaculizar una inspección ordenada por la Justicia en la sede de la entidad, o cuando Cristina Kirchner y otros exfuncionarios denuncian persecuciones judiciales, políticas y mediáticas, los Moyano parecen creer que la mejor defensa frente a las denuncias por graves irregularidades es un ataque a las instituciones.

De la mano de la absurda denuncia de una cacería judicial para sacarlo de carrera, complementada por el alegato de que el juez o el fiscal en cuestión tienen una enemistad manifiesta, cualquiera quedaría así automáticamente libre de ser investigado judicialmente.

Cabe reiterar lo que hemos señalado con insistencia desde esta columna editorial: la victimización es, a todas luces, un atajo de impunidad, un ansia de exención a toda prueba y un pasaporte para delinquir sin tener que pagar las consecuencias. Y si a ese afán de victimizarse se suma la sumisión ante la aviesa amenaza, la democracia y la república corren un grave peligro.