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Los vascos y su autonomía
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España está políticamente conmocionada por una iniciativa que llega desde el País Vasco, denominada Plan Ibarretxe, que procura reformar el actual Estatuto Político de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El proyecto que, tras ser aprobado por la Legislatura vasca, debe ser considerado por el Parlamento de España, procura aumentar -audaz y significativamente- el grado de autonomía de esa comunidad y podría integrar también en el futuro a la Comunidad Foral de Navarra, que sin embargo todavía no lo ha hecho suyo.
El texto sometido a la consideración de los legisladores nacionales define al País Vasco como un pueblo con identidad propia y derecho a decidir acerca de su futuro. Propone un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la noción de libre asociación. Esto es, de una comunidad vasca libremente vinculada con España, que se reserva para sí los tres poderes de gobierno, símbolos propios para su representación interna y externa, y una ciudadanía particular que en su caso se extendería a la diáspora vasca, o sea a todos los descendientes de vascos que están en el exterior. También contempla un idioma propio, el "euskera", que pasaría a ser lengua oficial junto con el castellano.
En la estructura propuesta, España sería responsable del régimen monetario y aduanero; de la defensa y las fuerzas armadas; del manejo de las relaciones internacionales, así como de la legislación penal, mercantil y civil.
La Comunidad Euskadi se reservaría para sí otras cuestiones no menores. Algunas de ellas de significación, tales como la política educativa y cultural; las actividades profesionales; el régimen de prensa; las cuestiones sociales y sanitarias; el régimen para las actividades agropecuaria, minera y pesquera; las telecomunicaciones; el turismo; la política tributaria; la autonomía financiera; la regulación de las actividades bancarias y de seguros; la protección del medio ambiente; la infraestructura y el transporte y las cuestiones que hacen a la seguridad pública. Además, aspira a tener representación directa frente a la Unión Europea.
Queda visto que, con la excusa de proteger la identidad propia, la iniciativa reduce significativamente las facultades del gobierno nacional en la comarca vasca.
Por ello, visiblemente alarmado, el gobierno español planea rechazar la propuesta vasca en el seno del Congreso, en marzo próximo. Esto, que es sumamente factible, alimentaría la iniciativa secesionista subyacente.
Es probable, entonces, que la iniciativa fracase. No tiene ciertamente el grado necesario de consenso a nivel nacional. De allí que su presentación sea algo irresponsable y hasta precipitada.
A nivel nacional, la propuesta vasca afectará previsiblemente una compleja convivencia y alimentará las consabidas frustraciones, profundizando viejos resentimientos. Por esto, la iniciativa comentada no debió dejarse caer, cual mecanismo de todo o nada. Por el contrario, se debió haber optado por discutir la iniciativa en profundidad y sin urgencias por toda la sociedad española, lo que no ocurrió. De allí que su futuro inmediato no luzca demasiado promisorio.
